La alimentación saludable es un derecho humano y una
condición indispensable para el crecimiento, la salud y el aprendizaje.
Aunque la desnutrición aguda está por debajo del 5% en la
Argentina, la malnutrición se ha convertido en una verdadera epidemia. Un 40%
de los niños en edad escolar padece sobrepeso, tendencia creciente que genera
enfermedades crónicas, y afecta la autoestima y las capacidades cognitivas de
los niños.
En este preocupante escenario, la alimentación escolar
adquiere un enorme potencial: la mitad de los alumnos desayuna y un 20%
almuerza en las escuelas estatales (cerca de cuatro millones y medio de niños).
Sin embargo, en buena parte de las provincias la inversión
en los servicios de alimentación es insuficiente, por lo que también lo es la
calidad de las comidas. Además, la asignación no se basa en indicadores
objetivos, y la administración cotidiana suele recaer sobre los directores, que
disponen entonces de menos tiempo para las tareas pedagógicas. Al mismo tiempo,
la preparación de las comidas está a cargo de madres o de personal informal sin
capacitación específica; las leyes sobre alimentación escolar son infrecuentes;
la educación nutricional es casi nula; los controles bromatológicos y las
auditorías financieras, escasos. Así, no solo la escuela no corrige la
malnutrición infantil, sino que la profundiza.
Para revertirlo, es indispensable la intervención del
gobierno nacional. Urge concebir e institucionalizar una política nacional de
alimentación escolar que fije estándares de calidad; aporte recursos a las
provincias con mayores restricciones fiscales y niveles de pobreza; produzca
mejor información sobre el servicio; sugiera los modelos de gestión más
adecuados según los contextos; genere las condiciones para una mejor articulación
entre los ministerios a cargo (educación, salud y desarrollo social); elabore
protocolos para las escuelas, y lidere una política permanente de educación
alimentaria.
Otros países de la región, como Brasil, Chile, Colombia y
México, ya tienen políticas nacionales en la materia. También existen buenas
políticas provinciales. Por dar solo algunos ejemplos, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA), Formosa, Mendoza y Santa Fe tienen normas específicas; Río
Negro implementó un interesante modelo de municipalización del servicio y la
CABA de privatización, con exigentes condiciones para los proveedores; en Santa
Fe el “ecónomo escolar” asume la gestión en las escuelas; Mendoza exige
capacitaciones periódicas a los cocineros, y La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén,
Río Negro, Salta y Santa Fe tiene personal de cocina rentado.
El desafío es grande: una política así es compleja porque
involucra aristas y actores muy diversos. El recambio de equipos
gubernamentales a nivel nacional ofrece una oportunidad renovada para liderar
un cambio en materia de nutrición y educación alimentaria desde el sistema
educativo. Está en juego, nada más ni nada menos, que la salud física y mental
de nuestros niños y niñas.
Fuente: Clarín (Cecilia Veleda y Gala Díaz Langou)