Lo dispuso la jueza Martina Forns. Se trata del caso de una
mujer que padece una deleción con posibilidad de que sea transmitida a un hijo.
Se requirió un diagnóstico “preimplantatorio” de embriones. La magistrada pidió
informes a comités de Bioética.
La jueza Martina Isabel Forns, titular del Juzgado Federal
en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2,
condenó a empresa de medicina prepaga a dar cobertura integral y efectiva del
100% de los medicamentos y honorarios de un estudio de diagnóstico y un
tratamiento médico.
En el caso, una mujer inició una acción de amparo en donde
demanda dicha cobertura, considerando que el rechazo de la obra social veda el
ejercicio de sus derechos protegidos por la Constitución Nacional y tratados
internacionales.
En la presentación señaló que en el 2009 nació su hija con
una cardiopatía congénita, y que luego de ser intervenida quirúrgicamente
falleció a los 10 meses de vida. Agregó que esa situación motivó la realización
de diversos estudios médicos en ella y su marido, entre los cuales se
encontraba el estudio de cardiotipo con técnica de FISH para deleción de
cromosoma 22q 11.2, arrojando resultado positivo en su caso para el citado
cromosoma, y que, en base a ese estudio, se le indicó que la deleción se hereda
y que el riesgo de recibirla la futura descendencia es del 50%.
Aseguró también que se le había indicado la realización de
un estudio médico –denominado diagnóstico con técnica de FISH- en futuras
generaciones, con la finalidad de conocer si la futura descendencia contará o
no con la presencia de afecciones congénitas que conlleven enfermedad o
fallecimiento temprano –estudio que se conoce como diagnóstico
preimplantatorio-.
La mujer manifestó que la obra social se niega a dar
cobertura, afirmando que dicho estudio es una alternativa de diagnóstico
prenatal para identificar anomalías génicas y cromosómicas, antes de la
implementación o concepción del embrión. Asimismo, añadió que si bien es cierto
que algunas prestaciones de reproducción médicamente asistida están
contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), las prestaciones
requeridas en el caso no lo están, por lo que considera que no hay obligación
de brindar la cobertura.
Por otro lado, la demandada dijo que lo solicitado por la
parte actora es una “práctica claramente controvertida desde el punto de vista
ético, habiéndosela equiparado a la eugenesia”, y que “el diagnóstico genético
implantatorio implica necesariamente decidir sobre la suerte de un embrión
concebido in vitro, lo que conllevaría la vulneración de los derechos de una
persona por nacer, por lo que el rechazo de la cobertura por parte de su
mandante no puede ser considerado como arbitrario ni ilegal”.
A continuación, algunas de las consideraciones expuestas en
la resolución:
“En atención a la particularidad que presenta la cuestión
planteada… cobran principal relevancia los informes requerido en autos al
Comité de Bioética Hospitalaria ‘Dr. Vicente Federico Del Giudice’ del Hospital
Nacional Profesor Alejandro Posadas y al Comité de Ética del Hospital de
Clínicas… que no han merecido objeción de ninguna de las partes.”
“Conforme los detallados y clarificadores informes
producidos para este caso, la técnica que la actora solicita… no es una técnica
novedosa, ya que ‘se trata de una posibilidad diagnóstica desarrollada a partir
de los años ´90 que inicialmente se aplicó a partir de la identificación de
enfermedades tales como la hemofilia, fibrosis quística y Corea de Huntington.
Actualmente su uso se ha extendido a un listado mucho más amplio de afecciones…
y representa un procedimiento de alta efectividad y amplio aval científico’.”
“La petición de la actora se sustenta en las circunstancias
que describe en la demanda en cuanto al nacimiento y posterior fallecimiento de
su primera y única hija a la corta edad de 10 meses. La niña nació con
múltiples malformaciones cardiovasculares congénitas que ocasionaron su muerte
a tan temprana edad y al realizarse los padres estudios genéticos los mismos
revelaron que la madre es portadora de una microdeleción del cromosoma
22q11.2.”
“El Comité de Bioética del Hospital Posadas afirma que
‘cualquier persona que presente esta deleción tiene una posibilidad del 50% en
cada embarazo de transmitirla a un hijo. Muy probablemente este fue el factor
determinante de la cardiopatía congénita que afectó y causó la muerte de su
hija’.”
