Diputados buscarán aprobar en la
comisión de Presupuesto la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos, que reunirá los esfuerzos de las plantas que actualmente producen
fármacos. El objetivo es darle herramientas para que puedan competir con la
industria farmacéutica tradicional, en medio de la puja por los precios de los
tratamientos.
El renovado interés del gobierno nacional por la producción pública
de medicamentos tendrá en poco tiempo más una nueva ley para fomentar su
actividad. Es que esta tarde una comisión de la cámara baja tratará la creación
de una agencie que nuclee los esfuerzos de las plantas estatales de todo el
país, y que permita una mayor interacción entre las partes. El objetivo es
mejorar las condiciones de competencia de estos laboratorios, en comparación
con la industria farmacéutica, en medio de una puja por el valor de los
medicamentos. Desde el 2003 a esta parte, la presencia de los fármacos públicos
se disparó notablemente.
Impulsada por el bloque del Frente para la Victoria, la
denominada Agencia Nacional de Laboratorios Públicos podría obtener esta tarde
el visto bueno de la comisión de Presupuesto de la cámara de Diputados. El
proyecto busca fortalecer la producción pública de medicamentos, y sería
aprobada por la comisión que preside el kirchnerista Roberto Feletti.
La iniciativa del Frente para la Victoria, que ya fue
avalada por la Comisión de Salud, será discutida este martes a partir de las 17
en la Sala 9 del Anexo. El texto declara de interés nacional y estratégico la
actividad de los laboratorios públicos dedicados a la investigación y
producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de
medicamentos, vacunas y productos médicos.
El proyecto establece una articulación de los 40
laboratorios nacionales que existen a lo largo de todo el país, para investigar
y producir medicamentos, con lo que también se podría tener una referencia de
la cadena de costos de ese producto.
La autora del mismo es la diputada de Entre Ríos Carolina
Gaillard, quien consideró que “la salud es un derecho humano fundamental, y el
medicamento un bien social de allí la necesidad del rol rector del Estado en la
Producción Publica de Medicamentos, entendiendo que está en juego la vida y
salud de los argentinos y que el abastecimiento de los mismos no puede quedar
librada a las fuerzas del mercado”.
Cabe recordar que
en el país existen 40 laboratorios de producción de medicamentos, aunque nueve
son apenas farmacias hospitalarias que fraccionan comprimidos. Los que han
alcanzado un elogiable nivel de gestión y producción son, según los
especialistas, Puntanos de San Luis, Hemoderivados de Córdoba, Laboratorio de
Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario y Laboratorio Industrial
Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, que tienen modelos de funcionamiento
autárquico.
Los laboratorios de producción pública pasaron de una
producción de 90 millones de unidades en 2003 a 620 millones en 2010, con un
crecimiento del 680 por ciento. La capacidad potencial plena ha sido calculada
en 680 millones de unidades anuales, es decir, que se aproximan a su techo
productivo, aunque con disparidades, ya que sólo 8 de los 40 son proveedores
del Programa Remediar del Ministerio de Salud de la Nación.
La idea de esta agencia es que además de potenciar la
actividad, se logre avanzar en los estándares de calidad, para garantizar que
los medicamentos públicos sean seguros. Otra idea que ronda alrededor de la
propuesta es que se realicen compras centralizadas de activos, de manera que el
sistema público gane mayor competitividad en el mercado de medicamentos, así
como también intervenir en el mercado en la formación de precios de referencia
y en la producción de medicamentos huérfanos.
Esta agencia se sumaría a otro proyecto, la ley 26.888, ya
aprobado y que declara de “Interés Nacional la Investigación y Producción
Pública de Medicamentos y Materias Primas para la Producción Pública de
Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos”. El primer proyecto de ley nacional
en esta temática fue presentado por Eduardo Macaluse (diputado nacional mandato
cumplido) en 2002. En 2009 se sumó otro proyecto de ley presentado por el
diputado Mario Martiarena, y se alcanzó un dictamen de consenso en 2010, que
alcanzó media sanción en Diputados en el mismo año, con 180 votos a favor y 3
abstenciones. En junio de 2011 fue finalmente sancionada por unanimidad en
Senado.
Fuente: Mirada Profesional