🗓 Jueves 22 de abril
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miércoles, 14 de abril de 2021
miércoles, 31 de marzo de 2021
Sin usar la palabra eutanasia, llegará al Congreso el proyecto de ‘ley Alfonso’
Podría ingresar en abril con apoyos transversales. Cuáles son los puntos centrales de la iniciativa, inspirada en el caso de un cordobés que padeció ELA y falleció en 2019.
Después de la experiencia de trabajo transversal entre legisladores de diferentes bloques del Congreso de la Nación para la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una experiencia similar germina para plasmar en una norma la posibilidad de poner fin a la vida en casos de enfermedades crónicas y terminales, por decisión exclusiva y pedido expreso del paciente.
En este marco, no se habla de eutanasia. Tampoco de suicidio asistido. El sentido de la norma, que se está terminando de pulir en despachos legislativos, apunta a garantizar “la prestación de la ayuda necesaria para que el paciente pueda morir dignamente”, según explicó a PERFIL CÓRDOBA uno de los redactores del proyecto de la denominada ‘ley Alfonso’.
Una de las diputadas nacionales que comenzó hace tres años a trabajar sobre el tema, es la cordobesa Gabriela Estévez. Sin embargo, la idea no es impulsar el proyecto de manera unipersonal o con su bloque (FdT), sino que los apoyos surjan desde los diferentes espacios políticos con representación parlamentaria, además de instituciones y organizaciones que ya expresaron inquietudes para alcanzar una legislación sobre la práctica.
Ley Alfonso. La experiencia y el pensamiento de Alfonso Oliva fueron inspiradores. En 2014 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que, a medida que progresa, afecta centrales nerviosas y provoca parálisis musculares o la imposibilidad de dominar los movimientos. El médico Carlos ‘Pecas’ Soriano lo acompañó en todo el proceso hasta su fallecimiento, el 3 de marzo de 2019.
Sabiendo que la eutanasia no era legal en Argentina, Alfonso militó el derecho de quienes, como él, experimentan padecimientos extremos a causa de enfermedades. Antes de morir, alcanzó a leer uno de los primeros borradores del proyecto que, muy posiblemente, llegue en las próximas semanas al Congreso.
Los puntos centrales. Para la redacción del texto se analizaron legislaciones de España y Colombia, porque tienen una idiosincrasia similar a la argentina. Desde despachos cercanos a Estévez adelantaron que, conceptualmente, el proyecto procura habilitar el acceso a la práctica. Se trata del derecho a obtener la ayuda para morir “dignamente”. Este último término es un componente sustancial de la iniciativa argentina.
Los requisitos que se prevén son los siguientes:
-Que la práctica sea solicitada por pacientes mayores de 18 años, argentinos o con residencia permanente en nuestro país.
-Pacientes plenamente capaces. En caso de inhabilidad por progresión de la enfermedad, sólo procederá si hay directivas anticipadas del paciente acreditadas ante escribano público. Se considera que es una decisión indelegable.
-Una persona con enfermedad grave, incurable, que le ocasione padecimientos crónicos e imposibilitantes y dolores que ni siquiera los cuidados paliativos los alivien.
Controles cruzados y revisión estatal Otro aspecto es la inclusión de un profesional consultor externo al médico responsable del tratamiento del paciente. También una conserjería de salud mental para acompañar el proceso. El objetivo es garantizar que sea una decisión libre, informada y con autonomía de la voluntad. También prevé la intervención estatal a través de una comisión integrada por abogados, psicólogos y psiquiatras.
Para evitar la burocratización de la solicitud, es pensada sólo como una instancia de apelación, en caso de que existan dudas entre los intervinientes sobre el cumplimiento de todos los requisitos. Habrá objeción de conciencia personal, no institucional, tal como sucede con la ley de IVE. Y habrá una disposición expresa respecto a que los médicos que realicen la práctica no serán perseguidos penalmente.
¿Hay límites en la Constitución? En la elaboración del proyecto de la ley Alfonso se analizan, en profundidad, las bases constitucionales. El artículo 4º de la Carta Magna establece el respeto a la vida y precisa: “Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica”. Por lo tanto, los fundamentos apuntarán a que no hay derecho absoluto a la vida, sino que es un derecho de la persona.
En Colombia, después de la reforma constitucional de 1991, la Corte Constitucional de ese país emitió un fallo que avaló el pedido de eutanasia a un paciente y lo fundamentó en tres cuestiones: el respeto a la dignidad de la persona, la autonomía de su voluntad y declaró que sostener la vida en condiciones de sufrimiento contra esa voluntad es tortura, trato cruel y degradante. En ese país, la eutanasia fue despenalizada en 2005.
