En el marco de un
nuevo encuentro del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la
República Argentina (COSSPRA), pidieron que el Estado nacional intervenga en el
mercado, para evitar los abusos de la industria farmacéutico.
Con la participación de directivos y representantes de unas
17 entidades, se llevó a cabo la pasada semana en la ciudad de Resistencia una nueva
reunión el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República
Argentina (COSSPRA). Durante la apertura, diversos discursos y análisis
apuntaron al impacto que tiene el valor de los medicamentos en la fortaleza
financiera de estos organismos, que dependen de los estados provinciales, lo
que atenta contra el sistema actual de la seguridad social. Por esto, as
entidades presentes pidieron a Nación que haya una regulación del valor de los
fármacos, para evitar los abusos de la industria farmacéutica, en especial en
los tratamientos de alta complejidad.
Con la presencia del gobernador de Chaco, Domingo Peppo y el
ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García, la nueva reunión del
COSSPRA comenzó analizando el impacto de los fármacos en la salud financiera de
las obras sociales provinciales. En este punto, se habló de la cobertura que
pueden ofrecer las entidades, y se pidió la intervención del Estado nacional.
“El gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto, que fije los precios de
los medicamentos y que regule el mercado”, sostuvo en su presentación Fernando
Cañete, titular del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
(IOSPER).
“Fue intenso el debate sobre las innovaciones tecnológicas
que están llegando al mercado argentino y que las obras sociales debemos
cubrir. Ponen en riesgo el sistema de solidario de salud. Pretendemos que los
recursos que tienen las obras sociales provinciales alcancen para todos los
afiliados y no para unos pocos”, remarcó Cañete en su discurso. El funcionario
dijo que la COSSPRA concluyó en que el Estado “debe generar políticas que
resguarden el sistema solidario, puesto en riesgo por los avances tecnológicos
y el alto costo de la industria del medicamento”. Además, agregó que “el Estado
nacional no ha tomado intervención, por lo que concretamente, le pedimos que
deje sin efecto el decreto 150/92, que se refiere al registro, elaboración,
fraccionamiento, prescripción, expendio, comercialización, exportación e
importación de medicamentos”.
En rigor, el decreto autoriza a laboratorios, droguerías,
farmacias, obras sociales con farmacias propias y a organismos públicos de
salud que los soliciten, a importar aquellas especialidades medicinales o
farmacéuticas inscriptas en el registro de la autoridad sanitaria nacional.
“Pedimos que tome cartas en el asunto, que fije los precios de los medicamentos
y que regulen el mercado”. “Necesitamos previsibilidad en el sistema”. El
funcionario entrerriano detalló que los equipos técnicos analizaron “la situación
que se genera por los amparos que reciben las obras sociales, cada vez con
mayor asiduidad, que los obliga a realizar coberturas de distinta naturaleza.
Por otra parte, los equipos prestacionales estudiaron el avance tecnológico y
de medicamentos y trabaja en la consolidación de protocolos”.
Por su parte, Ginés Gonzales García brindó una charla sobre
la evolución de la tecnología en la salud y su costo en el sistema. El médico
afirmó además que no se trata de un problema de ricos o pobres, aclaró que el
sistema no basta y aseveró que el problema debe tomarse con la seriedad que
merece. “No se puede legislar redactando leyes para resolver patologías, sino
que hay que preservar el sistema solidario. Para eso hay que sentarse y evaluar
cómo se puede seguir financiando el sistema solidario, para seguir manteniendo
la cobertura que le damos a todos los afiliados en el país”, explicó.
Fuente: Mirada Profesional