La ley de Geriatría tiene como objetivo resguardar los
derechos del adulto mayor y regular la actividad de los establecimientos que
brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad.
La Legislatura de la Ciudad aprobó, este jueves, una norma
de Geriatría que para “la actualización y readecuación de la ley vigente en
materia de regulación de establecimientos geriátricos, haciendo especial
hincapié en el consentimiento del adulto mayor, la protección de sus derechos y
la promoción de una mejor calidad de vida dentro de los establecimientos
residenciales y Centros de Día”.
La iniciativa fue impulsada por la legisladora Graciela
Ocaña y sus pares Marcelo Depierro y Diego García Vilas (CP); Mercedes de las
Casas (Pro) yNatalia Fidel (Suma+).
La sanción del proyecto que tuvo despacho de mayoría de las
comisiones de Salud y de Políticas de Promoción e Integración Social, involucra
“a todo establecimiento privado residencial o no, que tenga como fin brindar
servicios de alojamiento, alimentación, higiene, recreación y/o atención médica
y psicológica no sanatorial a personas mayores de 60 años, en forma permanente
o transitoria, a título oneroso o gratuito”.
Los establecimientos tendrán diversas clasificaciones y se
dividirán según el estado particular de sus concurrentes: Residencias para
personas mayores autoválidas, Hogares de Día para personas mayores autoválidas,
Residencia para personas mayores con dependencia, Residencia para personas
mayores con soporte de psiquiatría, Hogar de Día para personas mayores con
soporte de psiquiatría, Residencia para personas mayores de alta dependencia
con padecimientos crónicos y Casa de Residencia.
Las Residencias para personas mayores y los Hogares de Día
deberán tener como mínimo capacidad para albergar a seis residentes, mientras
que las Casas de Residencia, tendrán capacidad para hasta cinco residentes.
Asimismo, la reglamentación determinará el máximo de camas por metro cuadrado.
La ley otorga el derecho a los alojados y concurrentes a
decidir su ingreso o egreso de la institución y a circular libremente dentro y
fuera de la misma, salvo orden judicial o médica expresa; a la seguridad y a
una vida sin ningún tipo de violencia, a no ser sometida a tortura ni a pena ni
a tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no permanecer aislada en el
establecimiento -salvo orden judicial o médica expresa-; a la educación,
cultura, nuevas tecnologías, a la recreación, al esparcimiento y al deporte.
Además se permitirá el ingreso al establecimiento, sin
perjuicio del horario habitual de visitas, de las personas a cargo de los
mayores allí alojadas en cualquier momento del día, para verificar que se
cumplan las condiciones generales de alojamiento respetando el descanso, la
tranquilidad y la seguridad.
A través de esta norma también se crea un Registro Único y
Obligatorio de los Establecimientos, de acceso público y gratuito, en el que
deberán inscribirse -y renovar anualmente- todas las Residencias para personas
mayores, Hogares de Día y Casas de Residencia que brindan prestaciones como
tales dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberán
contar con un sistema alternativo de suministro de energía eléctrica para ser
utilizado ante la falta de este servicio. Dicho sistema debe garantizar, como
mínimo, el uso de los medios de elevación, cualquier aparato eléctrico
utilizado como soporte vital y la refrigeración de alimentos y medicación.
Una cláusula derogatoria establece que a partir de la
sanción de la normativa queda derogada la Ley 661 “Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”.
La sanción fue aprobada con 43 votos positivos, 5
abstenciones -Adrián Camps (PSA), Gabriel Fuks (CNM), Marcelo Ramal (FIT),
Gustavo Vera (BC), Patricio del Corro (PTS) y 8 negativos de los diputados del
Frente para la Victoria (FpV), que presentaron un despacho de minoría que pedía
la vuelta a comisión del expediente, al considerar necesaria realizar una
modificación del Código de Habilitaciones y Verificaciones sobre los
Establecimientos Geriátricos.
Luego de la aprobación de la ley, el legislador y presidente
de la Comisión de Promoción Social, José Luis Acevedo, señaló: “Destaco el
trabajo que realizaron diputados y asesores para lograr el consenso para
aprobar estas leyes (se refirió también a la ley de asistentes gerontólogos).
Tanto desde la Legislatura como desde el Gobierno de la Ciudad nos estamos
ocupando de generar las herramientas para que nuestros adultos mayores estén
mejor”.
Por sui parte, Ocaña manifestó: “Hace un año que venimos
trabajando en estos proyectos, en base a lo que nos han dicho los propios
adultos mayores”. Y a continuación agregó: “Muchos de ellos nos trasladaron su
preocupación acerca de las condiciones en las que se encontraban sus congéneres
en los geriátricos y fue así como empezamos a elaborar la readecuación de la
Ley 661”.
Ley de Asistentes Gerontológicos
Por otro lado, la Legislatura también sancionó una Ley de
Asistentes Gerontológicos considerando necesario “que desde el Estado se
implementen políticas públicas que acompañen y den respuesta a las realidades
específicas en las que se encuentran transitando las personas mayores y de ese
modo garantizar sus derechos”.
La norma define como Asistentes Gerontológicos a aquellas
personas que prestan servicios especializados con visión gerontológica de
prevención, acompañamiento, apoyo, contención y asistencia en las actividades
básicas de la vida diaria a los adultos mayores de sesenta años o más, tanto en
el domicilio de éstos o en instituciones.
Se creará un Registro Único y Obligatorio que tiene como
requisito de inscripción la aprobación de un curso de formación que será
gratuito y dependerá de la Secretaría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos
Aires.
Los fundamentos del proyecto destacan que “en la vida de los
adultos mayores y su entorno, el Asistente Gerontológico es un eslabón
fundamental para que éstos puedan transitar esta etapa contando con los
cuidados adecuados que les permitan una buena calidad de vida y de ese modo
garantizar sus derechos”.
La ley, que tuvo despacho de mayoría de las Comisiones de
Salud y de Políticas de Promoción e Integración Social fue impulsada por la
diputada Graciela Ocaña y sus pares Marcelo Depierro y Diego García Vilas (CP);
Mercedes de las Casas (Pro) y Natalia Fidel (Suma+).
Se aprobó con 45 votos positivos y 11 abstenciones de los
diputados del Frente para la Victoria (FpV); Patricio del Corro (PTS), Gustavo
Vera (BC) y Marcelo Ramal (FIT).
Fuente: Noticias Urbanas