“Esta enfermada considerada grave, de aparición precoz, no
es susceptible de tratamiento curativo posnatal, con arreglo a los
conocimientos científicos actuales.”
“De los informes citados surge que ‘el diagnóstico genético
preimplantacional (PGD) es una alternativa de diagnóstico prenatal para
identificar anomalías génicas y cromosómicas antes de la implantación del
embrión’… Se trata específicamente de ‘un estudio genético de los embriones
fecundados por técnicas de fertilización in vitro (FIV), con la finalidad de identificar
trastornos que por su gravedad problematicen la transferencia de uno o más
embriones a una paciente a la que se le va a asistir médicamente en su
reproducción’.”
“En cuanto al destino de los embriones durante el proceso,
los Comités consultados exponen que se establecen dos alternativas: 1) la
transferencia al útero materno en procura de su implantación y desarrollo y, 2)
la no transferencia en tres posibles modalidades: i.- Criopreservación; ii-
Exclusión del procedimiento por inviabilidad biológica; iii- exclusión por
criterio de riesgos para la vida y la salud.”
“Ambos informes son coincidentes en concluir que la
solicitud de la actora… ‘no tiene objeciones éticas para su realización… o que
es éticamente justificable y legítima’ su petición…, a pesar de que no se
cuenta en Argentina con una legislación específica que regule esas prácticas,
ni tampoco se cuenta con las autoridades de aplicación correspondiente. Por
ello, es que ponen énfasis en que el Poder Judicial es quien debe dar lugar a
ese vacío normativo, que se nos presenta frente al drama de una familia…, y que
se deben buscar fundamentos en la armonización del conjunto de derechos a
tutelar en ámbito de la legislación nacional y en su vinculación y coherencia
con el respeto normativo que exigen los sistemas regionales del derecho
internacional de los derechos humanos.”
“Si bien no se trata directamente de un caso de infertilidad
de la actora, porque puede concebir un hijo/a naturalmente, su derecho queda
comprendido y cubierto analógicamente con la ley 26.862 de fertilización
asistida.”
“La finalidad de la norma es la protección del derecho a la
salud reproductiva en condiciones de igualdad con la utilización de la técnica
de fertilización asistida (FIV), y si la actora necesita de dicha técnica con
más otros estudios no prohibidos como el DGP (diagnóstico genético
preimplantacional) y la selección de embriones cuyo genotipo no porten la
mutación genética, con su cobertura por la demandada se estaría cumpliendo con
la ‘protección integral’ de dicho derecho a ser padres.”
“Con la cobertura prestacional por parte de la demandada ya
legislada de la técnica FIV y los estudios genéticos preimplantacionales –con
técnica microrray-, no previstos legislativamente, pero que ya se practican
desde hace varios años en la Argentina y muchos países del mundo… se cumple con
la protección integral de la salud reproductiva de la actora y que prevé tanto
la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.”
“En cuanto a los dos únicos argumentos de la demandada OSDE
para negar la cobertura del tratamiento solicitado y referidos que se trataría
de una práctica reñida con la ética por equipararse a la ‘eugenesia’, en la
realidad de la utilización de esta técnica legal en Argentina (ley 26.862),
también hay selección o elección de embriones, pues sólo se implantan en el
seno de la mujer los considerados de ‘mejor calidad’ en base a estudios
morfológicos y metabólicos, es decir, los ‘óptimos’, que son los que presentan
mayores probabilidades de anidación en el útero, descartándose –no
implantándose- los menos viables y los no viables y cuando son
supernumerarios.”
“Es así que los mismos reparos éticos que se reprocha a
estos tratamientos solicitadas por la actora, ya se planteaban respecto de la
técnica FIV, que –como se dijo- su cobertura tiene protección legislativa y es
de orden público para obras sociales como para empresas de medicina prepaga.”
“En cuanto al otro argumento, de que el Programa Médico
Obligatorio no contempla la cobertura de las prestaciones solicitadas por la
actora y por tanto no tendría obligación legal de hacerlo.”
“Como lo reconoce numerosa jurisprudencia, el P.M.O.
constituye un piso prestacional mínimo y no un elenco cerrado (un piso y no un
techo), ya que semejante interpretación constituiría cristalizar en un momento
histórico la evolución continua e incesante y natural que se produce en el
ámbito de la medicina.”
