Según expertos, hay barreras pese a que por ley el
tratamiento debe ser cubierto por obras sociales y prepagas. De modo privado,
las prácticas salen al menos $ 150.000 y las drogas, más de $ 50.000.
“Nuestra vida es un reclamo constante”, define Gisela De
Antón, presidenta de Concebir Asociación Civil, que se dedica a asistir y
acompañar a personas con problemas de fertilidad. Y explica cuáles suelen ser
las trabas con las que se encuentran las parejas de todo el país que encaran
los tratamientos de fertilización asistida. Prácticas que, por ley, deben ser
cubiertas por obras sociales y prepagas.
“Esto es cosa de todos los días. En líneas generales, las
obras sociales cubren mejor que las prepagas. Pero diariamente nos encontramos
con casos como que cubren el 50% de la medicación y el 100% del tratamiento; o
al revés, cubren 100% de la medicación y 50% del tratamiento. Esto así no
sirve, la ley dice que la cobertura es integral. Entonces ahí empiezan los
reclamos”, añade. Y no es un detalle menor, ya que se trata de drogas que
cuestan entre 50 y 60 mil pesos.
“La ley no fue del todo clara”, considera De Antón. La ley
26.862, que garantiza el acceso en forma gratuita a tratamientos de
reproducción asistida, fue sancionada y reglamentada en 2013. Sin embargo,
recién este año se estableció, mediante un decreto, qué alcance tiene la
cobertura que deben brindar las prepagas y obras sociales. Esto es, qué tipo de
tratamientos, qué incluyen y cuándo arrancan y cuándo terminan cada uno de
ellos.
La ley permite tres tratamientos completos de alta
complejidad. "Tratamiento completo", según quedó establecido en el
último decreto, consiste en la estimulación ovárica, el proceso de aspiración
de óvulos, su fecundación y la transferencia de embriones. La nueva
reglamentación también aclaró que pueden ser hasta tres transferencias como
parte de la misma intervención. Estas aclaraciones a la norma fueron un gran
avance en la materia, para dar cobertura a tratamientos que realizados en forma
privada cuestan más de 150.000 pesos.
“La promulgación de la ley 26.862 fue una medida muy
positiva para los pacientes en su momento. Pero trajo una dificultad al ser una
ley de cobertura y no integral. Trajo problemáticas, porque hay cuestiones
esenciales técnicas no contempladas en la ley”, explica la doctora Stella
Lancuba, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.
En líneas generales, dice, la cobertura con los sistemas
financiadores en Capital Federal es buena. “Los problemas que persisten están
vinculados a la cobertura de la criopreservación embrionaria. No hay claridad
de criterio sobre la cobertura o no de eso”, añade. A esto se suma, además, que
en la Argentina quedó un vacío legal sobre el congelamiento embrionario. “No
hay una norma en cuanto al manejo de embriones excedentes. No está especificado
en la ley. Hay un gris en la normativa”, agrega la especialista.
“Las obras sociales son más humanas. Las prepagas súper
importantes son con las que más hay que lidiar. Y muchas veces que te aprueben
o no la cobertura depende de la actitud. Va uno, le dicen que sí. Viene otro
atrás y le dicen que no”, resume la presidenta de Concebir.
En cuanto a las diferencias de cobertura que se dan en distintos
lugares del país, De Antón dice que “en las provincias donde no adhirieron a la
ley hay muchos problemas". "Después hay casos como Mendoza -grafica
De Antón-, que cuenta con centros de fertilidad, pero quizás una prepaga no
tiene convenio con ese centro y la pareja se tiene que venir a Buenos Aires
para el tratamiento. ¿Quién te cubre el viaje y la estadía?”.
Fuente: Clarín
