Del juicio en Francia participaron 150 mujeres argentinas.
Ahora quieren que las indemnicen.
El fundador de la empresa de siliconas Poly Implant Prothèse
(PIP) fue condenado hoy a cuatro años de cárcel por haber vendido durante años
prótesis mamarias fraudulentas. Los otros cuatro acusados en este juicio por
engaño agravado y estafa, todos ex directivos de la empresa, recibieron penas
de entre 18 meses y tres años, en parte condicionales.
Jean-Claude Mas, de 74 años de edad, permaneció
imperturbable al anunciarse el veredicto. También fue condenado a 75.000 euros
de multa y a una prohibición definitiva de ejercer en el sector médico y de
dirigir empresas. La fiscalía había pedido contra él, calificándolo de
"aprendiz de brujo de las prótesis", cuatro años de cárcel y 100.000
euros de multa.
Medio centenar de víctimas estaban presentes en el juzgado,
de las 7.113 que participaron de la demanda en el juicio, que empezó en abril.
Del total de damnificadas que están accionando en la Justicia, hay 2.500
extranjeras, de las cuales 150 son argentinas. Además de la condena penal que
recibió hoy Mas, todas reclaman una indemnización al Estado francés.
Los otros directivos condenados son Hannelore Font, Claude
Couty, Loic Gossart y Thierry Brinon. Todos reconocieron el fraude, descubierto
en marzo de 2010, que consistía en utilizar un gel de silicona no homologado
para uso médico en vez del gel Nusil autorizado y que la firma declaraba
utilizar. Pero Mas, que pidió disculpas ante el tribunal, persistió en negar la
nocividad del producto que utilizaba e insistió en que sus prótesis no eran
peligrosas. "El gel PIP no estaba homologado, pero era homologable",
añadió Mas, quien dijo que era "tan biocompatible" como el
autorizado.
El último balance de la Agencia Nacional francesa de
Seguridad de los Medicamentos (ANSM) dio cuenta de 7.500 rupturas y de 3.000
efectos indeseables de las prótesis adulteradas, en particular "reacciones
inflamatorias". El número de portadoras de las prótesis PIP es estimado en
30.000 en Francia y en cientos de miles en el mundo, muchas de ellas
latinoamericanas.
También, fueron demandadas la firma de control de calidad
alemana TUV y la ANSM. En un procedimiento paralelo ante un tribunal civil, la
justicia francesa consideró responsable a la TUV, que tenía a cargo la
certificación de la calidad de las prótesis, estimando que "faltó a sus
obligaciones de control", y la condenó a "reparar los
perjuicios" causados. En esa causa reclaman otras 90 damnificadas
argentinas.
Fuente: Diario Clarín
