Nuevas generaciones
de medicamentos con precios elevadísimos golpean al sistema de salud. El
paliativo que aplican en Uruguay.
Podría decirse que en la Argentina la industria de la salud
vive su propio big bang y nadie se anima a predecir qué puede surgir de esa
gran explosión. En el sector describen una realidad con ola de amparos
judiciales, medicamentos y aparatología de costos superlativos y compañías con
dueños que buscan venderlas pero no encuentran compradores porque dejaron de
interesar a otros jugadores internacionales. Un dato: en 2017 el rojo de las
prepagas trepó a 6.000 millones de pesos.
Una gran parte de la población debe afrontar cuotas cada vez
más elevadas que aumentaron 28% en 2017 y este mes se ajustan otro 4%y, sin
embargo, no son suficientes para esas empresas que afirman que la inflación
médica es superior al costo de vida que mide el Indec. Aseguran, además, que el
fenómeno de la judicialización les provoca heridas incurables. Los amparos,
solicitando tratamientos especiales, aumentaron 30 % en lo que va de este año y
la mitad se conceden en la Capital Federal. En la cámara sectorial citan el
caso de la enfermedad atrofia muscular espinal con 301 pacientes registrados.
El costo del primer año del tratamiento asciende a US$ 900.000.
Por cierto, Argentina no es una excepción para decisiones
judiciales que privilegian con razón la vida de la persona. Pero en otros
países, como el vecino Uruguay, existe la obligación de recurrir a un ente
especializado. En Uruguay, con asistencia médica universal, desarrollaron una
agencia de evaluación de la técnica médica con los profesionales más
prestigiosos y la participación del Estado y los privados que define en cada
caso la decisión a adoptar. En esa línea, también se inscribe el Nice del Reino
Unido. “Una agencia de este tipo está contemplada en el proyecto de reforma
laboral. Está pensada como de carácter de no vinculante. Igual será un aporte
significativo para la mitigación de los efectos más negativos de la
judicialización”, sostienen en la Cámara sectorial .
En el Gobierno están convencidos que se requiere un nuevo
marco jurídico, como sucedió con la ley de ART ( Aseguradoras de Riesgo de
Trabajo) que puso un límite a la industria del juicio. Por eso se inspiran en
Uruguay donde este tipo de decisiones cuentan con el aval de un organismo
independiente.
Pero ahí no terminan los problemas. Los precios de los
medicamentos son el talón de Aquiles. Consumidores Libres relevó los precios de
los que más se venden entre octubre de 2015 y junio de 2017. Esos 48
medicamentos subieron 132% promedio, 60% más que la inflación del período.
Sucede que los laboratorios marchan al compás de exigencias
financieras que los impulsan a lanzar nuevos medicamentos al mercado y esas
novedades engordan a su vez la cotización de sus acciones. Esos productos
tienen los precios más altos y cuentan con una protección de la patente por 10
años . La inversión promedio de cada nuevo remedio es de 2.500 millones de
dólares.
Esos costos tienen un impacto creciente sobre las finanzas
de los sistemas de salud. Y a la falta de acceso para muchos se suma la
irrupción de una nueva generación de medicamentos cuyo elevadísimo valor genera
aún más inequidad.
A su vez, Argentina no escapa a lo que pasa en el mundo con
un crecimiento inusitado de la discapacidad. La Organización Mundial de la
Salud calcula que el 15% de la humanidad padece algún tipo de discapacidad. Se
añaden lo que se han dado en llamar enfermedades catastróficas por su
devastación.
Actualmente unas 15 millones de personas se atienden en
obras sociales sindicales y de dirección. Las universidades y Fuerzas Armadas
se ocupan de otras 7 millones. El Pami abarca 5,5 millones y 5,5 millones van a
las prepagas. Decididamente, nos alcanza a todos. Es una cuestión de Estado.
Fuente: Clarín
