La Ley de Muerte Digna tiene que ser reglamentada en 60 días a partir de la creación de la Comisión
A través del Decreto nº 298, el gobernador José Manuel De La
Sota, se estableció que la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 10.058, de
"Declaración de Voluntad anticipada para una muerte digna" deberá
dictar "las disposiciones tendientes a conformar una Comisión Consultiva,
que elaborará el
anteproyecto de reglamentación de la Ley citada".
El Poder Ejecutivo de la Provincia dispuso que el Ministerio de Salud de Córdoba, autoridad de aplicación de la norma provincial de muerte digna, en el plazo de un mes cree una comisión consultiva, que en 60 días deberá elaborar el anteproyecto de reglamentación.
“Esto implica que en 90 días la reglamentación estará concluida”, aseguró el ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna.
La Comisión Consultiva, según su
artículo 2º "deberá integrarse con médicos, abogados, representantes
académicos, gremiales y religiosos y entregará el anteproyecto a la Autoridad
de Aplicación que previa evaluación fundada la elevará al Poder Ejecutivo para
su aprobación".
Según el texto de la norma, el fundamento de la decisión
se relaciona con "la grave relevancia social que la problemática
premencionada tiene en la sociedad toda", lo que "lleva al Poder
Ejecutivo a abordarla con suma prudencia, para lo cual instruye a la Autoridad
de Aplicación para que conforme una Comisión Consultiva interdisciplinaria que
deberá integrarse con representantes de distintos sectores involucrados:
profesionales, religiosos, gremiales, a fin de que la misma elabore un
anteproyecto de reglamento". El decreto también contó con la rúbrica del
Fiscal de Estado, Jorge Córdoba, y el Ministro de Salud, Francisco Fortuna.
Fortuna destacó la importancia de la reglamentación, que venía siendo reclamada desde distintos sectores, para que la ley de muerte digna pueda ser operativa y accesible.
En tal sentido, adelantó que la semana próxima se concretará una primera reunión en la que participarán funcionarios de la cartera sanitaria provincial. “Y a partir de ahí, habrá un plan operativo rápido”, dijo. Con respecto a los integrantes de la comisión que elaborará el anteproyecto, Fortuna no efectuó precisiones, aunque admitió que podría haber representantes de las Universidades, así como del Consejo de Médicos de la Provincia.
“La intención es generar un clima de debate, consenso y diálogo sobre la cuestión, en la que seguramente habrá diferentes opiniones”, señaló.
“Tenemos que ser fieles al espíritu de la ley, lo que no implica coartar las distintas visiones sobre el tema. Lo que se busca es escuchar y hacer una síntesis lo más integradora posible”, aseguró.
Por su parte, el experto en bioética, Carlos Soriano, anticipó que entre los principales puntos de polémica a la hora de reglamentar la norma, se encuentra la definición de “medidas mínimas ordinarias” que deben ser provistas en el final de la vida, que difieren de los parámetros fijados por la ley nacional.
“Este es un tema que deberá ser abordado por la comisión, ya que la reglamentación deberá precisar cuál es el límite de la hidratación, oxigenación y nutrición”, coincidió el ex legislador Raúl Jiménez, uno de los autores de la norma.
La ley 10.058, que establece el derecho de las personas a decidir en forma anticipada sobre la negativa a someterse a procedimientos médicos que prolonguen su vida de manera indigna, fue sancionada el 16 de mayo por la Legislatura provincial.
La norma disponía un plazo de 90 días para su reglamentación desde su publicación, que quedó ampliamente vencido.
Fuentes: Diario Judicial/La Voz del Interior
