El Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York,
informó sobre los avances en el debate sobre el aborto en Latinoamérica. Los
casos de Chile, Dominicana y El Salvador.
Los debates por el acceso al aborto mostraron avances
significativos en el último año en algunos países de América latina. El
proyecto de ley que impulsa la presidenta Michelle Bachelet en Chile para
despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en algunas circunstancias;
la aprobación en diciembre en República Dominicana de una reforma al Código
Penal que permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el
feto estén en riesgo, así como cuando se den malformaciones incompatibles con
la vida y en casos de violación, y el indulto otorgado a comienzos de año en El
Salvador a Guadalupe, una joven que pasó siete años privada de su libertad por
sufrir un aborto espontáneo de un embarazo producto de una violación a sus 18
años, son algunos de los hechos más relevantes, destacados en un informe
elaborado por el Centro de Derechos Reproductivos, una reconocida organización
con sede central en Nueva York, que trabaja en la temática a través de litigios
estratégicos.
Sobre la Argentina, donde la discusión parlamentaria por la
descriminalización del aborto permaneció estancada durante 2014, el CDR celebró
el acto público en el que las autoridades nacionales y de la provincia de
Buenos Aires del área de derechos humanos le pidieron disculpas en diciembre a
la joven con discapacidad mental L. M. R., por denegarle el acceso a un aborto
legal en 2006 en un hospital de La Plata, luego de quedar embarazada como
consecuencia de un abuso sexual cometido por un familiar, un caso por el cual
el Estado argentino fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El pedido de disculpas públicas fue parte de las medidas de reparación
acordadas con la víctima y su madre, luego del pronunciamiento del Comité.
El informe del CDR analiza avances, retrocesos y desafíos en
Latinoamérica en relación con el acceso a los derechos reproductivos en 2014 y
se extiende al inicio de este año. Fue difundido por su oficina regional, que
está ubicada en Bogotá y dirige la colombiana Mónica Arango Olaya. “Durante el
2014, los debates en torno de la garantía de los derechos reproductivos en
América latina tuvieron una gran relevancia. Si bien se dieron pasos
importantes hacia su protección y reconocimiento, persisten barreras formales y
sustantivas que siguen limitando el goce efectivo de los derechos fundamentales
de las mujeres”, observó Arango.
La interrupción voluntaria del embarazo en la región se
caracteriza por legislaciones que criminalizan la práctica y sólo la permiten
en causas específicas. En algunos países incluso está prohibido en todas las
circunstancias. Este escenario empuja a las mujeres que necesitan abortar a la
clandestinidad, con los riesgos que implica. Los únicos países donde el aborto
está legalizado son Puerto Rico, Cuba, tres países de Antillas Francesas,
Guyana Francesa, Guyana y Barbados. El aborto está totalmente prohibido en
Chile, El Salvador, Honduras, Saint Martin (Antillas Holandesas), República
Dominicana y últimamente en Nicaragua.
Uno de los principales avances señalados por el CDR en la
región es la reforma al Código Penal aprobada en diciembre en República
Dominicana, que entrará en vigencia después de un año de la publicación de la
ley y permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto
estén en riesgo, así como cuando se den casos de malformaciones incompatibles
con la vida y en casos de violación. El proyecto que anunció en enero la
presidenta Bachellet en Chile apunta en el mismo sentido. “El Congreso chileno
enfrenta un momento crucial para reformar su legislación y liberalizar el
aborto de manera gradual, como supuesto básico para cumplir con la obligación
de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la
información, los bienes y los servicios de salud reproductiva”, apunta el informe
del CDR.
Otro de los hechos relevantes a nivel regional es la
declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus
Derechos Sexuales y Reproductivos adoptada en septiembre por el Comité de
Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer. La declaración reconoce que la discriminación de género, los
estereotipos culturales y la falta de garantía de los derechos sexuales y
reproductivos son obstáculos para que las mujeres y niñas vivan libres de
violencia.
En junio, el Estado peruano adoptó un protocolo nacional
para la prestación de servicios de aborto legal y seguro que “proveerá claridad
para el personal médico y pacientes sobre el acceso a dicho procedimiento”,
puntualiza el CDR. La adopción de este protocolo es parte de las
recomendaciones de una decisión histórica del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw), en el cual se determinó la
violación por parte del Estado de los derechos humanos de L.C., a quien le
negaron el acceso a los servicios de aborto legal.
En marzo, el Estado de Brasil realizó la reparación
económica y simbólica en el marco de la ejecución de la decisión Comité Cedaw
en el caso conocido como “Alyne vs. Brasil”, por la cual se estableció la
responsabilidad internacional de ese país por la muerte de Alyne, una mujer
afrobrasileña que no recibió atención médica de calidad por complicaciones
asociadas con su embarazo. El caso es el primero que establece la
responsabilidad en el marco internacional, por faltar a la obligación de
garantizar la calidad del cuidado de salud y el embarazo seguro.
Entre los retrocesos y desafíos, el CDR menciona las
siguientes novedades:
- En Colombia, en marzo, la Corte Constitucional avaló la
práctica de la esterilización quirúrgica a personas de menos de 18 años con
discapacidad cognitiva y psicosocial, luego de resolver una demanda de
inconstitucionalidad contra la ley que prohibía, en todos los casos, practicar
procedimientos quirúrgicos con fines anticonceptivos.
- En Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
suspendió 10 artículos del decreto reglamentario de la ley que autoriza la
interrupción voluntaria del embarazo y restringe el derecho a la objeción de
conciencia de los médicos en materia de aborto. “La decisión adoptada por el
alto tribunal pone en riesgo los límites al derecho a la objeción de conciencia
de los prestadores médicos, lo cual se traduce en mayores barreras de acceso a
los procedimientos de aborto por parte de las mujeres”, advirtió el CDR.
- En Honduras se mantiene la penalización total del aborto,
así como la prohibición de la anticoncepción de emergencia. “Ambas
restricciones violan los derechos a la autonomía reproductiva, a la integridad
personal, a la intimidad, a la salud y a la vida de las mujeres, y han generado
un contexto de persecución para aquellas mujeres que intentan acceder a los
servicios de salud reproductiva”, señaló la organización.
Fuente: Página 12
