Ingresan 1.500 juicios por año. Los damnificados escalan sus acciones
de los médicos al personal auxiliar y a los establecimientos, de forma tal de
aumentar las presiones. Temor de los profesionales.
A medida que la ciencia médica logra
mejores resultados en el arte de curar, se vuelve más compleja y opinable. Y
eso –entre otras cosas– viene generando un aumento de conflictos judiciales
entre médicos, hospitales y pacientes. A tal punto son frecuentes los juicios
por mala praxis, que –según estadísticas recientes– uno de cada cinco médicos
ha recibido una demanda judicial.
“Según la Asociación Civil de
Actividades Médicas (Acami), cada año ingresan en los juzgados alrededor de
1.500 demandas, por presunta mala praxis, en todo el país; el 60% se concentra
en Capital y en Gran Buenos Aires”, le dijo a PERFIL el licenciado Hugo
Magonza, presidente de Acami.
En los registros de esta asociación
–que agrupa a instituciones como el Hospital Italiano, el Británico, el
Austral, Cemic, Fleni y la Fundación Favaloro, entre muchas otras–, actualmente
“uno de cada cinco médicos ha recibido una demanda. Y el monto total de dinero
gastado en juicios, durante 2012, llegó a unos $ 3.700 millones”.
Pero estas cifras vienen aumentando
en el último lustro. Los costos generados por temas jurídicos pasaron, en los
dos últimos años del 2 al 4% del gasto total en salud del país. “Eso significa
un aumento del 100% de 2010 a hoy”, graficó Magonza.
Otra arista llamativa de este
fenómeno jurídico-médico es que a las tradicionales especialidades más
demandadas ante los jueces –traumatología, obstetricia, cirugía general y
anestesiología– se suma el hecho de que ahora los juicios incluyen no sólo al
médico que realizó la práctica, sino también a técnicos, enfermeras, jefes de
servicio y a las propias clínicas.
“Sobre este fenómeno no tenemos datos
numéricos, pero los responsables jurídicos de las instituciones asociadas nos
comentan que las demandas que les llegan involucran a cada vez más gente del
equipo médico. ¿La razón? “Es que al haber más personal involucrado hay una
mayor presión para llegar a un acuerdo y cerrar el conflicto con el demandante
lo más rápido posible”, explicó Magonza.
Arreglos. No todos esos juicios
terminan con una sentencia: menos de un tercio de las demandas prospera en la
Justicia. Y de esas, entre 5 y 8% acaba en condena. El resto se suele cerrar
con acuerdos, explican en Acami.
Claro que esos convenios también
elevan los costos ya que pasan a engrosar las facturas de los seguros
individuales e institucionales, honorarios de abogados y –sobre todo– hay un
incremento de lo que se conoce como “medicina defensiva”, que suele traducirse
en hechos como pedir estudios redundantes o innecesarios para el diagnóstico y
tratamiento, que los médicos solicitan para –justamente– cubrirse ante eventuales
futuras acusaciones.
Soluciones. “Esta problemática
también se está viendo en otros países de la región, pero en la Argentina es
más evidente”, le comentó a PERFIL el cirujano Rubén Torres, actual rector de
la Fundación Isalud, con una larga experiencia profesional y directiva en
instituciones como la Organización Panamericana de la Salud. Y agregó: “Es un
gran problema público, porque la judicialización extrema los gastos en salud”.
Para Torres, las causas de este
aumento de juicios son tres. La primera es la creciente presión de los abogados
(como los retratados en la película Carancho) y la “industria” del juicio. La
segunda, la falta de adopción, por parte de médicos y hospitales, de normas y
guías clínicas actualizadas y la falta de exigencias para que los médicos se
capaciten y recertifiquen periódicamente al ejercer sus especialidades.
“Finalmente, también tiene una parte
de la culpa la ‘desmedicalización’ de la práctica cotidiana: por falta de
tiempo y exceso de trabajo, en la consulta el médico escucha cada vez menos y
el afectado busca información de salud en internet. Muchas veces, eso termina
afectando la relación médico-paciente.”
Fuente: Diario Perfil
