Luego de que el Gobierno eliminara el servicio de agua
potable como derecho humano, médicos infectólogos y la ONG Fundación Plurales
alarmaron sobre mayores riesgos en los sectores más vulnerables.
Según el último censo nacional, más de un millón de personas
en Argentina no dispone de agua potable en su vivienda. Esa limitación se
acentúa en las comunidades rurales del norte del país y, para los infectólogos
Pablo Bonvehi y Martín Hojman, se agravará a partir de la sanción del nuevo
Código Civil, que eliminó el acceso a este recurso hídrico como derecho
contemplado en la jurisprudencia nacional.
“No tener acceso al agua potable para consumo e higiene
personal, cocción de alimentos y para los servicios sanitarios puede generar
enfermedades graves como las diarreas agudas, causadas por la bacteria
escherichia coli, que si no se atienden de manera correcta y oportuna,
ocasionan la muerte del paciente por deshidratación. Y con esta flamante ley,
el problema crece”, dijo Bonvehi, jefe
de Infectología y Control de Infecciones en CEMIC.
Pero para Hojman, médico infectólogo en el Hospital
Bernardino Rivadavia, la iniciativa del nuevo Código Civil, en algunos
aspectos, constituye un retroceso y beneficio para pocos: “Se quiere hacer del
agua potable un gran negocio en el que el pueblo siempre quede a espaldas. Este
recurso no sólo es esencial para la vida sino que permite prevenir
enfermedades, está directamente relacionado a la calidad de la salud. Y sin él,
el riesgo de las infecciones aumenta”.
En esa sintonía también se expresó Antonella Vagliente,
vocera miembro de la Fundación Plurales y representante de Derechos Humanos en
Córdoba: “En un mundo azotado por grandes sequías, escasez de agua y donde
ciertas industrias compiten por su uso, que el Código Civil no la considere un
derecho de los ciudadanos es cuanto menos preocupante”. Asimismo, denunció que
en las comunidades rurales muchas personas, mujeres en su gran mayoría, deben
destinar en promedio de entre 4 y 6 horas diarias para acarrear tachos y baldes
porque carecen de acceso al agua segura y no disponen de sistemas de
almacenamiento confiables en materia de salubridad e higiene.
Las cifras del Foro Mundial del Agua de La Haya revelaron
que las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el
conurbano bonaerense son las zonas del país con mayor déficit. Sectores que,
desde ahora, profundizarán sus condiciones de vida infrahumanas, de acuerdo a
la mirada de Vagliente.
Críticas políticas y legales. Las críticas hacia el kirchnerismo
surgieron tras la supresión del artículo 241, que determinaba la
responsabilidad del Estado para garantizar este servicio. Ante los reproches,
desde el oficialismo argumentaron que ya está contemplado en acuerdos
internacionales. Diana Conti, diputada del Frente Para la Victoria (FPV) que
copresidió la comisión bicameral redactora del proyecto, fundamentó: “Este
derecho humano ya figura en los tratados internacionales incorporados a nuestra
Constitución. Por eso se prefirió dejarlo en el marco global constitucional”.
El abogado constitucionalista Gregorio Badeni también
cuestionó las modificaciones del Gobierno: "La aprobación de la nueva ley
careció de instancias profundas de debate en Diputados y atenta contra derechos
fundamentales y estructurales de la democracia. Si bien algunos aspectos son
positivos, como el divorcio express, éstos resultan minimizados por otros, como
la eliminación del acceso al agua potable como derecho universal, que puestos
en dimensión significan un atraso". En la actualidad existe una cuarta
parte de la población argentina que carece de este vital servicio.
Mientras tanto, el diputado nacional Hugo Maldonado
(UCR-Chaco) presentó un proyecto para que el Código Civil y Comercial considere
al agua potable como un derecho. "El problema no es la falta de agua
dulce, sino la mala distribución. El agua es un recurso esencial para el
desarrollo social y económico del hombre; y en Argentina no está siendo
aprovechado", acusó el legislador.
Sin embargo, más allá de los cuestionamientos, hay algo
concreto: las normas de este nuevo Código, donde el acceso al agua potable ya
no es un derecho, entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2016.
Fuente: Diario Perfil
