El Congreso sancionó el 26 de junio de 2013 la Ley Nacional
de Fertilización Asistida, que obliga a las obras sociales y a las prepagas a
costear el 100 por ciento de los tratamientos, pero en Entre Ríos se está
bastante lejos de garantizar la plenitud de derechos.
Es que la Cámara de
Diputados dio media sanción al proyecto de ley por el que la provincia adhiere
a la norma, pero Senadores planteó modificaciones que generaron controversia en
diversos sectores. El autor de la iniciativa, el senador Eduardo Melchiori,
habló de introducir cambios en la ley entrerriana. Esto motivó la reacción de
la ONG Sumate a Dar Vida que cuestionó la postura y el rechazo también se
plasmó a través de una colecta de firmas en la plataforma Change.org.
Se teme
que el proyecto avance en la Cámara Alta, dejando “desprotegidos a muchos
entrerrianos”, advierte el texto de la iniciativa. En torno a la discusión,
también se atendieron sugerencias del Instituto de la Obra Social de la
Provincia de Entre Ríos (Iosper), debido a la preocupación que había por el
alcance efectivo que tendría la norma y las dudas respecto de la forma en que
se iban a financiar los tratamientos.
Preservar el recurso financiero en beneficio del conjunto de
los afiliados constituye una de las premisas aplicadas por el Iosper. Bajo esa
lógica se brinda un amplio abanico de prestaciones y una de las más solicitadas
es la consulta de parejas con incapacidad para concebir. Debido a la creciente
demanda, desde 2009 se brinda cobertura a través de un programa que se rige
bajo determinados parámetros. Sus autoridades explicaron el mecanismo utilizado
para autorizar los procedimientos, teniendo en cuenta la variedad de
diagnósticos y la complejidad de cada uno. La Ley 26.862 es lo suficientemente
clara como para evitar cualquier confusión. Y lo más importante es que a partir
de su promulgación se incorporan los tratamientos de fertilización asistida al
Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que equivale a un marco legal que obliga
a las obras sociales y a las prepagas a no poner ninguna objeción cuando una
pareja solicite este tipo de prácticas. El Iosper, y al no estar adherida la
Provincia a la norma nacional, decidió acotar las prestaciones en función de
tener un mejor control de sus arcas.
Desde 2011, Claudia Abrile tiene a su cargo la autorización
de los procedimientos. Señaló que solamente se autoriza a iniciar un
tratamiento a mujeres “hasta los 40 años”. Negó que esa limitación “sea
caprichosa”, ya que entiende: “Tiene que ver con la posibilidad de la mujer, en
función de que va a avanzando en edad. Cuanto mayores nos ponemos, más
complicado es, no solo para lograr un embarazo, sino después sostenerlo”,
indicó.
“El segundo coto es haber tenido hijos previamente. El
espíritu de la obra social cuando puso la fertilización asistida dentro del
menú prestacional era darle la posibilidad a las mujeres que nunca pudieron ser
madres. En esta cuestión de tener que manejar recursos, ¿cómo hacés para que
todos puedan acceder? Tenemos una obra social solidaria donde todos tenemos que
aportar para recibir la parte que nos corresponde”, analizó en diálogo con Uno.
No es la única restricción incluida en el programa
diferenciado destinado a atender este tipo de situaciones. Una disposición
interna impide recurrir a técnicas de fertilización con el uso de óvulos de
donantes y el uso de esperma heterólogo, el esperma que no pertenece a la
pareja. “Es una discusión con respecto a la identidad de la persona, no está
del todo definido qué pasa con el hijo concebido a través de un donante, no
solamente por una cuestión de identidad. Tenés que pensar que el hijo bajo esos
parámetros puede presentar una patología determinada. Tenés que saber dónde
buscar el origen de ese niño, en el caso de que surja una patología congénita.
Es mucho más complejo de lo que la gente que viene a buscar esta solución cree.
No lo termina de entender en su necesidad de ser padre”, reflexionó Abrile.
La decisión de no causar un impacto negativo en la
distribución de los recursos puso a la obra social en un verdadero dilema. Es
el que se da entre los afiliados dispuestos a aceptar que se niegue un
determinado tratamiento y aquellos que tozudamente la pelean para que se
revierta esa medida.
“Estás manejando recursos, y no tenés solo como patología la
infertilidad, sino que hay otras que necesitan de muchos recursos. Y que llevan
mucho dinero en medicación. No podemos extendernos tanto, no por no entender el
problema que significa la infertilidad, sino por darle a cada patología el
lugar que corresponde”, agregó la directiva.
