El máximo órgano jurídico francés ordenó retirar la
alimentación a un hombre que lleva seis años viviendo artificialmente. El
pedido lo había hecho la esposa. Pero los padres se oponen y lograron que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos frenara la medida.
El Consejo de Estado francés, la mayor instancia jurídica
del país, ordenó ayer retirar los cuidados paliativos a Vincent Lambert, un
paciente en estado vegetativo crónico desde hace casi seis años. Los 17
magistrados anularon así un fallo judicial anterior que se oponía a la decisión
de los médicos de dejar de alimentar artificialmente al paciente. El caso, que
reavivó el debate sobre la muerte digna en Europa, lleva un año y medio de
litigios debido a una disputa familiar entre los padres del hombre, que quieren
mantenerlo con vida, y su esposa, que quiere dejarlo morir con el argumento de
que esa es su voluntad. Los padres, previendo el fallo del Consejo, recurrieron
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en cuestión de horas dispuso
suspender la medida mientras toma una decisión de fondo.
Los magistrados del Consejo de Estado consideraron legal la
decisión de los médicos de retirar los cuidados paliativos a Lambert, de 38
años, incluida la alimentación y la hidratación artificial. El fallo se amparó
en la Ley Leonetti sobre los “derechos de los enfermos y final de la vida”,
aprobada en 2005, que autoriza el cese de los cuidados que mantengan con vida
en forma antinatural a un paciente en contra de su voluntad. También proscribe
el ensañamiento terapéutico.
Los jueces se apoyaron en un informe médico de tres expertos
encargado por el propio Consejo, en el cual se concluye que Lambert sufre una
“degeneración del estado de conciencia que corresponde ahora a un estado
vegetativo, de carácter irreversible de lesiones cerebrales”. Además tuvieron
en cuenta los variados testimonios que mostraban que antes del accidente que lo
dejó tetrapléjico, el paciente había mostrado su rechazo a que lo mantuvieran
con vida de forma artificial.
Lambert tenía 32 años cuando quedó postrado en una cama tras
un accidente de tránsito sufrido en septiembre de 2008. Sólo puede mover los
ojos y siente dolor, pero los médicos no pudieron determinar si comprende
cuando se le habla. Conforme a la actual ley francesa de cuidados paliativos,
el equipo médico colegiado del hospital universitario de Reims, al este de
Francia, tomó la determinación en abril de 2013 de no seguir manteniendo
artificialmente con vida a Lambert. Sin embargo, los padres, ambos del credo
católico, acudieron a la Justicia y lograron que se lo conectara nuevamente
hasta una nueva decisión.
Los profesionales médicos consideran que el hombre no se
recuperará y sostienen que algunos de sus comportamientos dejan entrever que
rechaza seguir con vida. La misma opinión la comparten su esposa, Raichel, seis
de sus hermanos y otros familiares y amigos, según los cuales, antes del
accidente, Vincent había dicho que no quería ser mantenido vivo de forma
artificial. Pero los padres y dos de los hermanos no comparten esa postura y rechazan
que se le aplique la ley de cuidados paliativos porque no se trata de un
enfermo en fase terminal. En consecuencia, al prever que el Consejo de Estado
se pronunciaría en contra de sus intereses, recurrieron al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo para pedir la suspensión cautelar de la
sentencia. Y lo lograron: anoche la Corte europea ordenó frenar la medida hasta
un fallo definitivo.
El caso Lambert y la batalla familiar que lo alimentó
reavivó en Francia el debate sobre la muerte digna y marcó claramente la
existencia en la población de dos miradas contrapuestas sobre el final de la
vida de personas en situación extrema.
A la espera de una ley que aclare la situación, prometida
por el presidente François Hollande durante su campaña electoral de 2012, el
caso se vio afectado por la ambigüedad que admite el actual marco jurídico de
ese país. Es así como en estos seis años, cada vez que los médicos relanzaron
el procedimiento de fin de vida, los padres recibieron el respaldo de los tribunales.
Fuente: Página 12
