La Justicia ya avaló 214 reclamos; es el 73% de los pedidos
realizados en 2015.
La justicia federal le notificó al Ministerio de Salud de la
Nación que deberán cubrirse los reclamos de 214 pacientes por problemas para
acceder a ciertas prestaciones. Eso ya es el 73% de todos los amparos
judiciales informados el año pasado. Medicamentos, prótesis y tratamientos en
general son los principales motivos de reclamo.
La información a la que accedió LA NACION indica que entre
2014 y lo que va del año la cartera a cargo de Jorge Lemus recibió 821 amparos
con sentencia favorable. Eso incluye tanto los reclamos de beneficiarios de los
programas nacionales que brinda y debe cubrir el Ministerio de Salud, como de
usuarios de prepagas y obras sociales. En este último caso, la notificación es
solamente informativa; la cobertura se ordena a cada prestador.
En 2014 la justicia federal ordenó cubrir 313 tratamientos,
mientras que el año pasado la cifra cayó levemente a 294 reclamos. Este año,
las autoridades sanitarias ya acumulan 214 amparos por atender.
El aumento de los números para este año se debería a una
deuda de la gestión anterior con los prestadores de uno de los programas de
cobertura nacional. Desde el ministerio informaron a LA NACION que hubo un
crecimiento de los reclamos de parte de los beneficiarios del Programa Federal
Incluir Salud, también conocido como ex Profe por su nombre original: Programa
Federal de Salud.
El programa Incluir Salud brinda cobertura sociosanitaria a
las personas con discapacidad, los adultos mayores en situación de pobreza, las
mujeres con siete hijos o más o los pacientes con enfermedades que demandan
tratamientos de alto costo, como son el cáncer, la hemofilia o la esclerosis
múltiple.
A marzo de este año, la deuda con los prestadores ascendía a
unos 350 millones de pesos, de acuerdo con los registros del proceso de
regularización de los pagos a los proveedores desde diciembre pasado que se
realiza a través de las provincias. Esos pagos se habían suspendido entre mayo
y junio del año pasado, aunque el presupuesto del programa superaba los 7500
millones de pesos, según informes oficiales sobre Incluir Salud. En 2014, el
programa contaba con 1.048.390 beneficiarios.
Además de los tratamientos, las intervenciones y los
servicios de rehabilitación que necesitan las personas con alguna discapacidad,
hay enfermedades consideradas de muy alto costo que destruyen cualquier
economía hogareña, más allá del nivel de cobertura que se tenga. Son más de un
centenar los trastornos oncológicos, inmunológicos y hereditarios que pueden
empobrecer a una familia cuando los tratamientos necesarios superan el 34% de
los ingresos e incluyen medicamentos con precios en dólares.
Justamente, el acceso a esas terapias es el principal motivo
de judicialización de la salud en nuestro país. El año pasado, en unas jornadas
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires a propósito de los
problemas de acceso a los llamados medicamentos de alto costo (MAC) se dijo que
los amparos judiciales sólo para que las obras sociales, las prepagas y el
Estado cubran esas terapias crecen un 10% anual desde hace 16 años.
Una forma de resolver este problema es contar con
información de seguridad, eficacia, efectividad y costos basada en la mejor
evidencia científica disponible y con acceso público. Esto, como en otros
países, permitiría unificar criterios de atención en todos los subsistemas del
sistema sanitario del país.
En el ministerio que dirige Lemus consideran que, para eso,
es fundamental contar con una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias,
que es como se conoce a esos organismos técnicos. De hecho, a mediados del mes
pasado, el Senado recibió un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para crear la
Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet).
La evaluación técnica se aplica en el mundo a fármacos, equipos,
procedimientos quirúrgicos, métodos diagnósticos y hasta estrategias de
prevención con "criterios de eficacia, efectividad, equidad y la relación
entre el costo y la efectividad", como se cita en la iniciativa. Así, los
jueces contarían con argumentos científicos para respaldar sus fallos y
proteger a los pacientes.
Los reclamos, en cifras
Desde 2010: los amparos crecen un 10% anual
214: en 2016, una deuda con prestadores aumentó los reclamos.
294: en 2015, la falta de cobertura de fármacos, prótesis y tratamientos,
los motivos.
313: en 2014, el primer registro oficial disponible hasta ahora.
Fuente: La Nación