En torno a la misma cuestión opinó el gerente de
Prestaciones, Fernando Cañete. En su análisis la incapacidad para concebir “es
una patología que es cubierta con los mismos recursos que son utilizados para
aquella persona que tiene problemas oncológicos. Los recursos dentro de la obra
social se distribuyen de acuerdo a los planes”.
Estadísticas
En lo que va de 2014, el Iosper recibió 36 consultas de
parejas que tienen pensado encarar tratamientos con métodos de reproducción
asistida. En tanto, en 2013 se autorizaron 111 solicitudes para iniciar el
camino hacia el sueño de agrandar la familia. “Cuando empezamos a brindar
cobertura en el 2009 tuvimos 18 intentos. Y fuimos aumentando hasta llegar a
111 el año pasado”, explicó Abrile, y puntualizó en que la mayoría de los casos
“nuclea a parejas que necesitan tratamientos de alta complejidad. Siempre han
sido muy pocas las solicitudes de baja complejidad. Pedimos antecedentes de los
pacientes, que es la demostración de la necesidad del método, y la mayoría son patologías
bastantes severas”.
Sobre el valor que tienen los procedimientos de mayor
complejidad se indicó que están incluidos dentro de un sistema modulado. Se
ofrece una cobertura con un tope de 28.400 pesos del valor de una fertilización
asistida y que puede variar según el centro al que sean derivados los
pacientes. Se atienden casos en institutos especializados de Paraná, aunque por
la complejidad del tratamiento algunos médicos inician las pruebas en la
capital entrerriana y “por no tener la infraestructura trasladan a los
pacientes a Rosario o Buenos Aires. Por lo general, los tratamientos están
costando entre 30.000 y 45.000 pesos”, dijo Abrile. Se resaltó que la
medicación empleada es un factor que incide en el costo de las prácticas.
“En 2012 sobre 89 intentos tuvimos 5 embarazos. Pero en
realidad la efectividad ronda el 20 por ciento en los centros de fertilización.
Nosotros deberíamos hacer una comparación de cuántas pacientes nuestras
concurren a un determinado centro y el centro debería darnos la estadística,
para conocer si ellos mantienen la efectividad. Nuestras estadísticas no
coinciden con la efectividad real, porque corresponde al número de pacientes
que viene a realizarse la fertilización y sobre estas pacientes nosotros
determinamos cuántas quedan embarazadas, que no es la misma tasa de efectividad
que el centro que las realiza”, reseñó.
El protocolo también fija una limitación en la cantidad de
intentos: “Reconocemos cuatro, dos de Fecundación In Vitro y dos de ICSI
(inyección intracitoplasmática de espermatozoide)”, enfatizó Cañete. Según
Abrile “la ley nacional habla de tres intentos de alta complejidad sin
distinción, separados de tres meses cada uno, y ahí queda. Lo que no se termina
de entender en la ley es si habla de tres intentos de por vida o seis intentos
anuales”. Se informó que solamente hubo dos solicitudes de parejas del mismo
sexo. “Dos parejas igualitarias vinieron a pedirnos que le cubriéramos la
fertilización asistida”, recordó.
En cuanto al debate legislativo todavía pendiente en el
Senado, Cañete opinó: “Apelamos a la racionalidad y a una actitud criteriosa de
los legisladores, porque nos involucra tanto a nosotros como sistema de salud,
como a Salud Pública. Tenemos 287.000 afiliados, pero hay otra población que no
tiene cobertura y que tendrá que hacerse cargo el sistema público”.
Entre 2009 y 2011, cinco parejas recurrieron a la Justicia
para acceder al tratamiento de fertilización asistida, en disenso con las
restricciones que aplica el Iosper.
Para todos
La Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades
Civiles (Osecac) tiene aproximadamente 90.000 afiliados en la provincia y
después del Iosper es una de las mayores prestadoras de salud local. A nueve
meses de la sanción de la Ley, sus autoridades enfrentaron primero la incógnita
de saber cómo se financiarían los tratamientos. Despejadas las dudas, en la
actualidad no existen impedimentos para las parejas que necesiten afrontar un
tratamiento. “Se cumple con la norma vigente, que regula la Superintendencia de
Servicios de Salud”, informó el secretario general del gremio y diputado
provincial, Daniel Ruberto.
