Un proyecto busca que la
provincia adhiera a la ley nacional que crea un programa de beneficios para las
personas en lista de espera para recibir un órgano o ya lo recibieron. La
normativa nacional crea un régimen integral que protege a los pacientes, y le
garantiza mejores condiciones de vida. La obra social estatal será la encargada
junto al Ministerio de Salud provincial de llevar adelante la futura ley.
Las legisladoras del bloque FPV-PJ Angelina Carrasco y
Marcela Gómez impulsan un proyecto para adherir a la ley nacional 26.928, que
entrega medicamentos y otros insumos de manera gratuita. La norma prevé la
cobertura del 100 por ciento en la provisión de medicamentos, estudios
diagnósticos y prácticas de atención de todas aquellas patologías que estén
directa o indirectamente relacionadas con el trasplante; el otorgamiento de
pasajes gratuitos de transporte terrestre o fluvial de pasajeros en el trayecto
que medie entre el domicilio de aquéllas y cualquier destino al que deban
concurrir por razones asistenciales debidamente acreditadas; acceso a una
adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que su condición les demande
a través de planes o medidas promovidos por la autoridad de aplicación, entre
otras cuestiones.
La ley de adhesión que se impulsa en el orden local
establece que será el Ministerio de Salud, o aquel que en el futuro lo
reemplace, la autoridad de aplicación y debe coordinar su accionar con el
Ministerio de Salud de la Nación y con los organismos nacionales, provinciales
y municipales competentes en razón de la materia. Estipula también que la obra
social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTDF) “debe otorgar a sus
afiliados las prestaciones médicas previstas por la ley nacional 26928,
garantizando la cobertura integral del 100 por ciento”, como así también que el
Estado Provincial articule “con el Estado nacional las acciones tendientes a
garantizar las prestaciones médicas previstas en la Ley nacional 26928 a las
personas beneficiarías del sistema que carecieran de cobertura de obra social”,
a la vez que obliga a “las obras sociales radicadas en la Provincia” a que
garanticen “a sus afiliados las prestaciones médicas previstas en la Ley
nacional”.
La iniciativa fueguina obliga al Estado provincial a
“garantizar a las personas” beneficiarias del régimen “que concurran a
establecimientos asistenciales por razones debidamente acreditadas, cualquiera
sea el trayecto y el horario, el uso gratuito de los servicios de transporte
público sometidos a jurisdicción provincial”, debiendo además coordinar “con el
Estado nacional y los Estados municipales las condiciones para garantizar la
accesibilidad al transporte público en sus respectivos ámbitos de competencia”.
Contempla también que en materia de vivienda el IPV promueva “la preferencia en
el acceso a una solución habitacional a las personas beneficiarías del sistema
en condiciones de vulnerabilidad y que acrediten la residencia mínima en la
Provincia, conforme a los criterios y lineamientos establecidos en la normativa
vigente”.
Además determina que desde el Estado se coordine con
“organismos nacionales, provinciales y municipales, con competencia en materia
laboral y de producción, con el objeto de incentivar la generación y
mantenimiento del empleo de las personas trasplantadas o en lista de espera
para trasplantes, y en especial promover programas de empleo y creación de
talleres protegidos de producción y de emprendimientos” y fomentará “la
capacitación laboral de dichas personas, con especial atención en su protección
y cuidado en el ámbito de trabajo”.
Fuente: Mirada Profesional
