La suba constante de las cuotas de las prepagas y las quejas
por los aumentos son apenas los aspectos emergentes de una crisis de fondo que
sufre el financiamiento de la actividad sanitaria.
Será una medida efectista, no efectiva. Sin dudarlo, el
presidente de una empresa de medicina prepaga dio esa definición cuando desde
el sector se anunció, en los primeros días de este mes, que las clínicas
privadas cobrarían un copago a los pacientes por cada consulta o práctica de
diagnóstico médico. Pasaron pocas horas y la realidad confirmó la predicción:
el anuncio de los copagos, pensado a partir de la disconformidad con el nivel
de suba de cuotas que autorizó el Gobierno, provocó la reacción oficial. Y
entonces, tras una reunión urgente y de clima tenso con el secretario de
Comercio Interior, Augusto Costa, hubo marcha atrás: las empresas de salud no
recaudaron el dinero que iban a significar esos adicionales (que no iban a
solucionar sus problemas), pero lograron provocar ruido con la noticia y ser
convocados por las autoridades, por lo que pasado mañana se dará inicio a una
serie de encuentros.
Detrás de la cuestión más visible que tiene la problemática
del financiamiento del sector privado de la salud -la suba periódica de las
cuotas de los afiliados-, existe una multiplicidad de aspectos.
Hay cuestiones bien conocidas de la coyuntura, como el
impacto que tiene la inflación, tanto en el costo general de las prestaciones y
de la gestión, como en el necesario ajuste salarial para el personal, y desde
ya que en este punto no pocos reconocen que la variable de ajuste son
finalmente los ingresos de los médicos, en su mayoría fuera de convenios. Hay
temas vinculados a normativas, muchas veces cuestionadas porque, al disponer
nuevos derechos para los afiliados, no prevén cómo se obtendrán recursos para
que sea posible su cumplimiento. Y existen varias cuestiones que requieren una
mirada de fondo y de largo plazo para buscar soluciones, como la litigiosidad con
sus causas y efectos, la inflación médica por el avance de las tecnologías, la
indicación de prácticas en exceso de lo necesario (cuestión sobre la que
aparecen autocríticas), y la necesidad de una política de Estado que defina
claramente la manera en que los diferentes actores del esquema sanitario deben
asumir y coordinar responsabilidades, para evitar la ineficiencia en el gasto.
Porque el sector privado es parte de un sistema también integrado por el
régimen de la seguridad social (obras sociales y PAMI) y el hospital público.
Cada subsector tiene sus problemas, pero varios son
compartidos. Las estimaciones de gasto total en salud en el país hablan de $
233.000 millones para 2013, con un crecimiento de 25% respecto del año previo.
Los datos son de la consultora Key Market y de proyecciones propias presentadas
por el presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas
(Acami), Hugo Magonza. En la medicina privada está el 15,5% de la población;
son unos 6 millones de beneficiarios que tienen una cuota promedio de entre $
1000 y 1200 mensuales por persona en los planes contratados por familias. Pero
la mayor parte de los usuarios están afiliados por la derivación de aportes y
contribuciones salariales a través de obras sociales, y ése es un dato que
habla de la necesidad de la mirada integral a la hora de las soluciones de
fondo para el sistema.
En las cuotas de los planes de contratación voluntaria, en
los últimos dos años y medio hubo una suba acumulada de 67,3%, sin contar el
7,5% del mes próximo. Las empresas habían pedido incrementos por un total de
85,7% y la brecha entre lo solicitado y lo permitido significa, según Magonza,
$ 6000 millones. Visto de un lado, es dinero que quedó en el bolsillo de los
afiliados; visto del otro lado, son recursos que en el sector dicen que son
necesarios para mantener la calidad.
Cada cierta cantidad de meses, la rueda vuelve a girar: las
clínicas firman el convenio salarial de la sanidad (para el personal no médico,
como los enfermeros) y les reclaman a las prepagas una mejora de aranceles. Las
empresas (las más grandes son dueñas de clínicas, por lo que el impacto en
costos es directo) llevan sus solicitudes de suba de cuotas al Gobierno. Y las
autoridades habilitan un incremento de porcentaje inferior al pedido. Según
Jorge Piva, presidente de Medifé y ASE, en el sector se calculó que la relación
entre el ajuste salarial y el alza del costo total de los servicios médicos es
de 1 a 1. Las prepagas se quejan de que las autoridades no objetan esa ecuación,
pero sólo permiten subas de cuotas menores que las reclamadas y sin explicar
por qué. En estos días, las empresas están presentando ante el Gobierno pedidos
formales de aclaraciones, en una estrategia que podría terminar en la Justicia.
En el sector puro de prestación de servicios (clínicas y
centros de atención que no dependen de prepagas, sobre todo de las grandes que
aún muestran inversiones y que compran a otras más chicas), los problemas están
contenidos por la vigencia de la emergencia sanitaria, según afirma Jorge
Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales
Privados (Adecra). La forma práctica de "financiamiento" revela que
la solución de fondo está lejos. "Según números de la AFIP, hay 1000
prestadores que le deben al fisco $ 1200 millones; como rige la emergencia,
esas deudas no pueden ser ejecutadas ni se puede embargar a las empresas",
explica Cherro.
