El aumento aplicado al precio de los cigarrillos -el mayor
de los últimos 15 años-, que generó quejas de los consumidores, está a favor de la salud. Desde la salud pública es
una medida bien recibida porque está demostrado que desalienta el consumo -y su
inicio en los más jóvenes-, a la vez que reduce la carga de enfermedad que
genera el humo de tabaco y sus costos para el sistema sanitario.
Recordemos que el Gobierno de Mauricio Macri elevó al 75% la
alícuota de impuestos internos al tabaco, y con esa medida se salvarán vidas.
Se evitarán 2.500 muertes por año, porque habrá menos fumadores y menos
adolescentes que empiecen a fumar. Se evitarán también que los argentinos
sufran 4.200 infartos, 1.100 cánceres y 1.500 casos de ataques
cerebrovasculares anualmente. Un impacto que ya fue comprobado en otros países,
como Brasil, que aumentaron los impuestos, siguiendo la recomendación de la
Organización Mundial de la Salud.
El Ministerio de Salud de la Nación y organizaciones no
gubernamentales salieron a defender la medida. “Es un paso positivo en defensa
de la salud pública”, dijo al diario Clarín Ignacio Zerbino, que forma parte de
la Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico (Aciapo) y de la
Coalición Cáncer Argentina.
Andrés Pichon-Riviere, investigador del Conicet y profesor
de la Escuela de Salud Pública de la UBA, resaltó que “aun con el aumento, en
la Argentina los cigarrillos no serán caros si se compara con otros países,
como los Estados Unidos, donde se cobran más de 6 dólares por paquete”. El
investigador lideró el trabajo para el Instituto de Efectividad Clínica que
evaluó cuántas muertes se evitarán. “Es una medida positiva, que tiene vigencia
hasta diciembre. Llevará a que se reduzca en un 15% el consumo de tabaco”,
afirmó Verónica Schoj, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del
Corazón.
El consumo ya viene bajando con las normas de ambientes
libre de humo desde 2006 en adelante. “Para el próximo año, se necesita que el
Congreso sancione una ley que cumpla con criterios para una política pública de
largo plazo: que sea un impuesto que se actualice anualmente, que afecte a
todos los productos del tabaco y que tienda a reducir la amplitud de precios.
Además, el Estado debe pasar a controlar las ventas del tabaco y el
contrabando”, sostuvo Schoj. Agregó que no es cierto que el aumento de la
alícuota promueva el incremento del contrabando ni del desempleo en el sector
tabacalero. “Es una medida que no afecta a las economías regionales porque la
recaudación de impuestos aumentará en todas las provincias”.
Los datos surgen de estudios de ambas instituciones con
reconocimiento internacional. La información que producen los investigadores
del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (Iecs), entidad afiliada a la
Universidad de Buenos Aires, se usan en el mundo para la toma de decisión en
políticas públicas y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina expuso hace un mes en la primera
audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre tabaquismo y
derecho a la salud en Washington.
La investigación que coordinó Andrés Pichon-Riviere en el
país, Bolivia, México, Brasil, Chile, Perú y Colombia, indica que los sistemas
de salud público y privado necesitan $ 33.326 millones por año para atender las
complicaciones que causa el consumo o la exposición pasiva al humo de tabaco.
Es decir, tres veces más que lo que el Estado estaba recaudando por impuestos
al sector.
Fuente: El Litoral