“En cuanto a los embriones restantes y que necesariamente
esta práctica… debe dejar de implantar, cabe recordar que en el caso ‘Artavia
Murillo vs. Costa Rica’, sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos… se ha expuesto que ‘hasta el momento, no existe una opción para
practicar la FIV sin que exista alguna posibilidad de pérdida embrionaria’.”
“Es decir que en la utilización de la técnica FIV,
autorizada legalmente en la Argentina y con cobertura prestacional obligatoria,
quedan embriones sin utilizar respecto de los cuales no existe legislación que
regule su destino.”
“En este sentido, cabe hacer referencia al Artículo 19 del
Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, originariamente
establecía: ‘Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana
comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de
reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la
mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del
embrión no implantado’. Dicho Proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de
Senadores, el que introdujo modificaciones; el Proyecto de ley sancionado por
el Senado, establece en su art.9°: ‘Dispónense como normas transitorias de
aplicación el Código Civil y Comercial de la Nación, las siguientes: … Segunda.
‘La Protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial.’
(Corresponde al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación). El
citado artículo modificado dispone: ‘Comienzo de la existencia. La existencia
de la persona humano comienza con la concepción’.”
“Sin perjuicio de que este proyecto aún no tiene aprobación
legislativa completa, permite vislumbrar que los embriones que no se han
implantado por diversas circunstancias en el seno materno, merecen protección
jurídica y, por tanto, corresponde por el momento atenerse a las posibilidades
de crioconservación que brindan las instituciones especializadas en
fertilización asistida y que resultan autorizadas por el Ministerio de Salud de
la Nación.”
Fuente: Centro de Información Judicial
CIRUGÍA ESTÉTICA. Lipoaspiración e intervención con miras a
reducir el exceso de piel en el abdomen. RESULTADO NO ESPERADO. Naturaleza de
la obligación. Promesa de un fin determinado que no lleva a calificar la
obligación asumida como “de resultado”. CONSENTIMIENTO INFORMADO. Falta de
acreditación de que se hubiera obtenido en forma irregular o apresurada. Firma
de la paciente que hace presumir su lectura adecuada y el pedido de mayor
información en caso de no comprender los términos técnicos. Realización previa
de otras cirugías en materia de atención a su salud y de estética. RECHAZO DE
LA DEMANDA 
Partes: A. S. C. A. c/ OSPE s/ incidente de apelación
La organización en defensa de los derechos igualitarios de
Córdoba “Devenir Diverse” presentó el lunes pasado una nota al ministro de
Salud de la Provincia, Francisco Fortuna, reclamando que “destrabe” el
tratamiento de la adhesión a la Ley Nacional de Fertilización Asistida en la
Unicameral para que todos los beneficiarios de Apross puedan acceder
gratuitamente y sin discriminación etaria, sexual y de género a los
tratamientos reconocidos en dicha norma.
Partes: D. M. S. c/ MEDICUS S.A. s/ amparo de salud
La decisión
se adoptó debido a que la madre del menor hizo caso omiso al servicio de
enfermería y cuidados especiales que dispuso el Iosper y se comunicó
telefónicamente en reiteradas oportunidades solicitando el dinero destinado a
enfermería para contratar los servicios en forma privada. Un juez de menores
ordenó a los padres “abstenerse de realizar cualquier acto que implique
perturbar e impedir la debida asistencia para concretar la internación y
cuidado domiciliario” del niño.
A raíz de la negativa de su prepaga de proveerles la bomba
de insulina que necesitan para mantener controlada la enfermedad con la que
conviven, dos personas diabéticas acudieron en Córdoba a la Justicia federal para
que se les provea ese aparato. Los amparos fueron concedidos en forma inmediata
por el juez interviniente, pero las medidas cautelares fueron apeladas por la
prestadora.
El informe “Niveles y Tendencias de la mortalidad infantil
de 2014”, una publicación anual del Grupo Interinstitucional de las Naciones
Unidas sobre Estimaciones de la Mortalidad Infantil encabezado por Unicef,
señala también que en un porcentaje similar disminuyó en Argentina la
mortalidad neonatal (bebés menores de un mes), que cayó de 16 a 7 por cada mil
nacidos vivos entre 1990 y 2013.
