Se reunirán con el ministro de Salud, Ginés Gonzalez García,
para pedirle un fuerte alivio impositivo. Señalan que en los últimos 10 años la
actividad de clínicas y sanatorios se redujo entre el 40% y el 50%.
Los prestadores de servicios médicos de todo el país
aseguran estar en crisis. El sector que reúne a las obras sociales de personal
jerárquico, mutuales, hospitales de comunidad y sanatorios y clínicas de
asociaciones civiles de todo el país que cubre alrededor del 70% de la
cobertura de salud señalan que está en terapia intensiva y que en los últimos
10 años desaparecieron “entre el 40% y el 50% de las clínicas y sanatorios del
país”.
El sector de la salud lleva 17 años declarado en emergencia,
situación que le permitió a algunos sanatorios no realizar los aportes para
financiarse a través de esa diferencia y sortear el estiramiento de los plazos
de pago del Estado nacional y provincial cada más largo. Esto generó una
situación de virtual quebranto que, según explicó el presidente de la
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República
Argentina (Adecra), Jorge Cherro significa “una deuda de alrededor de $10.000
millones sin contar intereses y punitorios que si la Afip la reclama significa
el cierre del sector privado de la salud”.
Pero no solo los representantes de las clínicas y sanatorios
se mostraron “angustiados” por lo que calificaron como una situación terminal.
Jorge Piva de la prepaga Ase Conecta y José Sánchez director de Emergencias y
de la Federación de Empresas de Atención Domiciliaria se mostraron en sinfonía.
“En los últimos 5 años se redujo a la mitad la cantidad de empresas”, dijo
Sanchez.
Mientras aseguran que ya no pueden pagar el “bono de Macri”
de $5.000 y ahora se les suma el incremento salarial y que sienten que el
sector está en condiciones de “abandono” camino a una “muerte silenciosa”, la
semana que viene se reunirán con el ministro de Salud Gines González García a
quien le llevarán nuevamente un documento con medidas que entienden necesarias.
“No se pueden actualizar las tarifas, el aporte que hacen
los trabajadores a través de las obras sociales no alcanza porque los salarios
pierden contra la inflación, por lo que le vamos a pedir que, ya que
funcionamos como subsidiarios del Estado, tengamos alguna exención
impositiva.”, señaló Cherro. Así es que pedirán lo siguiente:
- Dar libre disponibilidad para la utilización de los saldos
técnicos no computables de IVA, generados por la exención de IVA a las obras
sociales y prepagas;
- No aplicar IVA en la importación directa de bienes de
capital, insumos médicos y medicamentos dado que se acumulan como créditos no
recuperados,
- Eximir del impuesto a las ganancias lo pagado por las
familias en concepto de cuota a las empresas de medicina prepaga o adicionales
de aportes,
- Nivelar el impuesto al cheque a la alícuota de las obras
sociales lo cual implicaría pasar la alícuota de 1,2% a 0,5%;
- Adecuar el momento de pago de las contribuciones
patronales con el momento de cobro por parte de los prestadores médicos de las
facturas que le emiten a las obras sociales y prepagas,
- Tender hacia la eliminación del impuesto a los ingresos
brutos provinciales y las tasas de comercio e industria municipales a los
financiadores y prestadores privados de la salud,
- Creación de un contrato laboral especial para las
relaciones entre las instituciones prestadores y los profesionales en ejercicio
liberal de la medicina; Sustituir en la definición de PYME a la variable
personal ocupado por número de camas en el sector médico prestador;
- Establecer un arancel cero a la importación de bienes de
capital e insumos específicos para la atención médica que no se produzcan en el
país
- Exclusión del régimen de factura de crédito para empresa
del sector salud
- Adelantar la unificación de la alícuota de contribuciones
patronales a 19,5 para todos los empleadores, la cual está pautada para el año
2022
- Prórroga de la emergencia sanitaria y moratoria especial
con reducción de intereses resarcitorios, plazos extendidos y eximición de
sanciones.
“Nosotros le vamos a pedir a Gines que nos alivie los costos
y que se llame a una mesa de concertación para encontrarle una solución al
sistema que no venga por el lado de los ingresos porque la gente no puede pagar
más”, agregó Piva. Si sólo se aplica la medida del IVA y la reducción del
impuesto al cheque tendrían un costo fiscal de 52.000 millones de pesos.
PMO
Un punto que también quieren discutir las empresas es lo que
está dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO). “Ahora están señalando que
las prepagas tendríamos que cubrir los protectores solares. Tenemos que acordar
qué va a estar dentro del PMO y que no, porque nadie sabe el costo del PMO”,
explicó Piva.
En este punto, los empresarios le pedirán a Gines que el
Programa Médico Obligatorio de Emergencia quede con “prestaciones de atención
primaria de la salud de 1°, 2° y 3° nivel y fondo de financiamiento específico
para las nuevas tecnologías de muy alto costo. La emergencia del sector salud
exige garantizar el financiamiento de las prestaciones más frecuentemente
demandadas y con probada costo-efectividad desde el punto de vista poblacional,
para atender las necesidades de la mayoría. La incorporación de nueva
tecnología, que en general no tiene evidencias robustas de efectividad y está
dirigida a la atención de casos particulares, debería ser financiada con un
fondo de financiamiento específico para las innovaciones de muy alto costo, más
la puesta en funcionamiento de la agencia de evaluación de tecnologías
sanitarias".
Guillermo Lorenzo, vicepresidente de Adecra Cedim fue
lapidario: “nosotros se lo dijimos a los legisladores y se lo explicamos a los
funcionarios de la gestión anterior. Recién van a entender el estado de
situación en la que estamos cuando la crisis sea tan importante que ni ellos
tengan un lugar donde atenderse”.
Fuente: Infobae
