Más de 200.000 mujeres fueron presuntamente sometidas a
esterilización forzada en Perú en la década de los noventa, en el marco de un
plan de control demográfico dirigido a los sectores más pobres de la población.
La mayoría eran indígenas y campesinas.
De esa cifra, tan sólo 2.000 casos han sido objeto de una
investigación en los últimos 10 años. Ahora también esos casos han quedado sin
respuesta judicial tras la decisión, adoptada el 22 de enero por la Fiscalía
Penal Supraprovincial de Lima, de archivarlos.
Existen sólidos indicios de que el personal médico que
aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones del gobierno
del entonces presidente Alberto Fujimori para alcanzar cuotas de esterilización
y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento
libre e informado. Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas
con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si
no se sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios
adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas
murieron.
La Fiscalía sólo ha presentado cargos contra el personal
médico presuntamente responsable de la esterilización forzada y posterior
muerte de María Mamérita Mestanza Chávez en 1998. Ni siquiera en este caso se
han formulado cargos contra las autoridades gubernamentales encargadas de poner
en marcha el programa de planificación familiar.
Diversos tratados internacionales de derechos humanos, que
estipulan que los Estados deben respetar, proteger y garantizar la libertad y
la dignidad de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, sin
someterlas a coacción ni violencia.
El hecho de que se hayan cerrado estos casos pone de
manifiesto la persistente discriminación racial, social y de género que sufren
las comunidades indígenas y campesinas en Perú, y concretamente las mujeres.
Fuente: Aministía Internacional
