Lo hizo el diputado nacional Juan
Schiaretti, quien reclamó la inmediata puesta en marcha de la ley que fue
aprobada en el Congreso en noviembre de 2013. El legislador admitió que obras
sociales y prepagas rechazan la entrega gratuita de medicamentos por esta
situación. La ONG promotora de la norma venía denunciando este retraso, que
empeora el acceso a tratamientos.

Esta semana, el diputado nacional de Unión por Córdoba Juan
Schiaretti se sumó a las voces que piden que se ponga formalmente la ley
26.914, conocida como “ley de diabetes”, y que fuera sancionada el 27 de
noviembre de 2013. “La norma no está reglamentada, las obras sociales y
prepagas rechazan las solicitudes de sus afiliados respecto a la provisión de
los elementos imprescindibles para su tratamiento, con la cobertura del 100 por
ciento”, denunció el diputado nacional y ex gobernó cordobés.
Schiaretti agregó que “a través de este proyecto nos sumamos
a los múltiples pedidos de pacientes y diferentes organismos, para que dicha
ley se reglamente y garantice su plena vigencia en todo el territorio argentino”.
En el país esta enfermedad afecta a más de 2 millones de personas y es la
décima causa de muerte. “Por esa razón es importante educar a los pacientes
para que controlen su diabetes en forma adecuada, ya que pude complicarse y
llevar a otras enfermedades: cardiovasculares, neurológicas, retinopatía, nefropatía, entre otras”, remarcó
el legislador.
La reforma a la Ley de Protección del Paciente Diabético fue
motorizada por un grupo de madres de diferentes puntos del país que lograron
ser escuchadas por legisladores nacionales que finalmente llevaron la cuestión
al Parlamento, logrando el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas para su
aprobación. La nueva ley tiende a cubrir los elevados costos que demanda el
tratamiento de la Diabetes a quienes la padecen.
Uno de los principales problemas que destacan de la ley
actual radica en la cantidad de insumos que garantiza a los pacientes. Un
ejemplo: el Plan Médico Obligatorio (PMO) cubre 400 tiras reactivas al año para
automonitoreo de la glucosa en sangre (extendible a 800), al 70 por ciento de
su valor. Pero para llevar un estricto control de la enfermedad los pacientes
coinciden en que se necesitan al menos 2.000 (cada caja trae 50 y cuesta más de
500 pesos).
Luego de aprobarse, la ONG promotora NADIA hizo varios
pedidos para que se salte este último obstáculo. “La ley está vigente, sobre
todo en cuanto a reactivos y medicamentos”, dijo al diario La Mañana de Córdoba
Nydia Farhat, presidenta de NADIA, quien adelantó que las personas que no
reciban respuesta de las entidades pueden acudir a su asociación, que realizará
“una denuncia por incumplimiento de funcionario público al titular de la
cartera nacional”.
“La normativa sancionada por el Congreso y recientemente
promulgada rige desde diciembre. La Superintendencia de Servicios de Salud de
la Nación ratificó la obligatoriedad en la cobertura de esta enfermedad y pidió
a los pacientes que denuncien incumplimientos”, dijo Farhat.
Fuente: Mirada Profesional