La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció las pautas para que los países eviten la discriminación a los pacientes y no se cargue con la decisión a los profesionales. En la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación formó un comité de bioética dedicado al coronavirus.
Sin medidas de distanciamiento social, la rapidez de la transmisión puede poner al límite la capacidad de los hospitales para dar respuesta tanto a pacientes con COVID-19 como a los afectados por otras enfermedades graves, como ocurrió en China y en Italia. Si los respiradores no fueran suficientes para la cantidad de pacientes graves que los requieran en América Latina, ¿a quién se le debería asignar la atención primero?
La Organización Panamericana elaboró cuatro pautas que deberían guiar la atención con el fin de evitar la discriminación de algunos pacientes y para que no se recargue la ya estresante tarea de los profesionales de la salud durante la pandemia.
“Una pandemia es una situación excepcional y pueden darse situaciones en las que los recursos como ventiladores o camas de cuidados intensivos no son suficientes para atender todas las necesidades de la población”, contó a Infobae Carla Sáenz, especialista regional en bioética de la OPS. Se sabe que el personal de la salud tiene la responsabilidad moral de dar el tratamiento necesario a todas las personas afectadas, pero la pandemia puede gatillar el dilema de cómo proceder de manera ética cuando los recursos escasean. El 5% de los pacientes con COVID-19 necesita ser atendido en las unidades de cuidados intensivos.
“En base a las epidemias anteriores y al tener en cuenta las particularidades de esta pandemia, se realizaron cuatro recomendaciones básicas para que las autoridades sanitarias pueden adoptar decisiones de priorización de una manera ética si se enfrentaran escenarios de recursos limitados”, explicó Sáenz. Una de las pautas es que se consideren ‘criterios de priorización transparentes’. Es decir, que los criterios por los cuales se va dar prioridad a un paciente deberían aclararse de manera clara y que sean de acceso público.
La ventaja de que los criterios para priorizar pacientes sean establecidos de antemano en cada país es que se fortalece la confianza de la población en la autoridad sanitaria, y se alivia la carga al personal de la salud, resaltó Sáenz. “Cuando los criterios son establecidos previamente por la autoridad sanitaria, no recae en los profesionales determinarlos en el momento en que encuentren en una situación límite”, detalló la especialista en bioética.
El segundo criterio es que los profesionales de la salud tendrán la obligación de salvar la mayor cantidad de vidas. “Salvar la mayor cantidad de vidas es un criterio fundamental que implica priorizar a quienes están en mejores condiciones clínicas de sobrevivir el tratamiento con respecto a quienes difícilmente se recuperarán incluso con el tratamiento. Debe quedar siempre claro que esto no constituye abandonar a los pacientes: se les debe siempre brindar el cuidado paliativo necesario incluso si no es posible ofrecerles tratamiento”, dice el texto de las pautas de la OPS.
Uno de los puntos más álgidos de la decisión de salvar vidas
en el contexto de recursos limitados es a quién elegir. ¿Qué paciente se merece
más tener acceso a un respirador si hubiera pocos? Según otra de las pautas de
la OPS, hay que “tratar a todas las personas equitativamente”. Esto significa
que todas las personas en la misma situación (con COVID-19 u otra enfermedad)
deben ser tratadas de la misma manera. “En atención a la justicia y la equidad
es fundamental asegurar que no haya variaciones según privilegio o
discriminación respondiendo a diferencias de etnicidad, religión, orientación
sexual, recursos económicos u otros criterios ajenos a estas recomendaciones”,
se subrayó.
Las decisiones de priorización de recursos estuvieron en el debate tras diversas situaciones que han ocurrido en China, Italia, España y en México desde enero pasado. En España, la Generalitat de Cataluña recomendó a los profesionales sanitarios que no ingresasen en las unidades de terapia intensivas a pacientes de más de 80 años “con escaso beneficio, ya sea por patologías respiratorias por el COVID-19 u otras patologías que condicionen el estado crítico”. Después, el Comité de Bioética de España mostró su “preocupación” ante propuestas que hablaban de la “utilidad social” de las personas como criterio principal de priorización en la asistencia hospitalaria. Aclaró: “Es criterio puede tomarse en consideración siempre que se tenga presente que la dignidad de todo ser humano es inviolable y que todos tenemos los mismos derechos, sin que quepa discriminación alguna por razón de la edad o la discapacidad”.
