Los farmaceúticos tradicionales se resisten al desembarco de
la cadena.
Este miércoles se realizó la primera audiencia pública ante
la Corte Suprema para definir si la firma Farmacity ingresa o no en la
Provincia de Buenos Aires. Es a raíz de una demanda que hizo la cadena de
farmacias luego de que en 2010 no se le permitiera abrir una sede en Pilar,
basándose en dos artículos de una ley provincial. La marca dice que esos
artículos son inconstitucionales, ahora la Corte fallará al respecto. Fue la
primera de dos exposiciones. Esta vez, se expresaron especialistas. La
siguiente se hará el próximo miércoles y se manifestarán las partes.
La ley provincial N° 10.606 fue la que le dio elementos a la
Provincia para negarle a Farmacity el permiso hace ocho años. Lo hicieron
apoyándose en el artículo 3, que establece restricciones para radicar farmacias
de acuerdo a la distancia y la densidad poblacional. También recurrieron al
artículo 14 que no incluye, entre los posibles titulares de farmacia, a las
sociedades anónimas (S.A.).
“Tenemos sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y en 14
provincias. En las que existía alguna restricción vinculada a la densidad
poblacional o la distancia, nos adecuamos. La situación de no permitir el
ingreso de una sociedad anónima ocurre, además de en la provincia de Buenos
Aires, en Santa Fe. Allá también iniciamos una demanda”, explicaron desde
Farmacity. Según la firma, “por encima de la norma provincial deben contemplar
la ley nacional del ejercicio de la farmacia, la 17.565, que habilita la
participación de las S.A”.
Hoy expresaron su opinión los “amigos del tribunal”, en su
mayoría, expertos en diferentes áreas. El ex ministro de Salud Ginés González
García fue uno de los oradores y se refirió al farmacéutico como un “actor
clave”. En este sentido, aseguró que tiene un rol comunitario que incluye no
solo la dispensa, sino también un seguimiento y una farmacovigilancia. Y destacó
este “modelo sanitarista” por sobre el de “mercado” que tiene la idea de
“farmacia shopping” en la que las personas pierden el respeto por el
medicamento.
Además, González García recordó su experiencia en Chile como
embajador, señaló que en el país vecino tres cadenas de farmacia tienen la
hegemonía en el rubro y que ésto provocó un problema de accesibilidad en los
barrios marginales y un aumento en los precios de los medicamentos.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó
que el “artículo 14 de la ley provincial no es discriminatorio porque no está
basado en ninguna categoría prohibida como, por ejemplo, la raza o la
religión”.
Por su parte, el sociólogo y estadístico Sebastian López
Perera compartió un análisis de localización y distribución geográfica de las
farmacias de la Provincia y concluyó en que hoy no se está garantizando un
servicio farmacéutico equitativo. Es decir, que no se está siguiendo el
criterio del artículo 3. En tanto, el economista Marcelo Celani, también en
defensa de Farmacity, se refirió a la tendencia mundial de contar con
normativas menos restrictivas y aseguró que con ellas aumenta la competencia,
la eficacia y el acceso.
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia se presentó como
tercero afectado. Su vicepresidente Claudia Slezack le dijo a Clarín que
considera que “hay argumentos de sobra para reafirmar que el modelo sanitario
de farmacia vigente en la Provincia es el que garantiza el acceso a los
medicamentos”. Además, sostuvo que si se deja de aplicar el artículo 3 las
farmacias de barrio también se van a mudar al centro y los principales
afectados van a ser los pacientes.
Por último, Slezack señaló las dificultades en cuanto a la
competencia: “Si la cadena abre las 24 horas no vamos a poder competir y nos
vamos a fundir”.
Fuente: Clarín
