El ministro Ginés González García abrió un período de
consultas a obras sociales y prepagas para un rediseño de los mecanismos de
financiamiento y gestión.
Una reformulación integral del sistema de salud argentino
entró de lleno en la agenda política con la pandemia del coronavirus como telón
de fondo. El Gobierno abrió el debate esta semana con los principales
referentes de los subsistemas público, de obras sociales y privado, con el foco
puesto en el financiamiento, una centralización mayor en las decisiones y un
posible rediseño en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con el objetivo de
despejar el fantasma de quebrantos de las empresas y prestadoras.
El pago será imputado como adelanto de fondos de las
solicitudes presentadas por los agentes, pendientes de cancelación al día de la
fecha y aquellas que se presenten en el futuro.
La discusión fue inaugurada el martes por el ministro de
Salud, Ginés González García, antes de su internación de ayer, y forma parte de
los postulados con los que arribó al Gabinete de Alberto Fernández pero que se
vieron alterados por la dinámica de la cuarentena. Otro obstáculo fue que
trascendiera la supuesta intención del funcionario de nacionalizar por decreto
los recursos de salud, en el arranque del aislamiento social, lo que a pesar de
ser luego desmentido puso en alerta a los empresarios del rubro y desató un
lobby de largo aliento.
El martes, y en dos teleconferencias, quedó inaugurado un
diálogo que se reanudará cada quince días con la participación, además de
González García, de otros protagonistas del sistema: el superintendente de
Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini, y el gerente general del organismo,
David Aruachan; José Luis Lingeri, el principal referente por la CGT del
sistema de obras sociales; Hugo Magonza, director general del Cemic y
presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami),
Rubén Torres, rector de la universidad Isalud y exsuperintendente, y otros
representantes de prestadoras gremiales y privadas.
Desde hace años el ministro repite una enseñanza que le
transmitió el fallecido piloto Juan Manuel Fangio: ante una situación crítica,
ante un accidente, y mientras los otros competidores frenan, se impone
acelerar. Bajo esa premisa montó la serie de interconsultas con vistas a una
reestructuración del sistema de salud cuando todavía rige la cuarentena por el coronavirus
y no existe un horizonte cierto para su levantamiento. En su entorno avisan que
aunque no existe un proyecto de ley ni una batería de resoluciones en esa
línea, el propósito del funcionario será avanzar de manera resuelta incluso en
el transcurso de la crisis sanitaria.
Uno de los ejes de la propuesta del ministro es propender a
una mayor centralización de las decisiones. Una idea que los privados, en
particular el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, quisieron ver como
una intentona estatista en el arranque del aislamiento. El equipo de Salud
explica que en realidad se trata de acompasar la política sanitaria para
afrontar en bloque, todos los subsistemas, desafíos como los que impone una
pandemia y también el crecimiento exponencial de los gastos en el rubro como
consecuencia del avance de la tecnología y de las sentencias judiciales
protectorias de los afiliados.
Una de las propuestas fue reemplazar el actual PMO por una
suerte de “canasta prestacional” menos onerosa que pueda funcionar como piso de
los tratamientos y coberturas que deberán brindar prepagas y obras sociales.
Incluso en plena campaña electoral González García se había manifestado en
contra de lo que entendía como “excesos” en las prestaciones a las que se
obliga a empresas y obras sociales y ponía como ejemplo los tratamientos de
reafirmación de género para personas trans.
También hubo consenso en retomar las gestiones para la
creación de una Agencias Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas (Agnet),
una iniciativa que la CGT introdujo en la negociación con el gobierno de
Cambiemos pero que se frustró junto con el deterioro de las relaciones entre
aquella gestión y el sindicalismo tradicional. Se trata de un organismo ideado
como barrera para las prestaciones y medicamentos impuestos por fallos
judiciales, y que alientan tanto obras sociales como prepagas. Otro mecanismo
para abaratar costos se relaciona con la necesidad de instrumentar pools de
compras, y también de centralizar las decisiones.
En cuanto a las prestadoras sindicales los ejes son varios.
El Gobierno y los gremios que conducen la CGT coinciden en que hay un exceso de
obras sociales en el sistema, y en asignar el sobrante a las organizaciones más
chicas, con pocos afiliados propios y que sólo subsisten a partir de acuerdos
comerciales con prepagas para la transferencia de asociados. El mecanismo
proliferó en los 90 junto con la desregulación del sistema de salud, se asentó
en el proceso denominado de “descreme”, por el cual las obras sociales tradicionales
perdieron los afiliados más jóvenes, menos enfermos y con mejores salarios a
manos de las competidoras que ofrecían los beneficios de las prepagas, y
continúa en la actualidad.
El financiamiento de las obras sociales sindicales y los
métodos de reparto de los recursos por parte de la SSS vuelven al debate en
cada remesa y, sobre todo, a partir de la puesta a prueba de todo el sistema
que representó la explosión de la pandemia. Aunque hubo pagos parciales a favor
de los gremios para compensarles las pérdidas de aportes (por el parate de la
actividad) la CGT todavía espera la publicación de un decreto prometido por
González García que debería completar con aportes del Tesoro la caída de la
recaudación durante los meses de vigencia de la cuarentena.
Fuente: Ámbito
