En la elaboración, participaron mujeres de diversas
disciplinas como médicas, bioeticistas, comunicadoras, abogadas y antropólogas.
Desde la última vez que se presentó, en 2016, el documento sufrió mínimas
modificaciones. En diálogo con LA NACION, Miranda Gonzalez Martin, antropóloga
e integrante de la Campaña desde 2008, afirma que "el espíritu es el mismo
desde hace 11 años, cuando presentamos el primer proyecto" y se muestra
confiada en que esta vez llegará al recinto. "Que hoy este tema esté en el
tapete tiene que ver con el movimiento de mujeres y el feminismo en la calle
desde hace años", asegura.
El primer artículo establece que "toda mujer tiene
derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las
primeras catorce semanas". En versiones anteriores proponían doce semanas
pero, según sus impulsoras, el plazo se extendió tras un estudio exhaustivo de
los marcos regulatorios internacionales. "El primer trimestre para muchos
profesionales de la medicina no se ubica tajantemente en las doce semanas, sino
hasta las catorce. Además, tiene que ver con que los marcos regulatorios de Estados
Unidos y Europa manejan esa cifra y la Organización Mundial de la Salud lo
avala", explica Gonzalez Martin, que también es docente de antropología y
educación sexual integral.
El proyecto continúa con el plazo máximo que puede pasar
desde que la mujer requiere la interrupción de su embarazo hasta que se
concreta la práctica: cinco días. El artículo 3, por otro lado, hace hincapié
en los casos que hoy dispone el artículo 86 del código penal y señala que toda
mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo sin restricción de tiempo en caso
de que éste sea producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida de la
mujer y si existieran malformaciones graves que implicarían la inviabilidad
extrauterina del feto.
El punto cuatro y ocho señalan que tiene que existir
consentimiento por escrito de la mujer y que si se tratase de una adolescente
de entre 13 y 16 años "se presume que cuenta con aptitud y madurez
suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento".
En caso de que sea menor de 13 años, se requiere el acompañamiento de uno de
sus progenitores pero, de todas formas, el consentimiento debe partir de la
niña. Los artículos 5, 6 y 7 apuntan a que el sector público de salud y las
obras sociales están obligadas a brindar a sus afiliadas o beneficiarias la
cobertura integral en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud
recomienda sin necesidad de una autorización judicial previa.
El 9 propone mecanismos de asistencia para personas
incapaces o con capacidad judicial restringida. El 10 dispone que podrá exigir
la interrupción del embarazo cualquier persona con capacidad de gestar y es una
de las incorporaciones recientes tras la aprobación de la Ley n° 26.743 de
Identidad de Género. "Hay varones trans que se embarazan y tienen el mismo
derecho a acceder al aborto", afirma Gonzalez Martin.
Por último, el 11 y el 12 derogan los artículos 85 inciso 2,
86 y 88 del código penal que pena de uno a cuatro años de prisión a las mujeres
"que se causaren su propio aborto o consintieran para que otro se lo
realice y a los profesionales de la salud que lo practicaren".
"El Código Penal actual es discriminatorio porque se
penaliza una práctica que solo podemos realizar las personas con capacidad de
gestar -dice Gonzalez Martin-. Se escucha mucho el argumento de 'debiera
haberse cuidado antes', pero siempre se piensa en la anticoncepción y la mujer
como si el hombre fuera incapaz de utilizar métodos anticonceptivos". El
slogan histórico de la campaña que acompaña el pañuelo verde, el emblema
insignia del colectivo, dice: educación sexual para decidir, anticonceptivos
para no abortar y aborto legal para no morir. En esto se detiene la
antropóloga: "Hay que trabajar desde la perspectiva de género y romper ese
paradigma donde la mujer es la única responsable por la prevención del
embarazo", dice.
Diputados de Cambiemos suman un proyecto a favor de la
despenalización
Si bien el proyecto de la Campaña es uno de los que logró
mayor adhesión entre los legisladores de todo el arco político, se discutirán
otras propuestas con el objetivo de conseguir un consenso en la reglamentación.
El diputado rionegrino del Pro, Sergio Wisky, se manifestó a
favor de la despenalización y anunció que impulsará un proyecto alternativo
"para enriquecer el debate". En diálogo con LA NACION, el diputado y
médico, afirmó que "busca la ampliación de derechos en materia de aborto"
y que se cumpla en todas las provincias del país.
En consonancia con la propuesta de la campaña, sugiere la
despenalización del aborto en los mismos casos. Sin embargo, difiere
fundamentalmente en tres aspectos: tiene únicamente dos artículos, plantea la
modificación del artículo 86 del Código Penal y la derogación del artículo 88 y
no hace hincapié en la cobertura de las obras sociales y en el sector público
de la salud y establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de
Salud, en línea con el fallo que la Corte dictó en 2012, extendiendo la
legalización del aborto a todos los casos de violación.
Los proyectos se tratarán en las comisiones de Legislación
General, Salud, Familia y Penal. Daniel Lipovetzky, el diputado que preside la
comisión de Legislación General, será quien encabece el debate. "Me parece
bien que hayan proyectos de varios espacios políticos porque, en definitiva,
nos va a nutrir para encontrar el consenso y sumar la mayor cantidad de votos
posibles para los que estamos a favor de la despenalización", dijo
Lipovetzky a LA NACION. El diputado de Pro se adhirió al proyecto de la Campaña
y aseguró que "es el que simboliza con más precisión el carácter
multipartidario y transversal del tema". Por otro lado, destacó que es un
tema "tan trascendente para la sociedad que hay que sacarle el costado de
política partidaria y hacer una discusión seria y realmente importante que se
va a dar por primera vez en forma profunda en el Congreso".
Fuente: La Nación
