Asociaciones de consumidores advierten que las prepagas no
pueden cobrar en septiembre el aumento del 9,5% que el Gobierno Nacional les
autorizó. Hasta ayer, la norma que permite formalmente esa suba no había sido
publicada en el Boletín Oficial. Los especialistas en defensa del consumidor
aseguran que el incremento recién se podría aplicar en octubre o noviembre
porque las prepagas deben informar a los usuarios con una anticipación de 30
días hábiles, a partir de la publicación de la norma. Dicen que si en los
próximos días las facturas llegan con el aumento, los usuarios tienen derecho a
no pagar o hacerlo bajo protesto. Y no descartan recurrir a la Justicia.
Desde ADECUA y Consumidores Libres aseguran que el decreto
reglamentario 1.993 de la ley 26.682 de medicina prepaga, promulgada en 2011,
establece que una vez autorizado el aumento –por la Superintendencia de
Servicios de Salud (SSS), el Ministro de Salud y la Secretaria de Comercio
Interior–, las prepagas deben “informar a los usuarios los incrementos que se
registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota
comenzará a regir”. Así, los usuarios tienen tiempo para evaluar si puede
seguir pagando esa cuota o se cambia de prepaga.
En las empresas dicen que el aumento es oficial y que ya lo
están facturando en las boletas que los usuarios recibirán en los primeros días
con la cuota de septiembre. Salvo OSDE que lo hace a mes vencido, la mayoría de
las prepagas cobran las cuotas en forma adelantada. Es decir: del 1 al 10 de
septiembre se paga ese mes.
Clarín se comunicó con la SSS para saber cuándo se publicará
la norma, pero no respondieron. El último aumento de las prepagas fue del 8% y
se aplicó a partir de mayo. Esa vez se autorizó a través de una resolución del
Ministerio de Salud, la número 534, publicada en el Boletín Oficial el 22 de
mayo y autorizó a cobrar el incremento a partir del 2 de mayo.
El fundador y representante legal de Consumidores Libres,
Héctor Polino, dijo a Clarín –“a título personal porque la asociación continúa
arbitrariamente suspendida”– que se trata de una “violación de la ley, tanto de
las prepagas como del Gobierno”. Y agregó que “por más que algunas prepagas
hayan avisado hace un mes, como por ejemplo hicieron CEMIC y Sancor Salud, ese
aviso no tiene valor porque se hizo antes de la autorizacion oficial”. “No
estoy discutiendo si el aumento corresponde o no, eso es tema de costos que
seguramente analizaron las autoridades. Acá se trata de cumplir con las normas,
en defensa de los consumidores”, puntualizó Polino.
Fuente: Diario Clarín