miércoles, 19 de febrero de 2014

Bolivia no despenaliza el aborto pero suprime el permiso para casos legales

El aborto en Bolivia seguirá siendo delito aunque desde hoy no se requerirá una autorización judicial para practicarlo en los supuestos permitidos por ley, como el embarazo producto de violación o de incesto y el riesgo para la vida de la mujer.

El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia hizo pública hoy en Sucre, sede del poder judicial, la resolución 0206/2014 por la que se elimina la obligatoriedad de que un juez dé su permiso para que una mujer aborte bajo los supuestos legales.

En ese mismo dictamen, el alto tribunal veta de facto la despenalización del aborto, al avalar la constitucionalidad del respeto a la vida desde la concepción, una decisión que ya fue adelantada el jueves.
Los supuestos en los que está autorizado el aborto en Bolivia son los embarazos producto de violación, el rapto no seguido de matrimonio, el estupro, el incesto y cuando la vida de la futura madre esté en riesgo, pero en todos los casos era necesaria una orden judicial.

En su decisión, el Tribunal Constitucional también exhorta a la Asamblea Legislativa a que desarrolle una ley que establezca y regule los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La sentencia fue dada a conocer en rueda de prensa por los miembros del TC, cuyo presidente, Ruddy Flores, explicó que "el único requisito para que sea aplicado el aborto impune comprende presentar la denuncia ante las autoridades competentes".

Flores precisó a preguntas de la prensa que la denuncia deberá ser presentada ante el Ministerio Público, lo que supone un paso intermedio entre la mera denuncia policial y la judicial.

El hasta ahora ineludible requisito de contar con una autorización judicial para abortar en los casos en que la ley lo permite era "prácticamente inaplicable", reconoció el presidente del Constitucional.

Añadió que será legal poner fin médicamente a una gestación "si hay un hecho delictivo que ha generado un embarazo que está al margen de los derechos de la mujer".

Hasta ahora, la obligatoriedad de un permiso judicial había topado con el crónico retraso de la Justicia boliviana, lo que provocaba que, aún en los supuestos legales de interrupción del embarazo, la orden del juez no llegara a tiempo.

Además, organizaciones feministas habían denunciado que en ocasiones los jueces no daban curso a casos en los que la interrupción del embarazo entraría en los supuestos que recoge la ley.

El fallo del Tribunal Constitucional responde a un recurso planteado por la diputada oficialista Patricia Mancilla que cuestionaba varios artículos del Código Penal relativos a la penalización del aborto.

Hasta el momento son pocas las organizaciones que se han pronunciado sobre esta sentencia.
Crítica, la presidenta de la Asociación de Defensa de la Vida y la Familia (ADVIF), Roxana Gonzales, indicó en declaraciones a Radio Erbol que con esta sentencia se da paso a "una imposición" de la ONU "para quitar el fallo judicial", es decir, el permiso.

"Con la excusa de una violación se está dando paso al aborto libre. Vamos a analizar profundamente para ver si conviene o no, pero de inicio no estamos de acuerdo", dijo Gonzales.

El presidente boliviano, Evo Morales, ha sostenido que el aborto es un delito, pero también ha reconocido que debe debatirse sobre el asunto después de que varios de sus ministros se pronunciaran a favor de la despenalización.

En cambio, sindicatos campesinos e indígenas leales al gobernante lo rechazan de forma tajante, porque lo consideran "una pena de muerte".

Según un estudio presentado el año pasado por la investigadora estadounidense Natalie Kimball, Bolivia es uno de los países con las tasas más altas de aborto del continente, después de Haití y de Cuba, aunque en este último país es legal desde hace décadas.

Ese mismo estudio señala que en el país andino abortan cada año entre 40.000 y 80.000 mujeres, y que 3 de cada 5 bolivianas han puesto fin a un embarazo al menos una vez en su vida.

En su trabajo, Kimball revelaba que en Bolivia hay una red de organizaciones -no gubernamentales- vinculadas a la salud que responden a la demanda de abortos ilegales.

Fuente: La Vanguardia