Mientras el Senado analiza el proyecto de ley sobre el
aborto , una comisión internacional de especialistas en salud sexual y
reproductiva eligió el país para presentar un informe que define una canasta
básica de nueve servicios esenciales. ¿Su costo? Unos 9 dólares por persona por
año.
Los 16 investigadores de la Comisión Guttmacher-Lancet, que
incluye dos representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
revisaron desde 2016 estadísticas, evidencia científica y legislación de todas
las regiones. En mayo pasado, la revista The Lancet publicó los resultados del
informe "Acelerar el avance", que se presenta hoy, a las 18, en uno
de los auditorios del Congreso de la Nación .
"Varias décadas de investigación demuestran los
beneficios de invertir en salud sexual y reproductiva. A través de numerosos
acuerdos internacionales, los gobiernos se comprometieron con esa inversión
-señala la comisión-. El débil compromiso político, los recursos inadecuados,
la discriminación persistente contra las mujeres y las chicas, así como la
falta de voluntad para abordar de manera abierta e integral cuestiones
relacionadas con la sexualidad, frenaron el avance de esos compromisos".
Eso se traduce en falta de acceso a anticonceptivos,
tratamiento de infecciones de trasmisión sexual (ITS), educación sexual o
atención prenatal adecuada, entre otros. "Casi todas las personas en edad
reproductiva (15 a 49 años) carecerán al menos de un servicio esencial de salud
sexual y reproductiva", afirma la comisión. En el mundo, son 4300 millones
de personas.
Ante este escenario, que anticipa dificultades para que los
países cumplan con algunas de las metas de desarrollo humano que fijó Naciones
Unidas para 2030, la Comisión Guttmacher-Lancet propone incorporar a la
cobertura universal de salud nueve prestaciones esenciales:
- educación sexual integral
- consejería y servicios para acceder a anticonceptivos modernos
- atención prenatal, en el parto y posnatal, incluidos los cuidados obstétricos y neonatales de emergencia
- servicios de aborto seguro y atención de las complicaciones del aborto inseguro
- prevención y tratamiento del VIH y otras ITS (en especial, las cuatro curables: sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis)
- prevención, detección y atención para víctimas de violencia sexual con perspectiva de género
- prevención, detección y manejo de los cánceres reproductivos
- información, consejería y servicios de subfertilidad e infertilidad
- información y servicios relacionados con la salud y el bienestar sexual
Y esto no solo es cuestión de mujeres. "El informe
identifica la necesidad de incrementar el rol del hombre en la salud y los
derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en apoyar a las mujeres en la
toma de decisiones, en el ejercicio de sus derechos y en su empoderamiento",
explicó Laura Laski, coautora del informe y exjefa de la Subdivisión de Salud
Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas.
Para Susheela Singh, vicepresidenta de investigación
internacional del Instituto Guttmacher, "atender las necesidades de
anticoncepción, aborto y atención materna e infantil en los países en
desarrollo costaría 9 dólares por persona por año, lo que es una inversión
accesible, en especial porque, en promedio, la mitad ya se invierte para cubrir
el costo de los servicios de atención disponibles, a la vez que aportará
enormes beneficios".
Para eso, los países "deben determinar sus prioridades
en el corto plazo y hacer las reformas institucionales para avanzar en su
desarrollo futuro" y garantizar el acceso a los servicios esenciales aun
durante crisis económicas. "Se recomienda que los países amplíen el acceso
a esas prestaciones progresivamente, de acuerdo con los recursos y el contexto
político", dijo Singh ayer a LA NACION, recién llegada al país.
Y afirmó: "Cuando se trata de salud y derechos sexuales
y reproductivos, la Argentina siempre ha sido un líder en la región".
Laski, que también es asesora en telemedicina de la Early
Signal Foundation de Nueva York, opinó que habría que comenzar por
"enfocar los esfuerzos en los grupos más marginales y en condiciones de
pobreza con dificultades para ejercer sus derechos".
Incluyó a los adolescentes y los jóvenes. "Asegurar que
ellos ejerzan sus derechos al inicio de sus vidas sexuales y reproductivas
apuesta a que estas generaciones crezcan conscientes de que tienen derechos y
que los ejercen. Esto es bueno y saludable para ellos y para los que siguen
atrás -sostuvo Laski ante la consulta de LA NACION-. En relación a las mujeres
más pobres, muchos datos nos dicen que el ejercicio de estos derechos las
pondrá en mejores condiciones en el desarrollo y sus esfuerzos para salir de la
pobreza, lograrán una vida más sana y las acercará más la idea de la igualdad
de género".
Silvina Ramos es investigadora del Área Salud, Economía y
Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes). Consideró
"pertinentes y aplicables" las recomendaciones. "Los derechos
sexuales y reproductivos son centrales para la vida de las personas y sin su
ejercicio pleno se comprometen las oportunidades de desarrollo personal y de
inserción social, particularmente para las mujeres y adolescentes. Ya no hay
lugar para ninguna barrera, excusa, desatención o negativa", afirmó.
Para Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM), el informe "es muy importante en un país
donde aún es tan fragmentada la atención de la salud y, por eso, estamos
gastando muchos más recursos que los necesarios". Explicó que "la
propuesta de una canasta básica, que costaría 9 dolares por habitante por año,
en nuestro país es mucho más cara porque las mismas prestaciones las brindan
distintos sectores, por lo que hay una superposición de prestaciones sin
efectividad". Y afirmó: "Es una buena oportunidad para revisar
nuestras prioridades y reconocer que el debate sobre el aborto abrió la
posibilidad de hablar sobre la educación sexual integral".
Nueva definición
El informe "Acelerar el avance" de la Comisión
Guttmacher-Lancet incluye una nueva definición de salud sexual y reproductiva,
más amplia, que no se limita a la ausencia de enfermedad.
"Es un estado de bienestar físico, emocional, mental y
social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción,
no simplemente la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencias. Por lo tanto,
un acercamiento positivo a la sexualidad y la reproducción debería reconocer el
papel desempeñado por las relaciones sexuales placenteras, la confianza y la
comunicación en la promoción de la autoestima y el bienestar genera", se
lee en el documento.
Además, enumera los derechos sobre los que se sustenta:
- que se respete la integridad corporal, privacidad y autonomía personal
- definir libremente la propia sexualidad, incluida la orientación sexual y la identidad y expresión de género
- decidir si ser sexualmente activo y cuándo serlo
- elegir a las parejas sexuales
- tener experiencias sexuales seguras y placenteras
- decidir si casarse, cuándo hacerlo y con quién
- decidir si, cuándo y de qué manera tener uno o más hijos y cuántos hijos tener
- tener acceso a la información, los recursos, los servicios y el apoyo necesarios para lograr todo lo anterior, libres de discriminación, coerción, explotación y violencia