Hay tres reclamos de las clínicas en materia tributaria: uno
es por una moratoria para las obligaciones impagas. Otro es que se permita dar
uso a los saldos técnicos del IVA generados, porque gran parte de lo facturado
está exento y no se puede descargar el impuesto pagado en las compras.
"Hoy es un costo y nosotros planteamos usarlo a cuenta de contribuciones
patronales", dice. El tercer reclamo surge de que el Gobierno no actualiza
desde 2001 el tope de facturación anual, de $ 48 millones, para que un
contribuyente sea considerado pyme y le corresponda pagar la tasa de 17% por
contribuciones patronales, en lugar del 21 por ciento.
Según un índice de Adecra, entre 2002 y 2013 el costo de la
atención médica creció 1132%, mientras que el índice general de precios
(siguiendo a consultoras privadas a partir de 2007) acumuló 786 por ciento.
En las prácticas de diagnóstico, en tanto, se considera que
hay un retraso de aranceles de 15%, según especificó Jorge Carrascosa,
presidente de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio
(Cedim), que expresó otro tema de preocupación: las demoras para ingresar en el
país equipos y repuestos, por la política de importaciones.
La inflación médica (aumento de costos por mejoras
tecnológicas) es un tema de preocupación global que se replica en cada
institución. En el XVII Congreso Argentino de Salud, organizado por Acami, que
se hizo el jueves pasado en Tucumán, el director médico del Hospital Italiano,
Marcelo Marchetti, señaló que en los últimos ocho años el costo de la
prestación per cápita acumuló un alza de 86%, descontado el impacto de la
inflación general que sufre el país.
En el encuentro se defendió, entre otras propuestas, la de
crear una agencia nacional de tecnología, que establezca cuáles son las
prácticas realmente eficaces, para poder evitar tanto la sobreprestación de
medicina, como muchas órdenes judiciales que, según los directivos, provocan
gastos innecesarios.
Las últimas regulaciones afectaron los costos. Un aspecto
cuestionado de la ley de prepagas es la obligación de no rechazar la afiliación
de personas con patologías preexistentes, aunque demanden tratamientos de muy
elevados costos. "La mayoría de los pacientes con enfermedades que llegan
para afiliarse vienen de haber estado en otra prepaga u obra social, y aunque
la ley prevé que se les cobre una cuota más alta que al resto de los asociados
[que, de todas formas, no sería suficiente], en la práctica la Superintendencia,
o en algunos casos la Justicia, obligan a que les cobremos la cuota plana. Eso
rompe el principio de la solidaridad; la prepaga a la que aportaba el afiliado
cuando estaba sano no se hace cargo de nada", lamentaron dos directivos.
"Hay diferentes formas de regular al sector privado
-señala el investigador del Cippec y consultor en salud Federico Tobar-.
Decirles a las empresas que no pueden aumentar más de un porcentaje cada tanto
constituye la forma más precaria." Según opina, sería un avance
"definir la función de producción de la asistencia médica y monitorear
cómo influye cada factor en los costos". Mejor todavía, agrega, sería
medir el aporte que se hace a la salud de los afiliados. "No es lo mismo
mostrar que los costos aumentaron que mostrar que resulta más caro lograr que
los afiliados estén más sanos", dice.
"No hubo un derrumbe del sector porque el deterioro es
lento; se ve un efecto en las demoras para los turnos, problemas en la cadena
de pagos y prestadores que dejan de pagar impuestos", señala Roberto
Rodríguez, gerente de Planes y Promoción de Servicios del Cemic.
¿Otro resultado? El ajuste se da por las variables
controlables, como los honorarios médicos, advierte Jorge Iapichino, presidente
de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal (Femeca). Agrupados en la
Asociación Médicos de la Actividad Privada (Amap), los profesionales logran
desde hace pocos años sus negociaciones de salarios. Eso alcanza a una parte de
ellos y el sindicato se define en lucha por lograr que sean más quienes estén
incorporados como empleados y no con un régimen de facturación de honorarios.
Este año las negociaciones se presentan más conflictivas que en los previos,
con un reclamo del 35% sobre el ingreso efectivo.
En un debate de fondo sobre el futuro financiamiento del
sector, Magonza cree que no debería dejar de tenerse en cuenta el copago
incluido en los contratos.
Son temas, claro, para la discusión de una política de
Estado. El congreso de Acami cerró con una disertación del presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que consideró a la política de
la salud entre las que deberían ser consideradas "fuera del debate y la
lógica electoral", y pensada con la mirada en el largo plazo.
En tiempos en que los copagos son noticias por una reacción
de las empresas ante el disgusto causado por una medida coyuntural, y no por el
debate sobre la conveniencia o no de su uso para la eficiencia del gasto, ese
desafío parece lejano.
Fuente: La Nación
