La justicia porteña suspendió una resolución del gobierno de
Mauricio Macri que reduce personal y horarios en hospitales y centros de salud,
porque pone en riesgo a los sectores más vulnerables de la sociedad, y le
ordenó que reponga las guardias y coberturas que fueron suspendidas en
distintos servicios sanitarios.
La resolución 1657, del 31 de octubre último, redujo la
cantidad de horas mensuales de suplencias de guardias en los hospitales y otros
servicios de salud pública que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, modo de contratación que es habitual.
Esa medida "restringe las prestaciones médicas sin
establecer un mecanismo de cobertura que permita seguir brindando servicios,
afectando la atención de pacientes, sobre todo de quienes no tienen acceso a
obras sociales y son de los sectores más desprotegidos de la sociedad",
resaltó el Defensor en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Ramiro Dos
Santos.
El funcionario realizó una demanda de amparo solicitando la
nulidad e inconstitucionalidad de la resolución oficial, lo que fue aceptado
por la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA,
Patricia López Vergara.
Por lo tanto "la medida queda sin efecto mientras siga
el juicio. El gobierno no puede aplicarla", aseguró a Télam Do Santos.
Si bien la justicia ya se expidió, los profesionales del
servicio de emergencia (Same) y de distintos dispositivos hospitalarios están
en una situación "grave, no sabemos qué hacer. No cobramos este mes y
seguimos sosteniendo la atención por responsabilidad profesional", señaló
Fátima Monti, psicóloga del programa de Abuso Sexual y Violencia Familiar del
Hospital Álvarez.
En ese centro de salud se redujeron las horas mensuales de
suplencias de guardia por lo que el Hospital de Día "dejará de funcionar,
ya que los 8 profesionales del área están contratados con este sistema",
dice la demanda presentada por Do Santos a la que tuvo acceso Télam.
Esto implica que "38 pacientes dejarán de recibir
asistencia", como también ocurrirá con el Hospital de día de Adicciones y
los consultorios externos de Salud Mental y del departamento Materno Infanto
Juvenil.
En este último servicio, la reducción impuesta por la
resolución implica que "la mitad de la atención psicológica se reduzca,
sea discontinua y que queden sin asistencia 33 niños pacientes que recibían tratamiento
por abuso", sumado a que hay una lista de espera hasta marzo.
También en el Álvarez se desempeñan con la modalidad de
suplencias de guardia especialistas en infectología, ecografía, cardiología y
ginecología infantil y expertos en violencia sexual que "no podrán ser
reemplazados".
La Defensoría envió nota a 13 hospitales porteños para saber
si estaban aplicando la resolución y los efectos que causaba, pero el
Ministerio de Salud porteño solicitó un aplazamiento para contestar, cosa que
nunca hizo.
La excepción fue el Hospital Moyano, que envió un comunicado
diciendo que "es imposible cumplir la resolución ya que se afectaría la
atención de 900 pacientes internadas y de más de 100 que se atienden en
consultorios externos".
A esto se suma que la medida oficial generó "el cierre
de cuatro programas de atención domiciliaria de urgencia lo que dejó sin
servicio a niños, adolescentes, personas en situaciones vulnerables",
destacó un informe de los pediatras del Same.
Ante este panorama, la jueza Vergara resaltó que las
cuestiones presupuestarias "no son un motivo suficiente ni una
fundamentación razonable para semejante medida" que colocaría al sistema
de salud de la Ciudad de Buenos Aires "con un funcionamiento deficitario y
parcial".
La magistrada resaltó que la decisión oficial
"restringe el acceso a las prestaciones básicas de salud a la población en
situación más vulnerable", generando que sólo pueda acceder "una
pequeña fracción privilegiada de la población".
Así las cosas, los 160 pediatras del Same están realizando
un paro activo, con asistencia los lugares de trabajo, a pesar de que les
retiraron las planillas de asistencia, en tanto profesionales del Álvarez
debaten entre seguir atendiendo las urgencias o dejar su trabajo, por el cual
no cobraron este mes.
El gobierno que encabeza Mauricio Macri puede apelar la
medida, lo que "aún no hizo", confirmó Do Santos, quien cree que
esperará que terminé la feria judicial.
"Es perversa esta situación. No podemos dejar de
atender a un niño víctima de abuso, o decirle que luego de generar una relación
con su terapeuta no se lo va a asistir más", relató Monti a modo de
ejemplo de una de las tantas situaciones que se viven en estos días en el
sistema de salud porteño.
Fuente: Télam
