Los sindicatos deberán informar con “detalle” quiénes son
sus beneficiarios. Está en juego el Suma, un subsidio que reparte unos $ 1.000
millones a esas organizaciones.
Buenos Aires. Tras una semana de fuerte intercambio de
reproches y acusaciones entre el Gobierno nacional y la dirigencia sindical,
desde la Casa Rosada doblaron la apuesta: ayer se anunció vía Boletín Oficial
que se reforzarán los controles sobre los padrones de las obras sociales,
poniendo la lupa en el subsidio conocido como Suma (Subsidio de Mitigación de
Asimetrías).
Se trata de un fondo de cientos de millones de pesos que
compensa diferencias entre las prestadoras del sistema de salud. La resolución
fue firmada por la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Sandro
Taricco, oficina que maneja unos siete mil millones de pesos y depende del
Ministerio de Salud.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) no hubo
ninguna declaración oficial sobre la movida gubernamental.
“Esta semana no está prevista ninguna reunión”, comentaron a
este diario desde el entorno de Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros
cegetistas. “De todos modos –aclaró– el efecto será dispar porque la medida
alcanza a los sindicatos que tienen obra social”.
Según trascendió de fuentes gubernamentales, esta iniciativa
se complementa con otras acciones dirigidas al frente sindical que pronto verán
luz, como imponer la obligatoriedad para que presenten declaraciones
patrimoniales los dirigentes sindicales y también “desempolvar” informes
acumulados en la Unidad de Información Financiera.
Suma
Respecto del subsidio Suma (instaurado en la segunda
presidencia de Cristina Fernández), las obras sociales deberán informar “con
detalle” quiénes son los afiliados beneficiados.
Para ello, se extremarán los controles a los afiliados
mayores de 70 años que continúan siendo asistidos por las obras sociales y no
por el Pami, gracias al pago de la diferencia que surge del Suma.
El Gobierno quiere que antes de que la Afip gire el dinero a
las obras sociales, las organizaciones sindicales hayan transparentado “la
totalidad del padrón de beneficiarios” alcanzados por el Suma.
Multimillonario
Se calcula que el fondo del Suma asciende a unos mil
millones de pesos anuales, los cuales se recaudan del Fondo Solidario de
Redistribución de las obras sociales.
Según informó el diario Clarín, el Gobierno tiene como objetivo
eliminar el subsidio “en un corto plazo”. Ese “plazo” sería no más allá de
2019. Esta versión no fue confirmada ni desmentida en círculos gubernamentales.
El 20 por ciento del Suma se divide (en partes iguales)
entre las obras sociales con más de cinco mil afiliados, y el resto se reparte
de acuerdo con el número de afiliados entre los sindicatos más pequeños.
En el Gobierno afirman que “no se desfinanciarán las obras
sociales” con el recorte del subsidio y se reiteró que se persigue “la
optimización de los recursos de las obras sociales”. Al respecto, el
oficialismo propuso que “se fusionen” las obras sociales más pequeñas.
El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud,
Sandro Taricco, está al frente del organismo desde septiembre. Había ingresado
en 2009 como gerente.
Taricco remplazó al médico Luis Alberto Scervino, designado
en 2015 como señal de acercamiento a los sindicatos: Scervino está fuertemente
ligado a José Luis Lingeri, veterano sindicalista del poderoso Obras
Sanitarias. Scervino fue desplazado por el presidente Macri después de una
movilización encabezada por la CGT.
Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica bonaerense,
gremio alineado a la Corriente Federal (sector duro de la CGT), le dijo ayer a
La Voz que aún no se había discutido la medida. “Aunque mañana (por hoy),
tendremos una reunión con otros sindicatos para tratar la reforma laboral, y
posiblemente veamos de qué se tratan estos controles al Suma”, destacó.
Amichetti, más allá de ser un sindicalista muy crítico del
Gobierno, admitió: “Sería bueno que la Superintendencia centralice, por
ejemplo, las compras de medicamentos; es un organismo con mucha más capacidad
de negociación que las obras sociales pequeñas, que tienen que comprar los
medicamentos directamente”.
Graciela Ocaña le apuntó a Hugo Moyano
La diputada nacional Graciela Ocaña (Cambiemos) dijo ayer
que más allá de los “acuerdos políticos” que puedan tener los gremios, “lo que
no se puede admitir es la corrupción”, y volvió a señalar irregularidades en el
sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano. Ocaña consideró que “no puede
ser” que el dirigente viva en propiedades cuya titularidad figura “a nombre de
proveedores de la obra social”. “Es inaceptable porque muestra el delito y cómo
se enriqueció”, apuntó, y pidió que la Justicia investigue presuntos hechos de
lavado de dinero.
Fuente: La Voz
