El informe de la Auditoría porteña al que tuvo acceso
Página/12 detalla falta de médicos, de enfermeros, de cumplimiento de
protocolos y dificultad de recupero de gastos.

El SAME realiza, anualmente, más de 217.000 auxilios de los
cuales, el 78 por ciento son códigos rojos (urgencias). Otro problema grave que
surge de la investigación es que en el 69 por ciento del total de los casos no
se completa la información en la Historia Clínica Prehospitalaria de los
pacientes asistidos, de manera que el SAME no puede recuperar los gastos por
los servicios por no contar con los datos necesarios para pasarles las facturas
a obras sociales y prepagas.
Los servicios se cumplen, muchas veces, con médicos que no
son especialistas en emergentología y tampoco se cumple con la Ley 1850, que
establece que todas las ambulancias deben contar “con médico, enfermero y
chofer”. La mayoría de las intervenciones se computan como “código rojo”, pero
no hay constancias sobre el problema sufrido por el paciente, de manera que
puede ser un caso grave o alguien que se doble el tobillo. En muchos casos se
dice que lo que sufrió la persona fue “una descompostura”. También es un
misterio cómo funciona un servicio de helicóptero por el que se paga más de 300
mil pesos mensuales (ver aparte).
El estudio sobre el funcionamiento del SAME se hizo en el
año 2012 y se completó con tareas de auditoría de campo entre el 21 de octubre
de 2013 y el 15 de junio de 2014. El director del proyecto fue Gabriel
Rosentein y la supervisora, la licenciada Sandra Francolino.
En 2012 se atendieron 217.396 auxilios, de los cuales el 78
por ciento fue registrado como código rojo, el 13 por ciento amarillos y el 9
por ciento verdes. Las ambulancias salen de 19 hospitales porteños y de otros
puntos de la ciudad. La información proporcionada por el SAME señala que el 75
por ciento de las guardias hospitalarias están “incompletas”.
Sólo en el 31 por ciento de los auxilios se completó la
Historia Clínica Prehospitalaria de los pacientes, de manera que no se cuenta,
en el 69 por ciento de los casos, con datos que son fundamentales. Las
historias clínicas digitalizadas se remiten a la Asociación Salud Integral
(ASI) para su facturación y recupero de gastos.
El 78 por ciento de los auxilios fueron códigos rojos, es
decir urgencias, y se presume que en la mayoría de los casos los pacientes
fueron personas con cobertura médica, pero se omitió registrar los datos
necesarios para que las prestaciones pudieran ser facturadas. La omisión afecta
la capacidad del SAME para recuperar los gastos ocasionados por auxilios
facturables a obras sociales y prepagas.
La Ley 1850/05 de Prestación del Servicio de Ambulancias
regula la instalación, habilitación y funcionamiento de todas las prestadoras
de servicio de ambulancias que operan en la Ciudad de Buenos Aires. En su
inciso “g” se señala la necesidad de garantizar “una dotación mínima de
personal por ambulancia constituida por médico especializado en la atención de
la urgencia o emergencia médica, enfermero y chofer, siendo optativo contar con
camillero”.
Los médicos que se suben a las ambulancias son de las
guardias hospitalarias y el SAME cuenta con 13 enfermeros para cubrir las zonas
extrahospitalarias. El SAME no tiene estructura médica propia para los móviles
y se sostiene con profesionales de otros efectores del Sistema.
Esta situación, a la vez que lo torna dependiente e
inestable, interfiere en la dotación de los hospitales y hay que vincularlo con
el cuadro que muestra las guardias incompletas que hay en los hospitales.
Como consecuencia de estas falencias, las ambulancias del
SAME “no cuentan con enfermero/a, según lo exigido por Ley 1850/05”. En el
informe de la Auditoría se resaltó que “el Programa de Traslado Neonatal no
tiene cubiertas las necesidades de profesional médico para cumplir con su
tarea. Utiliza agentes del hospital solicitante”.
En 2012, el 52 por ciento de los traslados neonatales (265
sobre un total de 510) se realizó sin personal de enfermería. El SAME y los
programas Hola Mamá, Pediatra en Casa y PADU, registran los llamados en
planillas de papel porque no están informatizados. En la muestra seleccionada,
se comprobó que el 38 por ciento de los auxilios rojos superan el tiempo de
demora estipulado para brindar la asistencia.
En la misma muestra seleccionada, se determinó que el 91 por
ciento de los auxilios amarillos también superaron el tiempo de demora para la
atención. Por su parte, el 43 por ciento de los auxilios verdes superaron
igualmente el tiempo de demora estipulado.
Por otro lado, se determinó que el límite de Suplencias de
Guardia mensuales asignadas al SAME resulta insuficiente para cumplir con los
requerimientos profesionales del sistema. Esto se debe a que la resolución
1657/13 redujo las suplencias de guardia. Entre otras consecuencias, esto
produjo el cierre del PADU dificultando la atención domiciliaria y asignando
ambulancias cuando se podía resolver sin utilizar recursos destinados a las
urgencias. La supresión del Padu hizo que la demanda que atendía se canalice
ahora por el sistema, como auxilios corrientes.
El informe afirmó, además, que el 75 por ciento de los
móviles auditados no cumplía con el total de equipamiento biomédico fijo
exigido. De los verificados, en el 38 por ciento tenía parte del equipamiento
en estado regular y malo. Asimismo, el 75 por ciento de los móviles auditados
no contaba con la totalidad de medicamentos exigidos. Incluso, en tres
ambulancias se hallaron medicamentos vencidos.
Cecilia Segura, titular de la Auditoría General de la Ciudad
reconoció “la intensa labor” del SAME y la capacidad del personal, pero señaló
que “las falencias existen y el Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de
solucionarlas y no seguir arrastrándolas años tras años como está sucediendo”.
Afirmó que esa solución debe llegar “más aún cuando se trata de un sistema de
atención que (Horacio) Rodríguez Larreta y (María Eugenia) Vidal quieren
extender al conurbano”.
Luego recordó que en diciembre de 2015 se derogó la Ley
1850, “sancionada en 2005, justamente después de la tragedia de Cromañón, que
exigía la presencia de un enfermero junto al médico en cada ambulancia”. Segura
subrayó que “en vez de promulgar leyes para mejorar el Sistema de Emergencia,
hacen lo contrario”.
Tomada anticipó que desde el bloque del FpV van a seguir “de
cerca” el tema y presentarán “un pedido de informe para que expliquen cómo se
llegó a este nivel de abandono y deterioro, que se verifica en el equipamiento,
en las prestaciones y en la precariedad de las condiciones de trabajo”.
Fuente: Página 12