Accedió a que se haga un protocolo para los medicamentos de
alto costo, que desfinancian a los sindicatos.
En épocas de vacas flacas, con presiones internas y externas
para convocar a un paro, el Gobierno le hizo un guiño a la CGT: como un paso
previo a la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluaciones Técnicas),
la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) acordó con la central obrera
protocolizar los medicamentos que se necesitan para el tratamiento de
patologías de alta complejidad, una antigua demanda gremial porque implican un
impacto económico altísimo para sus obras sociales.
Más allá de la proclama externa que viene del lado del
moyanismo y otros gremios satélites que están en Frente Sindical para el Modelo
Nacional, el jueves pasado, en la reunión de Consejo Directivo, hubo voces
altisonantes, como la de Julio Piumato entre otros, que pidieron avanzar en un
paro para abril. Fueron repelidos, y por lo tanto descartada cualquier medida
de fuerza, por el núcleo que viene negociando con el Gobierno dinero fresco
para las obras sociales.
Este nuevo acuerdo que se cristalizará en una resolución no
habla de dinero contante y sonante, pero ayuda a paliar el impacto en las arcas
sindicales. La protocolización define los medicamentos que se necesitan para
tratar la hemofilia, el cáncer de mama, la mieloma múltiple, la esclerosis
múltiple, el cáncer de colon, HIV, Reumatología y la Hipertensión pulmonar.
Todas estas patologías están contempladas en el programa SUR que maneja la SSS.
Por default, la protocolización acotará los tipos de
medicamentos a suministrar en cada una de las enfermedades referidas. Por
ejemplo, para el cáncer de mama se deberá usar: Fulvestran ($18.766), Lapatinib
($25.537), Pertuzumab ($44.918) y Trastuzumab-Emitansine que, de acuerdo a la
evolución del tratamiento el medicamento, va de los $35.650 a los $54.617.
Los afiliados que se tratan estas enfermedades generan
expedientes mediante los cuales las obras sociales reclaman la devolución a la
Superintendencia. Esto implica mensualmente una operatoria de unos 775 millones
de pesos solo para tratamientos de alta complejidad.
El alcance de la medida impacta sobre distintas variables.
Explica Sebastián Neuspiller, superintendente de Salud: "Primero y antes
que nada esta protocolización busca equidad ya que un paciente de Chaco
recibirá la misma medicina que uno de Chubut y otro de Capital Federal".
Sigue: "Por otro lado, y ante los amparos judiciales que presentan los
afiliados, esta protocolización es una herramienta que dispone el juez a la
hora de fallar si corresponde o no otorgar a un paciente un medicamento que
pide vía judicial porque la obra social se lo negó".
Dato: aunque la protocolización no es vinculante, la SSS y
los sindicatos quieren que forme parte del expediente judicial como una
herramienta que ayude a tomar decisión a un juez respecto de validar un
tratamiento distinto. En cambio, cuando se cree la AGNET, que será un capítulo
dentro del articulado que contenga el blanqueo laboral que el Gobierno enviará
al Parlamento, sí será vinculante ya que un juez deberá dar vista a la opinión
de este cuerpo colegiado y deberá acatar su resolución.
La protocolización empezará a ayudar a acotar desmadres
económicos; pero hay otros ítems por los que pelea la CGT si de fondos
hablamos. Por un lado el Fondo de Redistribución Solidaria (FRS) recibirá 5.500
millones de pesos provenientes del juicio a OSDE.
A su vez, esperan que vayan al FRS otros $ 3.000 millones de
pesos que son los intereses del Bonar 2020: cuando asumió Mauricio Macri una de
las primeras medidas que tomó fue blanquear la deuda de $30.000 entre la SSS y
las obras sociales. De ese total, 14.000 millones se invirtieron en Bonar 2020
que dieron esa cantidad de intereses.
Fuente: Clarín