Los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen rango constitucional en Argentina, sostienen esos principios. La dignidad de la persona, su integridad psíquica y moral y el respeto a ámbitos personalísimos, en los que el Estado no puede inmiscuirse porque constituiría una injerencia abusiva en la intimidad.
En agosto de 2018, la periodista Marcela Fernández entrevisto para este medio a Alfonso. En ese momento, hacía cuatro años que le habían diagnosticado ELA. Su cuerpo ya estaba paralizado, sólo podía mover pocos músculos faciales, apenas pestañear, cerrar los ojos y sonreír. Esas escasas capacidades le permitían comunicarse a través de una computadora que recibía las órdenes emitidas por sus ojos y seleccionaba las letras para construir palabras. Reproducimos parte de sus declaraciones.
–¿Por qué considerás que se debe abrir la discusión por la eutanasia?
–Por la simple razón de que cada uno tiene derecho a hacer con su vida y con su cuerpo lo que quiera. Y porque en una situación como la mía, cada uno debe decidir hasta cuándo va a sufrir. Con toda la movida de la legislación del aborto, es un buen momento para abrir un debate sobre las personas que están en mi situación y no tienen la posibilidad de quitarse la vida por la razón obvia de la imposibilidad de movimientos. Te explico: mi decisión ya está tomada. El día que la enfermedad ya no me permita tener una vida digna, prefiero dejar de sufrir. Y solo tengo dos opciones. La primera, firmar un documento para que no me conecten un respirador artificial y no me reaviven, según tengo entendido. Pero me gustaría que me orientes para lograr una discusión en el Congreso de la Nación o sobre algún mecanismo para que se trate seriamente. Necesito hacer algo para los que están en mi situación. Yo tal vez no lo vea, porque quizá muera antes. Pero estoy dispuesto a todo lo necesario. A hablar con cada diputado y senador posible y también a lo que haga falta.
-¿Hablaste esto con tu familia?
-Yo siempre tuve en claro que es decisión mía. Pero por
suerte hablé con ellos y están orgullosos de cómo encaro la enfermedad.
Fuente: Diario Perfil
martes, 30 de marzo de 2021
Obras sociales: en lo que va del año ya recibieron $3.700 millones para tratamientos costosos
Las obras sociales recibieron el tercer “adelanto” mensual en lo que va del año por los tratamientos prolongados y más costosos. Hasta ahora fueron $1.000 millones por enero, $1.200 millones por febrero y ahora $1.500 millones por marzo.
Son transferencias de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a las obras sociales del Sistema Único de Reintegros (SUR) por “las solicitudes ingresadas hasta el 22 de marzo del 2021, con el objeto de garantizar el financiamiento del Sistema de Salud realizando una distribución equitativa de los recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución”.
Las mayores solicitudes correspondieron a la Obra Social del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor con $108.447.959, a la obra social del Personal de la Construcción $102.336.334 y la de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina con $90.349.616.
Como viene explicando Clarín, estos fondos no son un aporte del Estado a las obras sociales. El Fondo de Redistribución se financia con una parte de los aportes y contribuciones sobre la masa salarial que va al sistema de obras sociales. Este mecanismo de adelantos a través del Sistema Único de Reintegros del organismo que encabeza Eugenio Zanarini sumó, el año pasado, un total de $23.909 millones.
SUR es un programa de salud que distribuye entre todas las entidades el pago de las prestaciones de tratamiento prolongado y más costosas, de alto impacto económico. Lo que se busca a través del programa es evitar que ese mayor gasto termine concentrado en determinadas entidades, en especial entre las que tienen menor cantidad de afiliados o respaldo financiero.
La Resolución oficial señala que la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros "se encuentra funcionando dinámicamente, mediante un esquema de días y turnos que han posibilitado la presentación de un importante número de solicitudes de reintegro".
La transferencia es un "pago a cuenta" con "el fin de mantener la cadena de pagos y poder afrontar de modo eficaz y oportuno la situación generada por la pandemia de COVID-19". Y dentro de los 180 días la obra social "que no cuente con stock de solicitudes suficiente para la detracción de los adelantos efectuados se les debitaría la suma resultante de los subsidios automáticos", a la vez que deben "estar al día con la presentación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos".
Fuente: Clarín
martes, 16 de marzo de 2021
Posgrado AABA-UBA: Derecho de Salud, Gestión de Organizaciones Sanitarias y Biolegislación
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