En medio de diferencias entre los referentes de las carteras sanitarias nacional y provincial sobre cómo y a quiénes se inmunizaría contra el COVID-19, infectólogos dieron sus argumentos a Infobae. Por qué creen que es importante la obligatoriedad cuando de salud pública se trata.
Argentina, al igual que todos los países del mundo, están expectante por la aprobación y la llegada de una o varias vacunas contra el nuevo coronavirus que produce la enfermedad COVID-19 que originó la actual pandemia que infectó a 47 millones de personas y mató a más de 1,2 millones en el planeta.
Pero cuando la entidad regulatoria argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), finalmente apruebe las vacunas elaboradas por distintos laboratorios en el globo, por considerarlas efectivas y seguras, el desafío pasará por lograr que las mismas sean distribuidas en forma equitativa y gratuita, según adelantó el Ministerio de Salud, para que estén disponibles y en forma accesible a toda la población del país.
El dilema pasará por su aplicación, ya que para muchas personas el carácter de obligatoriedad que tienen las vacunas establecidas en el Calendario Nacional de Vacunación va en contra de sus principios, más allá de lo que diga la ley, sumado también al temor y el desconocimiento frente a esta nueva enfermedad.
En la Argentina, la ley 22.909 establece que las vacunas son gratuitas y obligatorias para todas las personas. Es una política pública que prioriza tanto el beneficio individual como el impacto social. Son gratuitas porque es responsabilidad del Estado asegurar su acceso en todo el país. Además, en enero de 2019 se promulgó la Ley 27.491 de Control de enfermedades prevenibles por vacunación, donde también entraría el COVID-19, sancionada en diciembre de 2018 por unanimidad en las dos cámaras. La actualización del marco legal para la prevención primaria a través de las vacunas, fue un proyecto del Diputado Nacional por Tucumán, Pablo Yedlin. Según publica la Fundación Huésped, esta nueva ley no es nada más y nada menos que una gran oportunidad para que el Estado Nacional, las provincias, los municipios, los equipos de salud, los centros de salud, la comunidad y los medios de comunicación se empoderen y la tomen como propia para favorecer el acceso de la población a las vacunas.
“Por empezar, reafirma a la vacunación como una política de Estado: las vacunas continúan siendo gratuitas y obligatorias, como siempre. A esto se agrega que el Estado Nacional es el responsable de adquirir los insumos necesarios para la vacunación y proveerlos a las 24 jurisdicciones. Asimismo, declara la vacunación para todas las etapas de la vida y a todos los componentes del Programa de Inmunizaciones de interés nacional. La ley también establece la vacunación obligatoria del personal de salud y de laboratorio, favorece la gestión de la autoridad sanitara para la exención de los impuestos a las vacunas y da fuerza de ley a las comisiones asesoras externas CoNaIn (Comisión Nacional de Inmunizaciones) y CoNaSeVa (Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas)”, destacan.
Sobre la obligatoriedad de una posible vacuna contra COVID-19 que sea segura, eficaz y aprobada por la entidad regulatoria ANMAT, la doctora Cristina Freuler, médica infectóloga, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán afirmó: “Creo que es lógico que frente a una enfermedad que tiene tanta trascendencia pública el Estado pueda imponer la vacunación. Corresponde ya que es una cuestión de salud pública".
"Para ello, previamente, tiene que ser una vacuna segura”. Y agregó: “Estoy en desacuerdo contra los movimientos antivacunas. Se trata de una cuestión generacional dado que dicen ‘no le voy a dar una vacuna de una enfermedad que nunca vi como sarampión’, que es un error, porque esa enfermedad la vieron sus padres por ejemplo”. Y recalcó la importancia de aplicarse la vacuna cuando es un tema de salud pública, como lo es en este caso el coronavirus y la enfermedad que genera.
El doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, explicó a Infobae que “la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 debe aplicarse en personal esencial, es decir, personal de salud o seguridad que tiene algo riesgo de contagiar a los demás, como ser los pacientes”.
“También aquellos que son kinesiólogos, y quienes atienden en los geriátricos. Es decir, todo el personal que realmente genere un riesgo. Y por supuesto a los adultos mayores de 60 años y quienes tiene patologías preexistentes”, agregó el experto. “Después, la obligatoriedad en los otros grupos de riesgo se va a ir dando de acuerdo a la evolución de la pandemia y de acuerdo a la cantidad de vacunas disponibles", recalcó Teijeiro.
