La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley, por
unanimidad, un proyecto que le otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre Derechos de Personas con Discpacidad y su protocolo facultativo, adoptada
por las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2006.
El tratado al que le dio rango constitucional el Congreso
argentino es el primero del siglo XXI creado para proteger y reforzar los
derechos y la igualdad de oportunidades de las 650 millones de personas con
discapacidad que estiman hay a nivel mundial.
La Convención creó, a su vez, el Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que debe analizar los informes que los
Estados parte le presenten sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir
sus obligaciones.
El protocolo facultativo del Convenio permite que individuos
y grupos de los países que lo hayan ratificado presenten una petición ante el
mencionado Comité, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos
nacionales de recurso.
Las instituciones de cada uno de esos países, sean públicas
o privadas, tienen la obligación de promover la efectivización de esos
derechos.
