En un juicio de resonancia mundial, tabacalera acusó a país
sudamericano exigiendo indemnizaciones por haber perjudicado sus inversiones
con sus estrictas leyes antitabaco.

Gran consorcio vs. pequeño país
Sin embargo, no todos los observadores son tan optimistas:
gobiernos, consorcios y organizaciones están interesados en la batalla legal
entre la multinacional tabacalera Philip Morris International y el país
sudamericano.
El fabricante de cigarrillos demandó a Uruguay por haber
aprobado estrictas leyes antitabaco que, entre otras cosas, prescriben que las
4/5 partes de la cajetilla tienen que mostrar fotos impactantes. Para la presentación
de la marca, en el paquete solo está permitida una pequeña franja y
complementos destinados a promocionar las ventas del tipo “Light”, “Filter” o
“Gold” tendrán que desaparecer completamente.
Para Philip Morris, las medidas fueron demasiado lejos y el
consorcio las consideró como un perjuicio a sus inversiones en Uruguay. Además,
argumenta que el diseño de las cajetillas atenta contra los derechos de autor
con las nuevas directrices.
Como contraprestación, Uruguay debería pagar la suma de 25
millones de de dólares a la tabacalera en concepto de indemnización. El órgano
responsable para la decisión será el Juzgado de Arbitraje Internacional ICSID
(International Centre for Settlement of Investmen Disputes), que pertenece al
Banco Mundial.
Seguridad legal y protección de las inversiones
Como base para el proceso, se utiliza un tratado de
protección de las inversiones que firmaron Uruguay y Suiza en el año 1998.
Debido a que el consorcio estadounidense tiene una filial en la república
alpina, puede acogerse al tratado.
El Tribunal de Arbitraje Internacional se declaró legitimado
para el proceso. Una situación delicada para los jueces puesto que,
independientemente de la sentencia, su decisión tendrá consecuencias
internacionales. El experto en derechos internacional uruguayo Didier Opertti
habla de un conflicto entre “normas de importancia internacional o una
normativa bilateral que solo afecta a dos partes”.
La combinación resultante entre el acuerdo y el Tribunal de
Arbitraje ofrecería garantías jurídicas que salvarían a la empresa de
decisiones políticas arbitrarias. En particular, muchas empresas extranjeras
tienen problemas en Latinoamérica debido a expropiaciones espontáneas o
imposiciones acordes con el gobierno de turno. Por ejemplo, Argentina estatizó
en 2012 la filial del consorcio petrolero español Repsol. También otros
gobiernos como Bolivia, Ecuador y Venezuela amenazan con medidas similares,
desvinculándose a la vez del Tribunal de Arbitraje.
Beneficio privado ante la salud publica
Ahora, la disputa legal entre Philip Morris y Uruguay va,
sin embargo, mucho más lejos de la mera protección de las inversiones. Se trata
del derecho de una empresa al valor de sus inversiones y sus beneficios frente
al derecho de un país que quiere proteger la salud de sus ciudadanos. La
ministra de salud de Uruguay, Susana Muñiz, cree que a la tabacalera no le
importa su pequeño país: “Sabemos que Philip Morris no está interesado en el
mercado uruguayo. Pero las leyes antitabaco de Uruguay son de las más estrictas
del mundo. Philip Morris no quiere que otros países sigan el ejemplo”.
El acuerdo de protección de las inversiones contempla
claramente que ambas partes no están obligadas a aceptar determinadas
actividades económicas. Por ejemplo, las que afectan a la salud publica. Antes
de que el país se convirtiese en la meca de los no fumadores, a Philip Morris
se le facilitó su entrada como empresa a Uruguay.
No solo con ventajas fiscales millonarias, sino también con
la eliminación de aranceles sobre instalaciones para la producción. Pero ante
las estadísticas de 13 muertos diarios por causa del tabaco, Tabaré Vázquez,
expresidente uruguayo y médico especialista en cáncer, cambió la política de
salud pública en 2006. Desde entonces, el espacio público uruguayo está cada
vez más libre de humos.
Ganar batallas pero perder la guerra
Hasta la decisión del Tribunal de Arbitraje todavía pasarán
algunos meses y Uruguay tendrá que corregir todavía algunos fallos de forma,
pero aun así, el país goza de una buena posición de partida, aclara el abogado
argentino Carlos Correa, de la Organización Mundial de la Salud: “Las
inversiones de Philipp Morris no se pueden respetar si los costes que el Estado
tiene que pagar como consecuencia son mayores que el beneficio de la empresa”.
Incluso aunque el fabricante de cigarrillos ganase el
juicio, tendría que enfrentarse a otro problema: algunos estados desarrollarán
nuevas estrategias en común en la lucha contra el consumo de tabaco. “Entonces,
Philip Morris habrá ganado las batallas, pero habrá perdido la guerra”, aclara
el experto Correa.
Fuente: Deutsche Welle