Tenía un embarazo de riesgo para su vida. Iba por el quinto
mes. Los médicos del Hospital Centeno, de General Pico, se declararon objetores
en masa. El ministro de Salud de la provincia garantizó que lo realizaran en
otro hospital.
El gobierno de La Pampa garantizó un aborto no punible a una
mujer, madre de diez hijos, con un embarazo de alto riesgo, después de que los
médicos del Hospital Centeno, de General Pico, se negaran a realizarle la
práctica y se declararan en bloque objetores de conciencia. La joven, de 34
años, tenía en su historia clínica 8 cesáreas anteriores, y cursaba el quinto
mes, con 42 kilos de peso. “A las mujeres que están en situación como la mía,
les digo que no tengan miedo, que se animen a dar una nota o a denunciar,
porque yo también tenía el miedo de que iba a abortar, muchas cosas se me
cruzaban por la cabeza... pero después cuando miré a mis hijos dije que primero
estaba mi vida porque soy el sostén de mis hijos”, dijo la mujer, Ivana, en
declaraciones periodísticas, un día antes de ser intervenida quirúrgicamente en
el hospital Lucio Molas, de Santa Rosa. Ya fue dada de alta y se recupera muy
bien, informó a este diario Mirta Fiorucci, del Foro Pampeano por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Lo que le hicieron los médicos de Pico es
criminal”, advirtió.
El testimonio desgarrador de Ivana fue difundido dos semanas
atrás por el portal de noticias www.infopico.com y rebotó en medios nacionales.
“Cuando me fui a hacer la ecografía el 4 de diciembre, el ecógrafo me dijo que
se imaginaba cuando fuera a tener cómo iban a estar los de la guardia, de
corrida en corrida, porque tengo mucho riesgo”, contó Ivana.
Y agregó: “Tengo mucho miedo. Estoy embarazada de 5 meses y
el bebé pesa 800 gramos, pero nadie me dijo que podía decidir”. La joven es
jefa de hogar, y seis de sus diez hijos viven con ella. Dos tienen algún tipo
de discapacidad. “Tengo miedo y muchos dolores, no puedo casi atender a mis
hijos. La situación económica no me ayuda, primero veo que puedan comer mis
hijos y después, si sobra, como yo”, manifestó en declaraciones a la prensa
local. Ivana tuvo que desnudar su intimidad para poder acceder a un derecho porque
los médicos de General Pico se lo negaron.
Tras conocer su historia, el flamante ministro de Salud
provincial, Rubén Ojuez, se ocupó de que tuviera un turno para ser atendida en
el Hospital Lucio Molas, de Santa Rosa. En ese centro de salud, precisó Fiurucci,
sólo un equipo médico no se declaró objetor de conciencia para atender abortos
no punibles. Tanto Ojuez como los profesionales que intervinieron
quirúrgicamente a la mujer, recibieron amenazas y mensajes intimidantes de
integrantes de organizaciones antiderechos. Además de la interrupción de
embarazo, a Ivana le ligaron las trompas de Falopio. El ministro contó que
llegó a recibir alrededor de 5000 correos electrónicos en su casilla donde lo
tildaban de “asesino”. Organizaciones de mujeres salieron a respaldarlo.
“Acompañaremos con firmeza, las acciones políticas orientadas a lograr el
abordaje de la atención de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva desde la
perspectiva de los derechos humanos, con fuerte acento en la prevención,
excelencia en la atención y en el derecho de las personas a un trato
respetuoso”, destacó en un comunicado de prensa, el Foro Pampeano por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En diálogo con este diario, Fiorucci consideró que “lo que
hicieron los médicos del Hospital de Pico es criminal. A cualquier mujer en un
consultorio privado después de la tercera cesárea le advierten que no puede
volver a quedar embarazada y le ligan las trompas. A Ivana nunca se lo dijeron.
Tampoco que tenía derecho a un aborto no punible. Eso es violencia
institucional. No le pueden negar la información”. El Foro acompañó a Ivana en
su reclamo. “Yo no quería seguir (con la gestación) porque tengo miedo por mi
vida, por mis otros hijos. Fui a hablar con la doctora y me dijo que no se
podía hacer nada”, contó Ivana días atrás.
No es la primera vez que los médicos del servicio de
Ginecología y Obstetricia del hospital Centeno, de Pico, se niegan a garantizar
un aborto no punible: en 2014 tampoco realizaron la práctica a una niña de 11
años, que había sido violada por la pareja de su abuela.
La mujer fue sometida a un aborto no punible una semana
atrás y dada de alta hace tres días. “Se recupera muy bien, precisó Fiorucci.
Desde el área de Desarrollo Social de la gobernación, agregó, se están ocupando
de la situación de extrema vulnerabilidad de ella y su familia. “Días antes de
la operación Ivana se ocupó de hacer y vender empanadas para dejarle dinero a
sus hijos”, destacó Fiorucci.
“Este caso es uno de tantos que ocurren. Puede sí ser el
disparador para modificar lo que haya que modificar, y perfeccionar lo que haya
que perfeccionar. Seguramente vamos a estar hablando con los profesionales de
General Pico que han hecho objeción de conciencia, saber cuál es la razón, o si
hay que trabajar en el protocolo y modificarlo porque creo que había alguna
situación con respecto a que ellos no estaban muy de acuerdo con la edad
gestacional o no estaba muy claro”, dijo el ministro de Salud. Ojuez asumió con
la gestión del gobernador justicialista. Carlos Verna. Al finalizar su anterior
gobierno, en 2007, Verna había promulgado una ley, sancionada por la
Legislatura provincial, que regulaba la atención de los abortos no punibles
–era la primera ley del país, que buscaba evitar obstáculos arbitrarios a las
mujeres que reclamaban un aborto legal–, pero su sucesor, también
justicialista, Oscar Mario Jorge, se encargó de vetarla: “Fue la primera medida
que tomó Jorge. Esa y comprar una alfombra para la catedral”, recordó Fiorucci
a este diario. Luego del fallo FAL dictado por la Corte Suprema en 2012, La
Pampa fijó su propio protocolo, pero tiene algunos aspectos restrictivos.
“Reclamamos que se actualice o directamente se use el que redactó el ministro
de Salud de la Nación en 2015”, indicó Fiorucci.
La declaración de objeción de conciencia de médicos en
distintos servicios de Ginecología y Obstetricia de varias provincias se está
observando como un nuevo mecanismo de los sectores anti derechos para
obstaculizar el acceso a los abortos legales en el país.
Fuente: Página 12
