La Ley de Electrodependientes, promulgada en mayo del año
pasado, beneficia con un tratamiento tarifario especial gratuito a los
pacientes de todo el país, que "requieran de un suministro eléctrico
constante y en niveles de tensión eléctrica adecuados para poder alimentar el
equipamiento médico prescripto por un médico matriculado, y que resulte
necesario para evitar riesgos en su vida o su salud".
Ahora bien, falta aún que todas las provincias adhieran a la
ley y la implementen. El Poder Ejecutivo de cada provincia está encargado de
reglamentar y designar la autoridad de aplicación y asignar las partidas
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de sus fines. Es indispensable
que las provincias homologuen y reglamenten esta Ley Nacional para su
aplicación. No todas las provincias avanzaron en este sentido, a más de un año de
reglamentada la ley nacional.
Además miles de pacientes aún aguardan el trámite de
inscripción al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud para
alcanzar su derecho. El Ministerio de Salud desde mayo del 2017 interviene en
la incorporación al mismo de ciudadanos que cumplen con los parámetros de la
norma, y le saca la facultad de definir quiénes serán los beneficiarios a las
empresas distribuidoras de energía eléctrica que, desde entonces son las
responsables de proveer los grupos electrógenos o el equipamiento adecuado, que
garanticen las condiciones del suministro establecidas.
Pero el beneficio de esta ley, no solo alcanza a los
pacientes electrodependientes y a su entorno más cercano, sino además al
sistema de salud en su conjunto y a toda la población. Esto es tal debido a una
cantidad creciente de pacientes que necesitan tratamiento médico complejo, una
población que se viene incrementando dado el aumento de la expectativa de vida
en los últimos años, lo que impacta directamente en la demanda de camas de
internación.
Las estadísticas hablan por sí solas. La expectativa de vida
ha venido aumentando en forma progresiva en las últimas 4 décadas en casi todos
los países del mundo. Entre 2000 y 2015 ha subido un promedio de 5 años. En la
Argentina tiene, en la actualidad, un promedio de 76.3 años ocupando el séptimo
lugar en Sudamérica. El primer puesto en la región lo tiene Chile con un
promedio de 80.5 años.
Tanto en el ámbito público como en el privado, la relación
entre la oferta y la demanda de camas para internación es un problema complejo
que requiere de intervenciones novedosas. El abordaje domiciliario de diversas
problemáticas médicas evitando la hospitalización es una de las principales
estrategias que va a ser profundizada durante los próximos años. Pero de nada
sirve que acerquemos a la casa del paciente el grupo médico más prestigioso y
los equipos tecnológicos más sofisticados si todo se derrumba cuando se corta
la luz.
La mayor sobrevida debido al avance de los conocimientos
científicos es un logro muy importante y abarca a todas las edades, desde el
nacimiento hasta la ancianidad. Como contracara, el número pacientes que
padecen secuelas y que necesitan tratamiento médico complejo también se
incrementa. Esta situación impacta fuertemente sobre el sistema de salud de una
nación y obliga a una urgente adaptación de los recursos para dar respuesta
satisfactoria a las necesidades de ésta nueva cohorte de pacientes: niños,
adultos y ancianos que tendrán una importante dependencia del sistema sanitario
debido a sus secuelas.
Ejemplos paradigmáticos de esta problemática son, entre los
adultos, las secuelas de Ataques Cerebro-Vasculares (ACV), de accidentes
viales, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la Diabetes, la
Hipertensión Arterial, Enfermedades Neuromusculares; y entre los niños: el
mayor índice de sobrevida de los prematuros extremos, enfermedades congénitas y
diversas afecciones neuromusculares que requieren apoyo ventilatorio mecánico,
entre otras.
Muchos enfermos que en la actualidad están internados en
diferentes instituciones de salud podrían recibir atención personalizada en su
propio hogar, con innegable beneficio para él y para toda su familia, aliviando
la ocupación hospitalaria y disminuyendo costos sanitarios y personales. Los
servicios de internación domiciliaria, tanto público como privados, se
ocuparían de proveer todo lo necesario para el tratamiento del enfermo; ya se trate
del recurso humano: médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos; como del
recurso físico: monitores de presión arterial, monitores de frecuencia
cardíaca, respiradores, equipos de CIPAP. La "teleasistencia",
comunicación audiovisual permanente entre la central del efector de salud y la
casa del enfermo, está siendo utilizada con excelentes resultados en algunos
países. Está demostrado que el mejor lugar para recuperarse y hacer la
rehabilitación es la propia casa del enfermo, con sus cosas, junto a sus
afectos.
Cuando las condiciones del paciente y de su entorno lo hacen
posible, la permanencia en su hogar y el traslado del equipo de salud a su
propio domicilio resultan más económicos que cualquier internación tanto para
las familias como para el sistema de salud público y privado. Y otro dato no
menos significativo es que la internación domiciliaria está incluida dentro del
Plan Médico Obligatorio (PMO), con lo cual todas las obras sociales y sistemas
prepagos se deben hacer cargo de los costos.
Pero faltan pasos para beneficiarnos todos. La Ley de
Electrodependientes constituye un avance importantísimo para niños y adultos
con enfermedades crónicas, para sus familias, y debemos tomar conciencia que
también lo es para la salud actual y futura de todo el país. Debemos comprender
su importancia e instar a las autoridades a cumplir con la normativa y a
incorporarla a su legislación local en el caso de las provincias que aún no
dieron el paso.
Fuente: La Nación
