La normativa entró en vigor en octubre, pero se dio un plazo
de adaptación. Algunas CCAA han llevado la medida a los tribunales.
Las comunidades autónomas deben empezar a aplicar a lo largo
de este mes de enero el copago de fármacos de dispensación hospitalaria para
pacientes que no estén hospitalizados, aprobado por el Gobierno el pasado mes
de septiembre. Aunque entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un
plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse
a esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla la aplicaron tras su aprobación y el
resto lo harán a lo largo de enero "con su propio criterio", según
informan fuentes del Ministerio de Sanidad.
Según las citadas fuentes, el acuerdo alcanzado en el seno
del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (SNS) definía que
"cada comunidad autónoma tendrá su criterio al respecto (...), el criterio
general fue que entrara en vigor, pero cada CCAA lo aplicará con su propio
criterio".
La medida que debía haberse puesto en marcha el pasado 1 de
octubre se topó con la negativa de numerosas CCAA a su implantación. Así
Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Castilla y León y Baleares afirmaban que no la aplicarían, en
muchos casos por rechazo o en otros por problemas para su implantación. Por el
momento, la han recurrido mediante un contencioso administrativo Castilla y
León y Andalucía, mientras País Vasco ha presentado un recurso de alzada y
Canarias ha anunciado que lo recurrirá.
Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha,
Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían tras el anuncio de la medida que
pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica
estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de
implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.
Medicamentos de aportación reducida
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
fuentes de Sanidad señalaban que su puesta en marcha esta motivada por la
necesidad de que todas las CCAA, "que son las que lo tienen que poner en
vigor", utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos,
y tras comprobar que "no todos los fármacos dispensados tenían esta
consideración".
Por tanto, añadían, "antes de que las CCAA lo pongan en
vigor Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de
aportación reducida".
En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más
de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves -oncológicos,
hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración
macular, entre otros- que, hasta ahora, estaban exentos de pago.
Estos medicamentos, según Sanidad, "cumplen con las
condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de
medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y
estando limitada su dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no
hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".
La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban
exentos del copago, será de un 10% del PVP del medicamento, con un máximo que
se fijará teniendo en cuenta la subida del IPC en 4,26 euros -hasta ahora era
de 4.20-, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección
General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia.
Rechazo a la medida
La medida ha suscitado desde el primer momento el rechazo de
pacientes, médicos y de los distintos grupos de la oposición. El PSOE ha
apoyado la posición manifestada por algunas comunidades y ha instado al
Gobierno a que deje "sin efecto" dicha medida, al tiempo que pedía la
dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Mientras, el portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de
Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha
calificado al Real Decreto de copago farmacéutico de "infamia y gestión
desleal" de la sanidad pública; mientras que desde UPyD destacaban la
escasa recaudación de la medida.
En cuanto a los pacientes y médicos, la Federación Nacional
de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) denunciaba que la Administración
ignore "sistemáticamente" la alta prevalencia de afectados por esta
enfermedad; la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), remitía
una carta a Mato expresándole "el impacto que supondría en los enfermos de
patologías hepáticas"; y la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer recordaba que la medida "perjudica a los niños y adolescentes
enfermos de cáncer".
Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH) la calificaba de "plenamente injustificado" el copago de
fármacos de dispensación hospitalaria ya que, a su juicio, es una medida que
plantea "dificultades" en su aplicación y, además, "no
contribuye" a racionalizar el consumo ni sirve como instrumento de
financiación adicional.
Tambien FACUA-Consumidores en Acción acusó al Gobierno y,
concretamente al Ministerio de Sanidad, de llevar a cabo un "nuevo
ataque" contra los enfermos que padecen enfermedades crónicas o graves.
Por el momento, el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI), que interpuso el pasado mes de octubre un
recurso de alzada contra la resolución que fue desestimado por Sanidad, se
plantea presentar un recurso contencioso-administrativo donde solicitara la
anulación de la resolución, así como su suspensión cautelar.
Entre los fármacos incluidos se encuentra medicamentos para
retrasar la progresión en cáncer de mama avanzado como el 'Afinitor' o el
'Tyverb', para tratar el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos
como el 'Votrient'; o para en el tratamiento de tumores cerebrales como el
'Temodal'; además de otros tantos fármacos prescritos para la leucemia mieloide
crónica (LMC), el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o
metastásicos del estroma gastrointestinal (GIST), para reprodución asistida, la
artritis reumatoide, la degeneración macular o la hepatitis C crónica, entre
otros.
Además, se incluye dentro de la lista el sistema
intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG) 'Mirena', que es un sistema
anticonceptivo; y, por otro lado, 'Lactest' indicado para diagnóstico de la
intolerancia a la lactosa.
Cientos de euros al año
La Federación Española de Enfermedades Raras es uno de los
colectivos que se ha posicionado en contra de la implantación del copago en la
farmacia hospitalaria. La medida, subrayan, es el último ejemplo de una
política que se ceba con los más débiles. "Las familias afectadas se verán
obligadas a afrontar una media de gasto anual de entre 400 y 600 euros",
ha señalado en un comunicado la asociación, que recuerda que estos enfermos
crónicos necesitan medicación durante toda su vida y que aunque la normativa
establezca un tope de 4,20 euros por medicamento, al importe acumulado hay que
sumarle la carga de los demás copagos.
Desde el 1 de julio de 2012, señala el
organismo, cualquiera que ingrese menos de 18.000 euros anuales paga el 40% del
precio total de cualquier medicamento en la farmacia, un importe que se eleva
al 50% entre los que cobran más de 18.000 euros anuales y al 60% para los que
tengan una renta superior. Además, también se ha establecido un copago por
trayecto en el uso de ambulancias no urgentes, así como en determinados
productos dieto-terapéuticos. Por si esto fuera poco, estos enfermos denuncian
que Sanidad ha sacado del listado que financia la Seguridad Social nada menos
que 425 medicamentos de uso cotidiano que el paciente ha de pagar íntegramente
de su bolsillo.
Fuente: Diario El Mundo
