El proyecto había obtenido dictamen favorable de la Comisión
de Salud de Diputados, pero quedó frenado en la de Legislación General. Si no
es tratado antes de fin de año, alertaron los activistas, “habría que
recomenzar de cero”.
Las ONG que trabajan en los temas de salud, especialmente
con las enfermedades de transmisión sexual (ETS), nucleadas en el Frente por la
Salud de Personas con VIH, advirtieron que el país necesita actualizar la ley
que rige y garantiza tratamientos en estos casos, porque la normativa vigente
data de los años 90 y no contempla los aspectos sociales y laborales de la
enfermedad ni tampoco a las hepatitis virales. “Es urgente contar con una nueva ley que tenga enfoque
integral y perspectiva de derechos humanos y necesitamos el compromiso de
nuestros representantes en el Congreso para lograrlo”, expresó Lorena Di Giano,
directora ejecutiva de Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo). En Argentina
aproximadamente 126.000 personas viven con VIH y 800.000, con hepatitis C.
La ley vigente actualmente es la 23.798. Sancionada en la
década del 90, en su momento fue innovadora y eficaz, pero ahora –aseguran los
integrantes del Frente, es obsoleta e insuficiente.
El 13 de junio, la Comisión de Acción Social y Salud Pública
de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable a un proyecto presentado por
las organizaciones, pero desde entonces el texto quedó frenado y a la espera de
tratamiento en la Comisión de Legislación General. En caso de que no sea
tratado antes de fin de año, advirtieron los activistas del Frente, podría perder
estado parlamentario y volver a foja cero.
El proyecto presentado (N° E6139-D-16) es una reforma de la
ley existente y fue trabajado y consensuado durante más de tres años por redes
y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y hepatitis,
instituciones de la sociedad científica, organismos internacionales y de
actuación estatal nacional y provincial.
Uno de los avances de ese texto con respecto a la ley
vigente es que incorpora garantías para
la prevención y tratamiento de las hepatitis virales y las ETS. Actualmente,
las hepatitis no cuentan con marco normativo; hay faltantes de medicamentos
para hepatitis C y 500 personas están en lista de espera para acceder a la
cura. Además, el proyecto contempla los aspectos sociales de las enfermedades
con perspectiva de derechos humanos; contempla a niños y niñas, adolescentes y
jóvenes nacidos con VIH; prevé la conformación de un observatorio contra el
estigma que aún afecta a las personas con VIH y su entorno; y establece,
también, sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo.
“Una de las cosas importantes de modificar la ley vigente es
que incluye la lucha contra las ETS y las hepatitis virales dentro de la
declaración de interés nacional. Esta declaración obliga al Estado a tener
stock y a entregar los medicamentos y los insumos necesarios para el
tratamiento de estas enfermedades. En este momento hay personas en período
terminal por hepatitis C y los medicamentos están faltando. El problema es que
son carísimos. Desde el 2014 hay cura para esta enfermedad, pero cuesta a razón
de mil dólares la pastilla”, detalló José María Di Bello, secretario del GEP.
Di Bello señaló que, desde el 13 de junio, cuando la
Comisión de Salud dio dictamen favorable al proyecto, los activistas esperaron
“la reunión conjunta de comisiones para que pueda acceder al recinto”. “Pero
cajonean todas las leyes que propendan a la mejor atención y al acceso. Incluso
pedimos una reunión con Jefatura de Gabinete. Nos la dieron, y después la
pospusieron para después de las elecciones”, añadió.
“Exigimos que la Comisión de Legislación General y la
Comisión de Presupuesto y Hacienda convoquen a una reunión conjunta para darle
tratamiento y dictamen al proyecto en el que las organizaciones de afectados
hemos venido trabajando consensuadamente hace más de tres años, a fin de llegar
a tiempo al recinto y que no pierda estado parlamentario. Ya tenemos el
compromiso del presidente de la Comisión de Legislación General, el diputado
Daniel Lipovetzky. Estamos esperando que el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, el diputado Luciano Laspina, acepte realizar esta
reunión conjunta de comisiones. Mientras tanto en Argentina hay personas que en
fases avanzadas de hepatitis C esperan un tratamiento que no llega y se les va
la vida”, insiste Di Bello.
Todos los años, la ONU destaca la necesidad de controlar la
estigmatización y la discriminación de las personas con VIH y otras ETS como un
aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida. En este sentido, el
conjunto de organizaciones que desarrolló este proyecto de modificación a la
Ley 23.798 hizo hincapié en la prohibición de tests obligatorios en el ámbito
laboral, de educación y sanitario.
“Si tenemos en cuenta que en la Argentina el 30 por ciento
de los infectados con el VIH y el 70 por ciento de los que tienen el virus de
la hepatitis C desconocen su situación, queda clara la necesidad de la
prevención y la protección de estas personas. Por eso además el proyecto
incluye la protección de niños y adolescentes con estos virus y avanza en los
aspectos sociales de esta protección”, concluyó Di Bello.
Fuente: Página 12
