En el país suman el 12,9 y en la Provincia,
el 10%. Qué se hizo y qué falta para una mayor inclusión.
El 12,9 por ciento
de la población total de la Argentina (5.114.190 personas) tiene alguna
dificultad o limitación permanente y, dentro de la Población Económicamente
Activa (PEA) de este grupo, están ocupadas el 44,6 por ciento de las personas,
mientras que el 45,3 por ciento recibe algún tipo de beneficio de jubilación o
pensión por parte del Estado, según las estadísticas oficiales difundidas con
motivo de recordarse hoy el Día Mundial de la Discapacidad.
La mayor parte de
estas personas (3.476.276) declaró tener una sola dificultad, y dentro de este
total, casi el 60 por ciento acusó una dificultad visual, mientras que el 24
por ciento consignó limitaciones motoras (inferiores y superiores), el 8 por
ciento dificultades auditivas y otro 8 por ciento limitaciones cognitivas.
En
lo que hace a la provincia de Buenos Aires, se estima que el 10 por ciento de
los habitantes convive con algún tipo de discapacidad, principalmente motora y
mental, según datos del ministerio de Salud bonaerense.
Las estadísticas del
Programa Provincial de Rehabilitación determinan que de los certificados de
discapacidad ya extendidos -más de 188.000- el 37 por ciento corresponde a
discapacidades motoras; el 36 por ciento a situaciones derivadas de problemas
mentales; el 11 por ciento a discapacidades viscerales; el 10 por ciento a
limitaciones auditivas y el 6 por ciento a problemas visuales. Y según el mismo
organismo, 3 de cada 10 certificados pertenecen a niños y adolescentes.
Avances y retrocesos
La información estadística sobre las condiciones de vida de las
personas con dificultades o limitaciones permanentes -señalaron autoridades
sanitarias- es una herramienta fundamental a la hora de la planificación de
políticas sociales, que permitan una plena realización de la personas con
discapacidad y de esta manera, una integración armoniosa a la sociedad, que
posibilite la superación de las barreras que enfrentan en el día a día, cada
uno de ellos”.
En este marco, especialistas destacaron que en los últimos años
en el país se lograron avances tanto en materia de legislación como de otras
políticas públicas sobre discapacidad, que ahora privilegian “un enfoque de
derechos”, pero que no se ha avanzado tanto en lo judicial, pues aún persisten
problemas de accesibilidad a la Justicia y a muchos fallos “les falta adecuarse
a lo normado por la Convención”.
La titular de la Conadis, -el organismo que
promueve prácticas que garanticen el respeto y cumplimiento de los derechos de
las personas con Discapacidad- Silvia Bersanelli, señaló que “se han logrado
avances en materia legislativa, pero no tanto en materia judicial. Por ejemplo
necesitamos que la Justicia se adecue a lo normado por la Convención tanto en
el reconocimiento de la capacidad jurídica (en el caso de las personas con
discapacidad mental) -que pone en cuestión la curatela y a la insania e implica
brindarles apoyo en función de sus necesidades-, como en la accesibilidad a la
propia institución, no sólo desde lo físico y arquitectónico, sino también
desde lo comunicacional”.
En cuanto a las últimas leyes que implican un paso
adelante para la inclusión de las personas con discapacidad, se mencionó la ley
de páginas web accesibles, la ley que obliga a las líneas aéreas a tener
cartillas de seguridad en Braille, el artículo de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual que exige a estos medios hacer accesibles sus
contenidos incluyendo el subtitulado oculto, lenguaje de señas y audio
descripción.
Una de las aspiraciones de quienes trabajan en favor de las
personas con discapacidad, es la promoción del denominado “diseño universal”,
como se conoce al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el
mayor número de personas posible, rompiendo con la lógica separatista tanto en
materia de construcción, como de transporte o comunicación.
En el caso de la
arquitectura, los beneficios del diseño universal no son sólo para las personas
con alguna discapacidad motora o sensorial sino para todas las personas con
movilidad o comunicación reducida.
Fuente: Diario El Día
