El organismo público hizo dos pedidos de información a la
cámara empresaria del sector. Sospechan que acuerdan e inflan los precios. Los
prestadores de salud se defienden.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)
investiga si las clínicas privadas de todo el país están cartelizadas e inflan
los precios de las prestaciones, supo TN.com.ar de fuentes de ese organismo
gubernamental.
En ese contexto, realizó dos pedidos de informes a la
Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa),
entre fines de 2017 y fines de marzo. Busca determinar si las organizaciones
empresarias que representan a los nosocomios privados fijan precios de
referencia que terminan por afectar la competencia en esta rama del mercado de
la salud.
La CNDC inició la investigación de oficio, como secuela de
un expediente por el cual multó, en agosto del año pasado, a las clínicas y
sanatorios de la provincia de Salta.
A mediados de agosto de 2017, la CNDC multó por casi 23
millones de pesos a quince clínicas salteñas. Entendió que estaban
cartelizadas, ya que, a través de una federación provincial, coordinaban
precios.
En ese entonces, el secretario de Comercio, Miguel Braun, y
el director de la CNDC, Esteban Greco, anunciaron que iniciarían una
investigación a nivel nacional. Según Greco, la CNDC comprobó que Confeclisa, a
través de una comisión nacional de costos, "ha establecido valores referenciales
que los sanatorios usaron como elemento para coordinar precios".
El organismo de defensa de la competencia sospecha desde
entonces que las mismas prácticas pudieron extenderse al resto del país.
"Tenemos elementos para afirmar que esto influye, también, en el Noreste,
el Noroeste, la Mesopotamia y Santa Fe, y puede extenderse al resto del
país", dijo Greco en diálogo con la prensa el 23 de agosto pasado.
Según Defensa de la Competencia, las entidades gremiales
empresarias no deben compartir información sobre precios y otros datos
vinculados a las estrategias de mercado de sus integrantes.
En diciembre, la CNDC avanzó con la investigación y corrió
traslado a Confeclisa para que la cámara empresaria hiciera su descargo. Las
respuestas llegaron en marzo. Y motivaron nuevas preguntas del ente
gubernamental, por lo que la pesquisa sigue su curso.
Confeclisa agrupa a federaciones y asociaciones de clínicas,
sanatorios y hospitales de todo el país. Las representa ante los poderes
públicos. En sus comunicados, predominan reuniones con funcionarios del PAMI,
por caso.
El PAMI, las clínicas y las prepagas
TN.com.ar consultó a esta entidad empresaria sobre la
investigación. Las respuestas llegaron en un e-mail firmado por el presidente
de la cámara, Ramón Lozze. "Confeclisa es una entidad de carácter
esencialmente político gremial, con fuerte predominio de actividades de
capacitación y gestión para el desarrollo del sector. No fija, ni debe fijar
precios ni aranceles porque no es su finalidad, ni influye en la concertación
de éstos, toda vez que en este aspecto cada distrito (región o provincia) es
completamente autónomo", sostuvo. Y agregó que "en todo lo relativo a
los aspectos económicos del sector, se nutre esencialmente de la información
que recibe de las asociaciones y federaciones de clínicas del interior en la
medida que éstas lo proporcionen".
Los principales clientes de los centros de salud son las
obras sociales y las prepagas. De existir la cartelización que investiga la
CNDC, los ciudadanos sentirían su impacto de manera indirecta. Si las clínicas
cobran caro a los prestadores de salud, las cuotas de las empresas de medicina
prepaga son más caras.
Pero las prepagas hacen una interpretación distinta: el
principal cliente de las clínicas y hospitales privados nucleados en Confeclisa
es el propio Estado, a través de PAMI y otras obras sociales públicas, como la
bonaerense IOMA.
Lo dijo Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, en
diálogo con TN.com.ar. "En el mercado de la salud hay determinados
segmentos de compradores únicos. Estas clínicas dependen, en su mayoría, de
PAMI, de IOMA, hay un comprador único. Muchas veces, estas cámaras se unifican
para tener negociaciones en conjunto. Las empresas de medicina prepaga usan
poco estas clínicas, y las que las usan tienen negociaciones individuales. La
cuestión es entender dónde se produce el monopolio de mercado, si se produce en
el poder de compra", aseveró.
Esto no es menor. Hace un mes, el PAMI y los grandes
laboratorios del país sellaron un acuerdo para transparentar las licitaciones y
bajar los precios que paga el Estado por los medicamentos para los afiliados de
la obra social. No fue una negociación fácil, ni mucho menos. Y el fantasma de
la CNDC estuvo presente.
Según fuentes que participaron de esas discusiones, el
Gobierno amenazó con denunciar a los laboratorios ante la CNDC por
catelización. El acuerdo despejó el panorama, pero hay funcionarios que todavía
deducen que, si los laboratorios pudieron bajar los precios de manera
significativa, es porque no competían.
En esa línea, Lozze, de Confeclisa, respondió: "En
cuanto a valores de las prestaciones, corresponden principalmente a los que el
PAMI y las obras sociales están dispuestos a pagar, ya que el subsector de la
seguridad social al que pertenecen mayoritariamente nuestros asociados no es
formador de precios".
La actual ley de Defensa de la Competencia impone multas de
entre 10.000 y 150 millones de pesos a quienes incurran en actos contrarios a
esa norma. La ley castiga, entre otras conductas, la de "fijar, concertar
o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes
o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar
información con el mismo objeto o efecto".
El 19 de abril, el Senado aprobó con cambios una nueva ley
de Defensa de la Competencia, que ahora deberá ser convalidada por Diputados
-que ya había dado media sanción. La nueva norma endurece las penas para los
carteles, acuerdos de precios y repartos de mercado. Si bien hay distintos
criterios para fijar las multas, pueden llegar hasta los 4000 millones de pesos
o hasta el 30 por ciento de la facturación afectada por la conducta,
multiplicada por la cantidad de años en que se incurrió en le acto ilícito.
Fuente: TN