Mencionó que la cobertura que se brinda se encuentra
incluida en el Programa Médico Obligatorio. “Reconocemos tratamientos de baja y
de alta complejidad”, aseguró. Entre los de baja complejidad se autorizan los
siguientes tratamientos: la estimulación ovárica y la inseminación
intrauterina, teniendo ambos métodos el 100 por ciento de cobertura y un costo
que oscila entre los 15.000 y los 20.000 pesos. Si la causa de la patología
requiere un procedimiento de alta complejidad, Osecac incluye la Fecundación In
Vitro convencional, (un determinado número de espermatozoides se colocan
alrededor de cada óvulo, para que uno de ellos penetre y fertilice al óvulo),
el ICSI (en muestras con escasa cantidad o calidad de espermatozoides, se
inyecta un solo espermatozoide dentro del óvulo mediante una microscopio con
micromanipulador) y la criopresevación. El valor de los tratamientos van de los
35.000 a 50.000 pesos, con una cobertura del 100 por ciento. “Lo más caro es la
medicación, porque las drogas son importadas”, advirtió el legislador.
Sin estadísticas recientes sobre el nivel de demanda de los
afiliados, ni el impacto económico que representa para la obra social, Ruberto
aclaró: “No está reglamentado el tema de edad, aunque cada médico lo evalúa.
Tenemos una demanda normal y los afiliados pueden realizar todos los intentos
posibles”.
La realidad del sistema público
Las personas sin cobertura social que necesiten acceder a un
tratamiento de fertilización asistida no tienen otra alternativa que recurrir
al sistema público de salud. Más allá de que ya se dieron los primeros pasos,
el sistema todavía requiere de una importante inversión.
En el hospital San Martín funciona el Servicio de
Ginecología, aunque en lo que respecta al tratamiento de la infertilidad el
avance ha sido mínimo. Uno de los médicos que se desempeña en esa dependencia,
Jorge Tomasso, mencionó: “Se están implementado los medios para dar cobertura,
pero aún se necesita de un equipamiento básico para atender en principio los
casos de baja complejidad, como por ejemplo el método de inseminación
intrauterina”. Para el profesional la posibilidad de prestar cobertura depende
“de una importante inversión, pero hay decisión de las autoridades de
concretarlo. Pero no existe un impedimento y tenemos el visto bueno para seguir
adelante”.
El médico ginecólogo y especialista en la temática,
reconoció que periódicamente se reciben consultas de parejas que desean ser
padres. “Tenemos pacientes con casos de baja complejidad”. Tomasso confió que
para equipar un laboratorio se necesitan “estufas especiales que actúan como
incubadoras, campanas de flujo, aparatos de microscopía, un micromanipulador,
lupas y otras cosas menores”. Señaló que los tratamientos más utilizados son la
inseminación intrauterina, con semen heterólogo, en lo que atañe a baja
complejidad. Si se trate alta complejidad, se emplean las técnicas de
Fecundación In Vitro y el ICSI.
“Tiene que ser una buena ley para ser aplicable”
El debate en la Legislatura entrerriana sobre fertilización
asistida sigue siendo una cuenta pendiente. Luego de la media sanción de
Diputados, toda la atención se focalizó en lo que podría suceder en la Cámara
alta.
El senador César Melchiori, presidente de la Comisión de
Salud del Senado, volvió a ratificar su posición respecto a los cambios en el
espíritu de la ley.
“Estamos con la misma idea de mantener las modificaciones
que propuso la Comisión de Salud. La semana que viene me voy a reunir con
ginecólogos que están en la temática, para conocer su parecer, y con
representantes del área de Gineco-Obstetricia del hospital San Martín para
hablar con ellos. Es para avanzar en el conocimiento e incorporar ideas. Y con
eso poder trabajar en Comisión, para informarle a los pares todo lo
acontecido”, manifestó.
“Me interesa conocer cómo piensan los especialistas con
respecto a la ley, cuál es la casuística que ellos manejan, el grado de
efectividad de esos tratamientos. Porque conocemos muy poco los casos”, acotó.
Melchiori sigue firme en su intención de revisar el
contenido de la norma. “La ley cómo llegó a la provincia no va a salir, no es
para sacarla sobre tablas. Tiene que ser una buena ley para ser aplicable”,
razonó.
También se explayó sobre los límites que se impondrían. “Lo
de los intentos fue resuelto en la Comisión y las obras sociales coinciden. Es
de muy fácil comprensión, porque si una obra social lo paga, yo voy a hacer 100
intentos. La cantidad de intentos, salvo excepciones debidamente fundadas, que
hay que fijarlas. Igual que el límite de edad: los resultados en personas de
edad avanzada son casi nulos”, sostuvo.
El representante del PJ-Islas puso especial atención sobre
la conservación de los gametos. Apuntó a “personas menores de edad cuando
tengan una patología. Esa excepción habría que contemplarla, por ejemplo, en un
muchacho con leucemia que tiene donado su gameto. Hay que partir de la base que
se tiene que tomar a la infertilidad como una enfermedad y que la obra social
lo pueda cubrir”.
Fuente: Análisis Digital