Por su parte, el doctor Pablo Elmassian, médico infectólogo en Stamboulian Salud recordó que en Argentina es obligatorio por Ley Nacional recibir las siguientes vacunas:
-Las incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación
-Las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos en riesgo
-Las indicadas en una situación de emergencia por epidemia
“Uno de los objetivos que persigue la obligatoriedad en la vacunación es porque la ley nacional la considera como un bien social que está por sobre el beneficio individual. Si una persona decide no vacunarse puede contagiarse y propagar la enfermedad a otras personas que no tengan la posibilidad de recibir la vacuna por diversos motivos (ej: estar embarazadas o tener alguna condición de salud que contraindique su aplicación). Por otro lado para poder registrar un producto medicinal en Argentina (en este caso las vacunas) para su utilización en la población, se debe hacer previamente una evaluación completa de las fases de desarrollo clínico de investigación que han tenido las vacunas”, precisó el especialista.
Y agregó: “Pero si la vacuna se aprueba en países de alta vigilancia y con estándares de gran calidad como la Agencia de Medicamentos de Europa, la FDA en Estados Unidos o en Japón, la ANMAT avala estos procedimientos y de esta manera se logran agilizar. Para este grupo de vacunas, a pesar de que serán aprobadas en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia estoy de acuerdo en cumplir la obligatoriedad de las vacunas”.
Elmassian indicó que “no debería pasar lo mismo con otros
países que no tienen una trayectoria similar en cuanto a los mecanismos de
evaluación. Para este grupo de vacunas, considero que ANMAT debería hacer una
evaluación exhaustiva y completa de las etapas de investigación de manera
independiente y no aprobarlas directamente siguiendo la aprobación que haya
tenido la vacuna en su país de origen. Lamentablemente por las repercusiones
que ha tenido la noticia es evidente que se ha cometido un error en la
comunicación sobre este tema”.
A modo de conclusión, el experto recordó que “es fundamental transmitir mensajes claros que generen confianza en la población describiendo los mecanismos de investigación que siguen las vacunas y los controles que se toman a nivel internacional y local para garantizar su cumplimiento y los beneficios que brindará la vacuna poniendo la seguridad en primer lugar y evitando colocar el término obligatorio como mensaje principal de la acción que se va a realizar”.
Según recuerda también la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), “vacunarse es obligatorio y un derecho de todos”. Respecto a la vacunación en general, la SAP afirma que observa con preocupación que se hayan comenzado a alzar voces sin fundamento científico alguno, que se oponen a acciones - como la vacunación - por las que la medicina viene luchando desde hace mucho tiempo y cuyo efecto beneficioso para la población está demostrado. La prevención es el acto de mayor impacto en la salud pública.
Y recuerda que desde el punto de vista científico, las
vacunas son elementos biológicos que contienen uno o varios antígenos
administrados para conseguir una reacción controlada. Los efectos colaterales
son habitualmente menores y de menor riesgo que la infección natural. De esta
manera se genera una respuesta inmune, que protege al individuo frente a nuevas
exposiciones al mismo microorganismo. Para que sea adecuada y duradera pueden
variar la cantidad de dosis necesarias. El proceso de aprobación de una nueva
vacuna sigue rigurosas normas científicas, que aseguran su eficacia y la
seguridad para quienes la reciben.
Más temprano, en diálogo con C5N, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, adelantó que la vacunación contra el COVID-19 no será obligatoria y precisó que “trabajarán intensamente para convencer a la población de la importancia de inmunizarse” contra el coronavirus, aunque no será parte del calendario obligatorio.
“No vamos a llevar por la fuerza a vacunar a nadie, pero vamos a instar a convencer, a trabajar en que se tienen que inmunizar”, dijo González García. Sostuvo en ese sentido que “hay una corriente antivacunas y periodistas que ya dijeron que no se piensan vacunar” y calificó esta posición como un “comportamiento antisocial”. “La vacuna no es sólo prevención del individuo porque previene que no se muera, sino que evita que haya circulación del virus, y el coronavirus sólo circula a través de las personas. Entonces es así es como se termina con la pandemia, con la vacuna”, agregó.
Pero por otro lado, Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso
a la Salud, anticipó esta mañana que la aplicación de la vacuna contra el
coronavirus sí será obligatoria y que de acuerdo al plan que están diseñando,
los grupos de riesgo serán los primeros en recibir la dosis con la medicación.
Se trata de la número dos de la cartera de Salud de la Nación y la funcionaria
que viajó secretamente la semana pasada hasta Moscú para avanzar en la
adquisición de las 25 millones de dosis de la vacuna rusa.
Fuente: Infobae