Las inseminaciones artificiales y las inducciones de
ovulación se realizarán de forma gratuita en todos los centros acogidos dentro
del Sistema Nacional Integrado de Salud. Según dijo a El País Fernando Rovira,
de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Salud Pública, las
pacientes deberán abonar solamente una tasa moderadora fijada por el propio
ministerio.
El
pasado 20 de agosto de 2014 tuvieron lugar, en nuestra ciudad, las III Jornadas Marplatenses de Derecho de la Salud, organizadas por el Instituto de Derecho de la Salud del
Colegio de Abogados de Mar del Plata, bajo el lema: "Temas de la Agenda Sanitaria: hacia un enfoque interdisciplinario".
Será una medida efectista, no efectiva. Sin dudarlo, el
presidente de una empresa de medicina prepaga dio esa definición cuando desde
el sector se anunció, en los primeros días de este mes, que las clínicas
privadas cobrarían un copago a los pacientes por cada consulta o práctica de
diagnóstico médico. Pasaron pocas horas y la realidad confirmó la predicción:
el anuncio de los copagos, pensado a partir de la disconformidad con el nivel
de suba de cuotas que autorizó el Gobierno, provocó la reacción oficial. Y
entonces, tras una reunión urgente y de clima tenso con el secretario de
Comercio Interior, Augusto Costa, hubo marcha atrás: las empresas de salud no
recaudaron el dinero que iban a significar esos adicionales (que no iban a
solucionar sus problemas), pero lograron provocar ruido con la noticia y ser
convocados por las autoridades, por lo que pasado mañana se dará inicio a una
serie de encuentros.
Las empresas de medicina prepaga
presentarán en los próximos días recursos administrativos y pedidos de
aclaración ante el Gobierno para solicitar que se les explique con qué
criterios se autorizan las subas de las cuotas de los afiliados. Según cálculos
del sector, en los últimos dos años y medio, se acumuló una brecha de 12% entre
los incrementos permitidos por resoluciones de la Superintendencia de Servicios
de Salud -y efectivamente aplicados- y los niveles de aumentos solicitados, sin
que se objetaran las estructuras de costos presentadas ni se aclarara cómo se
llegó a los porcentajes dispuestos.
Desde hace un mes las mujeres que se encuentran próximas a
iniciar un tratamiento oncológico pueden criopreservar sus óvulos de manera
gratuita. Se trata de un método que en el mercado tiene un costo aproximado de
15 a 20 mil pesos, y por iniciativa de un laboratorio que asumirá los costos,
será totalmente gratuito para la paciente.
Por no permitir abortar a una nena de 12 años que había sido
violada, deberá pagar 1500 pesos como multa por su” falta grave” y su “ejercicio abusivo del poder”. Se trata
del cuestionado juez penal de Esquel: José Oscar Colabelli. El mismo magistrado
que fue destituido una década atrás cuando ordenó el desalojo de una familia
mapuche. Hace cuatro años volvió al ruedo judicial.
En gran parte de Europa y Estados Unidos, la
desinstitucionalización se realizó sobre todo como un programa de reducción
económica y administrativa, sinónimo de reducción de camas hospitalarias y una
de las primeras operaciones consecuentes con la crisis financiera. Fue
practicada como “deshospitalización”, política de altas, reducción más o menos
gradual de camas y en alguna ocasión, no frecuente, cierre más o menos brusco
de hospitales psiquiátricos. Esa desinstitucionalización se muestra coherente
con las orientaciones neoliberales y conservadoras del reajuste del Estado de
bienestar. En todos los sistemas de salud mental nacidos de la reforma, a pesar
de las intenciones que los animaban, permanecen los hospitales psiquiátricos y
las estructuras de internación, con un peso que no es secundario: en Europa
acogen, bajo estatutos distintos, a un millón de personas. La política de
“deshospitalización” se acompañó de una reducción en la duración de las
estadías y de un aumento complementario de las altas y de las recaídas. En
otras palabras, los hospitales psiquiátricos fueron, al menos en parte,
reorganizados según la lógica de la puerta giratoria. Al mismo tiempo, entraron
en funcionamiento otras estructuras de tipo asistencial o judicial que, bajo
epígrafes diversos, internan pacientes psiquiátricos. La
desinstitucionalización entendida como política de externaciones produjo el
abandono de sectores relevantes de la población psiquiátrica y, por ello,
también la transinstitucionalización: traspaso a residencias de reposo,
residencias para ancianos, lugares de crónicos “no psiquiátricos”.