En abril, también se desató un debate en México. El Consejo de Salubridad General había publicado una guía y se generó polémica porque se indicaba que en casos de recursos médicos limitados, se iba a priorizar la atención a pacientes jóvenes sobre los adultos mayores. Sin embargo, tras la polémica, el Consejo se vio obligado a revisar la guía y se decidió eliminar el criterio de la edad.
“La discriminación por edad o por discapacidad no debe ser
un criterio para no asignar el acceso a un respirador a un paciente crítico”,
sostuvo Ignacio Maglio, quien forma parte del comité de expertos en bioética
que fueron convocados por el Ministerio de Salud de la Argentina.
Consultado por Infobae, Maglio aconsejó: “Se debe tener en cuenta una estrategia de apoyo para el personal de la salud en decisiones que tienen que ver con quién vive y quién muere. Deben existir criterios de asignación de recursos claros, transparentes, objetivos, y de acceso público para evitar la improvisación y la discriminación para los pacientes. Los criterios basados en la edad, la discapacidad o en índices de calidad de vida van en contra de principios como la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad”.
La cuarta pauta de la OPS para considerar que, ante el dilema de asignar recursos escasos entre muchos pacientes, se debe priorizar a quienes tienen la tarea de salvar las vidas de otros. Es decir, si entre los pacientes graves que necesitan camas o respiradores se incluye al personal de la salud, se les debe dar prioridad como los proveedores de salud que arriesgan su vida para salvar las vidas de otros. La recomendación responde al principio de justicia, “y permite además salvar la mayor cantidad de vidas dado su rol central en la atención de otros”.
En el contexto de pandemia, según el doctor Maglio -quien es también miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética para Latinoamérica y el Caribe de UNESCO- hay que tener muy en cuenta cuáles los criterios para admitir a los pacientes en unidades de cuidados intensivos para evitar la sobresaturación de los servicios. “La evaluación de ingreso a la unidad de terapia intensiva debe hacerse sobre la base de criterios objetivos, técnicos y neutrales”, señaló. En cuanto al uso de respiradores (o asistencia respiratoria mecánica en términos médicos), “es clave tener criterios objetivos, de naturaleza técnica, neutrales y verificables”.
¿Y quiénes deberían decidir a quién asignar los respiradores si fueran insuficientes? Para Maglio, quien escribió recientemente una guía sobre el tema para sociedades médicas de la Argentina, “el grupo de trabajadores de la salud que se ocupe de la asignación debe conformarse con profesionales con experiencia acreditada en cuidados críticos y asistencia respiratoria. Ninguno debería pertenecer al equipo tratante del paciente”.
Más allá de las pautas, se espera que los hospitales no lleguen a desbordarse. “La pandemia puso en evidencia los límites de un modelo que estaba sólo basado en el paciente. Fue necesario pasar a pensar en la comunidad. Y las medidas de distanciamiento masiva y obligatoria forman parte de la batería de herramientas de la salud pública para prevenir el desborde de los hospitales para hacer frente al potencial aumento de pacientes con COVID-19”, afirmó Maglio.
En tanto, la doctora Marisa Aizenberg, directora académica del Observatorio de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e integrante del comité de bioética que formó el Ministerio de Salud de la Nación para COVID-19, opinó al ser consultada por Infobae: “El acceso a la atención médica se enmarca en el derecho a la salud de cada ciudadano. En el contexto de la pandemia, hay tecnologías claves como los respiradores. El Estado se encargó de comprar la producción nacional de respiradores para aumentar la disponibilidad en los próximos meses. De esta manera, se está garantizando que la mayor parte de los ciudadanos puedan acceder a esos dispositivos si lo necesitaran. Nadie se lo puede comprar individualmente. Si llegaran a no ser suficientes, los criterios de exclusión de los pacientes no deberían significar discriminación para personas mayores ni por discapacidad”. Según el Ministerio de Salud, ya se distribuyeron 1.011 respiradores desde el inicio de la pandemia para hospitales de las provincias.
Fuente: Infobae
