Cualquier sistema de salud persigue dos grandes objetivos:
mejorar la salud maximizando el avance científico y tecnológico y asegurar que
esos beneficios lleguen a todos. Todos los países, aun los más ricos, se
enfrentan al dilema de disponer de recursos limitados con necesidades
crecientes. Esto significa tener que priorizar, y priorizar implica
necesariamente optar sobre qué tecnologías serán cubiertas, para quiénes, en
qué circunstancias, con qué presupuesto y a qué precio.
El gasto en salud en la Argentina es uno de los más altos de
América Latina, alcanzando casi 10% del PBI. Este proceso se ha visto acelerado
en las últimas dos décadas por la aparición masiva de nuevos medicamentos,
dispositivos y prácticas, e impulsado en gran medida por la prescripción de
nuevas drogas, en muchos casos más efectivas, pero al mismo tiempo
extremadamente más costosas. En este contexto de mayor demanda de servicios
debido al envejecimiento de la población, asociado a la epidemia de
enfermedades crónicas, la presión sobre los sistemas de salud no tiene
precedente.
El término tecnología sanitaria se refiere al "conjunto
de medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos o quirúrgicos empleados
en la atención sanitaria, así como los sistemas organizativos dentro de los
cuales se brinda dicha atención".
En este sentido, el problema resulta del conflicto creciente
entre la oferta de nuevas drogas, dispositivos o prácticas, cada vez más
sofisticadas y prometedoras por un lado y el permanente e insostenible aumento
del gasto en salud por el otro. Como un ejemplo real, podemos decir que un
nuevo tratamiento para una enfermedad neurológica grave de la infancia, que
mejora parcialmente el pronóstico para un niño que es afectado, puede costar lo
mismo que la aplicación de todas las vacunas obligatorias para cientos de miles
de niños. No es una exageración. Obviamente, esto dispara dilemas éticos de muy
difícil solución, pero que como sociedad madura debemos abordar.
La falta de un marco normativo y regulatorio claro que
defina las políticas de cobertura puede significar que quien más necesita un
medicamento no sea quien lo obtiene, y que quien finalmente lo obtiene no es
quien más lo necesita, sino a veces quien tiene mayor influencia sobre las
autoridades sanitarias o más predicamento para lograr amparos judiciales. Esto
último no hace más que ensanchar la brecha de inequidad en el acceso a los
servicios de salud en nuestro país. Esta debilidad, que promueve la
"judicialización" de las decisiones sanitarias, atenta contra la
justicia distributiva ya que concentra desproporcionadamente recursos en los
pocos pacientes que presentan las demandas, como si se atendiera al primero que
llega y no al que tal vez más lo necesite.
Por eso, quienes tenemos la responsabilidad de financiar la
salud, necesitamos contar con evidencia científica robusta para tomar
decisiones transparentes y legítimas a la hora de fijar prioridades. La
evaluación de tecnologías sanitarias responde a esta demanda ya que, si las
decisiones de cobertura no se realizan sobre criterios prioritarios objetivos,
explícitos y transparentes, sustentados en la ciencia, pero que también
reflejen los valores y las preferencias sociales, se corre el riesgo de
producir una asignación ineficiente de recursos otorgando subsidios a
intervenciones sin beneficio o incluso perjudiciales, o impidiendo o demorando
el acceso de pacientes a tratamientos útiles. Aún más, la decisión de cubrir
nuevas tecnologías por parte del Estado implica una responsabilidad social que
debe guardar relación con los beneficios adicionales a nivel individual y
poblacional en función de los recursos adicionales implicados en su uso. Hay
evidencia contundente de que casi 30% de los procedimientos médicos realizados se
basan en indicaciones inapropiadas. Esta realidad es la que ha llevado al
desarrollo en otros países del mundo de agencias de evaluación de tecnologías.
La mayoría de los países industrializados de Europa, Australia y Canadá, pero
también otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia y México, ya
cuentan con agencias que asesoran a los gobiernos para facilitar la toma de
decisiones sobre políticas de cobertura sanitaria.
Hoy la ley de creación de la Agencia Nacional de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias (Agnet) está debatiéndose en el Senado de la Nación.
Si se sancionara este proyecto de ley, sus recomendaciones alcanzarán al sector
público nacional y a los agentes y sujetos alcanzados por el Programa Médico
Obligatorio (PMO), que incluye las obras sociales nacionales y las entidades de
medicina prepaga. Es probable que la mayoría de las provincias así como las
obras sociales provinciales adhieran ulteriormente, por lo que casi todos los
financiadores del sistema de salud estarán comprendidos en sus decisiones. Más
allá de que la Agnet contribuirá a asegurar la sustentabilidad del sistema de
salud, dándole mayor transparencia y legitimidad a las prestaciones cubiertas
por el PMO,. sin dudas permitirá también pavimentar el camino de la ampliación
de la cobertura efectiva de salud para que todos los argentinos,
independientemente de las características del acceso, el lugar de nacimiento,
la capacidad de pago o el tipo de cobertura sanitaria, puedan gozar de un
sistema de salud más justo, más eficiente y con mejor calidad.
Fuente: La Nación
