La Ley de Parto Humanizado se aprobó en el 2004. Once años
después, fue reglamentada. La norma establece que toda mujer tiene derecho a
decidir parir sola o acompañada por una amiga, pareja o familiar, que puede
elegir la posición que le resulte más cómoda, que se deben evitar prácticas
–como cesáreas o episiotomías- innecesarias y que tiene que ser tratada con
respeto. La iniciativa es bienvenida, pero hay reparos en cómo se va a
controlar su implementación y en la falta de sanciones para los médicos que
ejercen violencia obstétrica.
“La reglamentación de la ley genera pasos importantísimos:
hace más práctica su implementación y provoca que se le destine presupuesto a
esta ley. Las instituciones no podrán escudarse en que no cuentan con la
infraestructura adecuada para que las mujeres estemos acompañadas durante el
pre parto, parto y post parto”, remarca Julieta Saulo, Coordinadora de Las
Casildas, la asociación civil que impulsó el Observatorio de la Violencia
Obstétrica, que se presentó el 5 de octubre, con el respaldo del Consejo
Nacional de las Mujeres.
Por su parte, la obstetra Claudia Alonso, fundadora de la
asociación civil Dando a Luz apunta claroscuros de esta medida: “Me parece un
gesto importante. Pero, lamentablemente, las organizaciones no pudimos
participar en su reglamentación. Eso hubiera permitido que sea mas explicita en
cuanto a considerar el abuso de cesáreas en el sector privado como violencia
hacia las mujeres y a que el padre o la co-madre del bebe no sean considerados
visitas en ninguna institución”. Alonso también enumera otros reparos: “No
queda claro de qué manera se realizará el monitoreo del cumplimiento de los
derechos que esta ley garantiza. Será cuestión de comenzar a difundir que ahora
podría haber sanciones para quienes ejercen violencia de género en el contexto
de la asistencia del embarazo y parto y que un padre o la pareja lesbiana de
una mujer que dio a luz en una institución privada no tiene que pagar aparte.
De ninguna manera esto implica bajar la guardia”. Por su parte, Luciana
Kanterewicz, Coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, del Ministerio de Salud de la Nación, festeja la reglamentación y
considera que uno de los aportes es que ya no se puede decir que los o las
acompañantes no se admiten en las cesáreas ya que se específica que el derecho
a estar acompañada es “cualquiera sea la vía del parto”. Y remarca: “Se hace
una fuerte defensa del parto vaginal no intervenido, respetuoso de los tiempos
y de las decisiones de quienes son las verdaderas protagonistas. La mejor
defensa frente a la creciente tasa de cesáreas es evitar las intervenciones
innecesarias que son las que aumentan la tasa de episiotomías y cesáreas.
Cuando la mujer tiene que permanecer acostada y con un suero, con todas las
luces prendidas, sola o acompañada de gente con la que no elegiría transitar
ese momento hay más probabilidades de una cesárea. Y si tiene que parir
acostada es más probable que tenga un desgarro o que sea necesario practicar
una episiotomía para evitarlo”.
El Intendente de Morón Lucas Ghi muestra una experiencia
posible: “En 2014 más del 70 por ciento de los nacimientos que tuvieron lugar
en el Hospital Municipal fueron por parto natural y menos del 30 por ciento por
cesárea porque se trata de respetar los tiempos de las parturientas y sus
elecciones a la hora de dar a luz. Es algo que venimos implementando en nuestro
sistema de salud que ha generado una disminución progresiva de intervenciones
quirúrgicas”. Kanterewicz también valoriza: “Se jerarquiza la decisión de quien
está pariendo sobre su intimidad (aclara que puede decidir también no estar
acompañada), aparece la posibilidad de la doulas (acompañantes sustitutos), se
pone en cuestión que no solo se trata de elegir con quien estar, sino con quien
no estar. En relación al respeto a las y los recién nacidos, hace hincapié en
el contacto precoz y continuo con la mujer y la familia y la importancia de
fomentar la lactancia de manera exclusiva desde el inicio, incluso en caso de
quienes estén en terapias intensivas neonatales”. Pero la letra no se graba
sola en el manual de atención rápida y cómoda para los portadores de
guardapolvo. “Muchas conductas del equipo de salud están muy arraigadas, hay
una brecha entre lo que marca la ley como derecho y lo que efectivamente ocurre
en cada nacimiento. La reglamentación viene a empujar el cambio en el modelo de
asistencia en el nacimiento. En esto la sociedad civil tiene un rol fundamental
en ayudar a dar la discusión para empoderar a quienes son destinatarias de esta
política”.
Desde su lugar, Majo Bernasconi, Coordinadora Nacional de la
Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y el Nacimiento
(RELACAHUPAN) realza: “Para el fiel cumplimiento precisamos que todas las
personas que trabajan en el sector de salud y las mujeres y sus familias puedan
internalizar que se tienen derechos en situación de parto. Esta reglamentación
debe hacerse cultura en toda nuestra sociedad para erradicar de una vez y para
siempre el maltrato y la violencia que se ejerce contar las mujeres y las/los
niñas/os que llegan al mundo”
Violencia obstétrica: sin sanciones
La violencia obstétrica es tan habitual que cuesta que se
llegue a la denuncia y, mucho más, que una madre con un bebé a cuestas pueda
encabezar la queja. Sin embargo, cuesta todavía más que tengan consecuencias.
En el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Buenos Aires se recibieron 45 denuncias por violencia
obstétrica. Ningún carnet de plástico ni cuota salada garantiza buen trato. El
40 por ciento de los señalamientos son contra el sector privado de la salud, el
37,8 por ciento contra hospitales públicos bonaerenses y el 6,7 por ciento
contra hospitales municipales. En siete de cada diez casos es la propia victima
la que hace la denuncia y en dos de cada diez la pareja o algún familiar. Solo
en el 7 por ciento de los reclamos la OVG actúa de oficio, en el 4,5 por ciento
de las situaciones una ONG se ocupa de la demanda y en el 2 por ciento de los
incumplimientos otro organismo estatal respalda a la mamá maltratada.
El problema es que el sistema de salud no atiende la puerta
y se tapa los oídos frente a las críticas. Solo en siete casos las clínicas
privadas o el Ministerio de Salud bonaerense respondieron a los requerimientos
de la OVG. ¿Y los resultados? No hubo un solo médico sancionado por haber ejercido
violencia obstétrica en la Provincia de Buenos Aires.
Fuente: Página 12
Fuente: Página 12