El relevamiento fue realizado por la Secretaría de Salud y
la OPS. El 40% de los internados aseguró no haber tenido salidas en el último
mes.
"Tenemos que terminar con la lógica de que el loco es
peligroso y hay que aislarlo". Lo afirmó Luciano Grasso, director nacional
de Salud Mental y Adicciones. Su frase es porque actualmente hay en la
Argentina 12 mil personas internadas por motivos de salud mental. Y el promedio
de tiempo de internación es de 8 años. Así se desprende de 1° Censo Nacional de
Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, que llevó a cabo la Secretaría
de de Gobierno de Salud de la Nación, con el apoyo de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
El relevamiento –que se inscribe dentro de lo establecido en
el art. 35 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657–, se realizó durante el
año 2018 y 2019 e incluyó a todas las instituciones públicas y privadas con
internación monovalente del país. En total se censaron 162 instituciones, 41 de
las cuales pertenecen al sector público.
La misma ley exige que los hospitales monovalentes dejen de
existir en el país, es decir, que se conviertan en hospitales de día o
generalistas en los que la internación psiquiátrica sea una de sus
especialidades. Sin embargo, según publicó Clarín en junio, se avanzó muy poco
al respecto. Incluso, la ley daba, en 2010, 180 días para realizar el primer
censo, y recién ahora eso se concretó. "Deberíamos estar ya por el quinto
censo", admitió Grasso.
Los principales resultados indican que de las 12.035
personas internadas por motivos de salud mental, la mitad de ellas se
encuentran alojadas en instituciones del sector público. El lapso de
internación de los pacientes promedia los 8,2 años: 12,5 años en el sector
público y de 4,2 en el sector privado.
En cuanto a las características de la población internada,
la media de edad fue de 50 años y el rango fue de 37 a 63 años. El mínimo
registrado de edad es de 7 años y el máximo, de 96. En lo que respecta a la
identidad de género: el 49,1% se identificó como masculino; el 45,4% como
femenina; el 0,5% intersexual; el 4,7% figura sin dato y un 0,2 se reconoció
como trans femenina y trans masculino.
Otros de los aspectos censados fueron la situación económica
y de vivienda de las personas internadas. El 68,8% manifestó tener ingresos,
aunque el 72% de estas refirió no administrarlos. En tanto, el 58% de las
personas internadas dijeron tener vivienda, pero sólo el 74% de estas aseguró
poder disponer de la misma.
Con respecto a la cobertura de salud, el 21% de la población
internada manifestó tener cobertura pública exclusiva. El 53,6 tiene cobertura
de obra social; el 12,6% refiere que tiene un plan estatal; el 8% prepaga y el
resto tiene alguna tramitación en curso o no refiere datos.
El censo también tuvo un apartado para establecer si las
personas internadas tuvieron acceso a distintos canales de comunicación y
realización de salidas. En ese sentido, el 41,6% de las personas dijo poder
realizar llamadas telefónicas y el 34,1 % no recibió visitas. Aunque el 40,4%
de las personas refirió no hacer salidas en el último mes, ya sea solo o
acompañado.
Grasso explicó a Clarín que "no hay datos regionales o
incluso de otras partes del mundo para comparar la cantidad de internados en
neuropsiquiátricos en la Argentina con los de otros países". Pero aseguró
que el diagnóstico que arroja el censo "confirma la persistencia de un
modelo tradicional en el que la respuesta privilegiada a los problemas de salud
mental es la internación. Hay gente que terminan muriendo en un
neuropsiquiátrico".
Parte de ese modelo tiene que ver con cómo se invierte el
presupuesto en salud mental hoy en la Argentina. "El 80% está destinado a
hospitales monovalentes y el 20% a dispositivos comunitarios", explicó
Grasso, como parte de las cosas que deberían cambiar en las políticas públicas.
"Ya hay algunas experiencias que avanzan en esta transformación",
dijo el funcionario.
La información para el censo se recabó en 21 jurisdicciones
y en esta etapa no se incluyeron las provincias de Santa Cruz; Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Formosa por no contar con
instituciones monovalentes.
Fuente: Clarín
